Por Nahuel
Y la gasolina sube otra vez
El peso que baja, ya ni se ve
Y la democracia no puede crecer
Si la corrupción juega ajedrez
A nadie le importa qué piensa usted
Será porque aquí no hablamos francés
Ah, ah vous parlez?
Ah, ah vous parlez?
En el complejo panorama político y judicial chileno, la polémica en torno a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco ha captado una atención significativa. Los recientes eventos han revelado la profundidad acerca del doble estándar de la Justicia burguesa, es decir, la justicia para ricos vs la justicia para los pobres. Hoy es vox populi de que el sistema judicial chileno, junto al resto de las instituciones, no son capaces de parar la corrupción que parasita en la médula del sistema, apenas sostenida por el conjunto de instituciones y personeros encubridores.
La punta del iceberg del interés mediático muestra a una Vivanco que se encuentra en el centro de un torbellino de controversias. La aparición de los chats de Hermosilla ha alimentado las acusaciones de favoritismo y ha puesto en evidencia que las decisiones judiciales son influenciadas por conexiones externas y presiones indebidas.
El caso de Vivanco ha llevado a una serie de eventos dramáticos, incluidos esfuerzos por parte del gobierno para desactivar una ofensiva contra ella, y la intervención de la Contraloría para investigar el procedimiento de remoción de la ministra. La presión empresarial y política ha alcanzado niveles altos, lo que ha impulsado una serie de medidas del gobierno para “gestionar la crisis” y restaurar la confianza en el sistema judicial.
Específicamente, la intervención del gobierno, liderado por Boric, ha sido crucial para desactivar una potencial crisis institucional. El Comité Político del gobierno ha tomado medidas para manejar la situación de manera que evite una mayor polarización y mantenga la estabilidad política y, de paso, proteger a una figura clave de la corrupción enquistada en los tribunales.
La “arista Vivanco- chats Hermosilla”, no solo revela las deficiencias y corrupción en el sistema judicial chileno, sino que también pone de manifiesto la estrecha interconexión entre el poder político y empresarial en Chile. Esta situación es un ejemplo claro de cómo el poder económico y político se entrelazan para mantener un sistema que beneficia a las élites a expensas de la justicia y los derechos de las mayorías, es un exponente claro de la corrupción sistemática en el poder judicial chileno y revela cómo el poder político y empresarial operan en estrecha complicidad para mantener y ampliar sus intereses.
El papel de Hermosilla como defensor de figuras poderosas, como en el caso de la adjudicación de contratos a la empresa de la familia Abumohor después de que solicitaran su ayuda o a Sebastián Piñera en el caso de Minera Dominga, ilustra cómo el poder judicial se convierte en un campo de batalla para los intereses de los grandes empresarios. Hermosilla, con su red de conexiones y su influencia en el ámbito judicial, actúa como un facilitador para que las élites económicas obtengan resultados favorables, mientras que las demandas de las comunidades afectadas por los intereses empresariales, como las comunidades mapuche, quedan desatendidas o ignoradas.
Todo este entramado de corrupción está intrínsecamente vinculado a cómo opera el capitalismo y a la defensa de los grandes intereses económicos. Así, hay que entender que Hermosilla no es solo un episodio aislado de corrupción, no es el caso solo de un corruptor patológico, sino que es una manifestación de cómo el capitalismo y sus intereses dominan no solo la política sino también el sistema judicial. La corrupción capitalista y la conexión entre el poder judicial y las élites económicas no solo son un problema de individuos corruptos, sino una característica inherente a un sistema que está estructurado para defender y reproducir las desigualdades del capitalismo. La justicia en Chile no está al servicio de las grandes mayorías, sino de los intereses corporativos y políticos que consolidan su poder a través de prácticas corruptas y favoritismos.
El poder judicial chileno está profundamente comprometido con la lógica del capitalismo, donde la justicia no se administra de manera imparcial sino que está orientada a defender los intereses de las grandes corporaciones y de aquellos con poder económico. El hecho de que Vivanco y Hermosilla puedan operar con una clara ventaja para sus clientes influyentes muestra cómo el sistema judicial se convierte en un instrumento de perpetuación de las desigualdades y de protección de los privilegiados.
