Apenas 13 días después de que asumió la máxima jefatura de la PDI, Sergio Muñoz comenzó a filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla en aquellas causas que le interesaban al abogado. Le enviaba requerimientos de la fiscalía, le contaba cuando alguien era citado a declarar y le adelantaba la información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados, como la compraventa de la Minera Dominga, que tenía al entonces Presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado.
La filtración era eficiente: el abogado recibía en su celular los antecedentes antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público. Los fiscales afectados por las filtraciones declararon que no saben cuán dañadas se vieron las indagatorias.
El 10 de junio de 2021, a las 12:44, Luis Hermosilla le escribió vía WhatsApp a Sergio Muñoz:
– Un abrazo de felicitaciones!! Me alegro mucho. Misión cumplida!
Ese día, durante la mañana, el entonces Presidente Sebastián Piñera había elegido a Sergio Muñoz Yáñez como el nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI). Desde La Moneda le dijeron a El Mercurio que habían optado por él por ser un hombre “mesurado, muy prudente y medido”.
1.009 días después, Muñoz debió renunciar a su cargo luego de que la fiscalía allanara su casa y su oficina en los cuarteles generales de la PDI.
El Ministerio Público lo acusa de filtrar información de causas reservadas al abogado Luis Hermosilla. El exjefe de la policía será formalizado el martes 19 de marzo por delitos de violación de secreto. El 14 de noviembre del año pasado CIPER reveló un audio donde los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos conversaban con el empresario Daniel Sauer sobre el pago de coimas a funcionarios públicos (vea ese reportaje).
Ese mismo día la fiscalía inició una investigación penal, y el 16 de noviembre allanó la oficina de Hermosilla en Alonso de Córdova, comuna de Vitacura. En esa diligencia requisó el IPhone 14 Pro Max que utilizaba el abogado. Fue cosa de tiempo para que los chats de Hermosilla sorprendieran al equipo investigador.
Se trata de cientos de conversaciones respaldadas en el celular. Hermosilla no es un hombre que se preocupara de borrar mensajes. El informe con los respaldos de las conversaciones del abogado tiene más de 700 mil páginas.
Los intercambios con el ahora ex jefe de la PDI ocupan una mínima parte del total. Pero esos 510 mensajes, enviados y recibidos entre agosto de 2020 y octubre de 2023, fueron suficientes para que la Fiscalía Oriente Metropolitana abriera una nueva causa penal, la que hasta ahora se mantuvo bajo la más absoluta reserva.
El 12 de enero pasado se iniciaron las pesquisas de la nueva arista. La última de ellas fue la declaración, como testigo, de Luis Hermosilla, la que se produjo el mismo viernes en que se concretó el allanamiento a las oficinas de Sergio Muñoz, según informó El Mercurio. Antes, declararon los cuatro fiscales de las causas afectadas por las filtraciones.
En total, Muñoz envió información secreta sobre cinco causas al abogado Hermosilla. Esas filtraciones se produjeron entre junio de 2021 y junio de 2022, y la mayoría de ellas eran sobre autoridades cercanas al gobierno de Sebastián Piñera.
Muñoz le envió a Hermosilla documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la Minera Dominga, la que entonces complicaba al Presidente Piñera luego de que CIPER y La Bot revelaran que la mayor parte de ese negocio se finiquitó en una jurisdicción off shore y que el tercer pago que recibiría la familia Piñera Morel dependía de que el gobierno de su padre no adoptara alguna medida de protección ambiental en la zona del proyecto minero-portuario (lea el reportaje “Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas”).
El 25 de octubre de 2021, Sergio Muñoz le mandó a Hermosilla un requerimiento de información que había recibido la Unidad de Anticorrupción de la PDI, relacionada con la indagatoria judicial sobre la compraventa de Dominga. La respuesta de Hermosilla: “Es un tremendo problema”. El jefe saliente de la PDI también le mandó a Hermosilla varios documentos reservados sobre la causa que tiene procesado al anterior director general de la policía, Héctor Espinosa Valenzuela, por corrupción con fondos reservados, en un caso cuya primera arista fue revelada por CIPER (vea el reportaje “Fiscalía investiga al director general de la PDI por compra de un departamento de $398 millones”).
El defensor de Espinosa es el mismo Hermosilla. En noviembre pasado un abogado de su oficina ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que paralizó el inicio del juicio en esa causa. Otras tres indagatorias judiciales aparecen en los chats: la que investigaba al Presidente Piñera por su eventual intervención para beneficiar al Casino Enjoy; la que persigue responsabilidades del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba en actos de corrupción; y la que indaga al exintendente y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto en la comuna de La Granja a su hermano Matías Guevara.