Esta situación refleja una profunda crisis de legitimidad en el sistema judicial, que está diseñado para proteger a las élites y mantener el statu quo en lugar de servir a los pueblos. El sistema está configurado para favorecer a los poderosos, mientras que las demandas de justicia de las mayorías y de los movimientos sociales son sistemáticamente ignoradas o reprimidas y sus luchadorxs son encarceladxs o asesinadxs.
La represión de los weichafes en el wallmapu o de las y los luchadores populares ejemplifican esta doble moral. Mientras que los grandes empresarios, políticos, policías y militares gozan de impunidad y protección judicial, las comunidades mapuche que luchan por sus derechos y su territorio, las y los pobladores que se movilizan por casa, las estudiantes secundarias que marchan por una mejor educación, enfrentan una violenta represión, una persecución feroz y procesos judiciales marcadamente desiguales. La criminalización de sus luchas se convierte en un medio para sofocar cualquier desafío al poder establecido, mientras que los intereses económicos continúan siendo respaldados y protegidos por un sistema judicial corrompido.
Una transformación radical del sistema político, judicial y económico chileno está planteado. Esta transformación no puede ser meramente reformista; debe buscar una reestructuración profunda que coloque el poder y los recursos en manos del pueblo y rompa con las estructuras de opresión y desigualdad.
Al igual que la disolución de las policías corruptas está a la orden del día, el desmantelamiento y reestructuración del Poder Judicial también lo está. Es alarmante y urgente, dado el avance e institucionalización del crimen organizado y el poder narco también enquistado en el estado. Es indispensable implementar un sistema judicial basado en la participación popular directa con tribunales populares, compuestos por representantes electos por las comunidades, que deben reemplazar a los actuales jueces. Estos tribunales serían responsables de la resolución de conflictos y la administración de justicia, y operarían con principios de transparencia y rendición de cuentas, además del establecimiento de comités de vigilancia comunitaria para asegurar la integridad y la equidad en la justicia.
Lo anterior, junto a la implementación de medidas drásticas para cortar toda influencia de la élite económica y política en el poder judicial, incluyendo la prohibición de la intervención de abogados de élite y el establecimiento de mecanismos estrictos para evitar conflictos de interés, pueden ser los primeros pasos para vislumbrar, siquiera, la posibilidad de construir una sociedad en que la justicia y el bienestar de los pueblos sean el eje de la vida política y económica de todos y todas.
Esta lucha contra la corrupción y el sistema desigual actual no será fácil, pero es un paso necesario para lograr una sociedad que realmente permite la equidad, la transparencia y el respeto de los derechos humanos. La confianza en las instituciones judiciales chilenas se ha visto seriamente erosionada y es fundamental devolver la justicia a las manos del pueblo para garantizar que todos reciban un trato justo y equitativo.
Parte de esta transformación también implica educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades legales, promover la participación cívica y aumentar la conciencia social sobre la importancia de un sistema judicial imparcial y transparente. Además, el nuevo sistema judicial debería estar diseñado para ser receptivo a las inquietudes y necesidades de las comunidades, lo que significa que debe ser accesible, entender y respetar las múltiples realidades y diversidades culturales que componen Chile.
La implementación de un sistema judicial basado en principios de participación directa traería consigo ventajas significativas, entre ellas, la posibilidad de una mayor implicación ciudadana en las decisiones judiciales y la posibilidad de una mayor inclusión de la diversidad de la población chilena. Sin embargo, es imprescindible señalar que cualquier transformación que busque la reestructuración del sistema judicial debe ser acompañada de cambios estructurales que aborden la desigualdad socioeconómica, las prácticas corruptas y la falta de transparencia que actualmente dominan el sistema.
La tarea es desafiante. Se necesitan reformas profundas, voluntad política, coraje y una participación ciudadana activa y vigilante para lograrlo. Pero es posible. Las y los chilenxs merecen un sistema judicial justo, transparente y equitativo. Es tiempo de que las demandas de las mayorías sean escuchadas y atendidas, y de que la justicia dejé de ser un privilegio para convertirse en un derecho para todos y todas.