LAS FILTRACIONES
Los mensajes vía WhatsApp entre Hermosilla y Sergio Muñoz son reveladores respecto de la cercanía entre ambos. El abogado apoyó al jefe policial, por ejemplo, en una candidatura de este último para ser vocal por Las Américas en el Comité Ejecutivo de la Interpol, la que, en todo caso, no tuvo éxito. Héctor Espinosa ocupó ese cargo entre 2019 y 2021, pero las nuevas elecciones dejaron a Chile fuera del Comité Ejecutivo de la organización. Apenas Sergio Muñoz asumió la máxima jefatura de la PDI comenzó a filtrar información a Hermosilla. El 23 de junio de 2021, menos de dos semanas después ocupar el cargo, pasadas las nueve de la noche, le mandó una fotografía de un oficio reservado que ese mismo día había recibido el jefe nacional de Recursos Financieros de la policía, donde el fiscal Eugenio Campos -a cargo de la indagatoria contra el predecesor de Muñoz en el cargo, Héctor Espinosa-, le solicitaba una serie de antecedentes claves para su investigación: detalles sobre emisión y cobro de cheques bajo el ítem de “gastos reservados” entre 2015 y 2018.
Hermosilla es el abogado que representa a Héctor Espinosa en esa causa, en la que se indaga al ex mandamás de la policía por malversar $146 millones de la institución que corresponderían a gastos reservados. La eficiencia de Muñoz a la hora de filtrar, era absoluta. Pocas horas después de que la PDI recibía requerimientos de información de parte de la fiscalía en las causas que le interesaban a Hermosilla, el abogado tenía esos antecedentes en su celular. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha podido determinar cuánto daño causaron estas filtraciones en las investigaciones afectadas.
Pocas semanas después, el 14 de julio de 2021, Muñoz volvió a enviar información reservada a Hermosilla. Esta vez se trató de un oficio del fiscal Campos para conocer los nombres de todos los funcionarios que pasaron por el gabinete de la dirección general de la PDI entre 2015 y 2018. Sucedió de nuevo el 13 de septiembre de 2021, cuando Muñoz volvió a reenviar un oficio que había recibido del fiscal Campos. Una semana después, el 20 de septiembre a las 14:11, el celular de Hermosilla volvió a recibir en su WhatsApp un mensaje con información clave: una invitación del fiscal Campos al mismo Sergio Muñoz para que declarara en la causa contra su predecesor. Los mensajes iban y venían.
El 14 de octubre de 2021 fue Hermosilla el que tomó la iniciativa. Poco después de las cinco de la madrugada comenzó a enviarle mensajes a Muñoz contándole que comenzarían con la discusión de las medidas cautelares de Héctor Espinosa. Es allí cuando le cuenta al entonces jefe policial que la jueza no se había tomado bien que la hoja de vida de Espinosa estuviera desaparecida. La respuesta de Muñoz fue que “habría sido peor” que se conocieran las anotaciones negativas en ese documento.
El 22 de abril de 2022, Muñoz le envió a Hermosilla una copia de un requerimiento que había recibido el día anterior del fiscal Campos. Allí se solicitaba que la PDI fuera al Banco Estado para obtener las horas en que se cobraron cheques asociados a gastos reservados de la policía. El abogado del imputado Héctor Espinosa conocía las diligencias de la causa judicial antes de que se ejecutaran. DOMINGA Y ENJOY La primera filtración relacionada con un caso distinto al de Espinosa quedó fechada el 25 de octubre de 2021.
Se trataba de la compraventa de la Minera Dominga que tenía al gobierno de Piñera sumido en una crisis. El 8 de octubre de ese año la fiscalía abrió una investigación contra el entonces Presidente por soborno, cohecho y delitos tributarios, y cinco días después en el Congreso se presentó una acusación constitucional contra Piñera. Muñoz le envió a Hermosilla un requerimiento de información que la PDI había recibido de la Unidad de Anticorrupción de la fiscalía.
– Sergio Muñoz: “Buenas tardes señor Director General. Le confirmó que hoy llegó la instrucción particular de Valparaíso, donde solo se instruye ubicar y solicitar a ciertas sociedades, la entrega voluntaria de antecedentes documentales relacionados con la supuesta operación de venta. Se pide contactar a las sociedades Andes Iron Limitada, Larraín Vial, Sociedad Minera Activa Uno Spa, Inmobiliaria Duero y Fondo de Inversión Mediterráneo, para que de forma voluntaria entreguen información contractual, contable y extracontable, que dé cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010, y también, memorias, organigrama, actas de directorio, listado de accionistas y controladores entre los años 2010-2021, como también, la posterior compra y venta de acciones”.
– Luis Hermosilla: “Es un tremendo problema”. 2 de noviembre de 2021, más información reservada sobre una causa que afectaba a Sebastián Piñera. A las 16:30 Muñoz envió el mensaje:
– Sergio Muñoz: “caso Casino Enjoy -decreto 77-, que lleva el Fiscal Xavier Armendariz, el día de mañana será citado mediante correo electrónico y eventualmente por teléfono don José Francisco Moreno Guzmán, para que concurra a la Brigada Anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima (día que se coordine con él) para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del decreto supremo 77”.
– Luis Hermosilla: “Gracias Sergio. Moreno Guzmán fue subsecretario de Hacienda y es sobrino de Jaime Guzmán”. Tal cual. José Francisco Moreno ejerció como subsecretario de Hacienda entre marzo de 2018 y noviembre de 2020. Cuando los mensajes se enviaron, era el subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno. La fiscalía investigaba si hubo intervención de La Moneda en la autorización que la Superintendencia de Casinos le dio a Enjoy para que renovara las boletas de garantía relacionadas con la licitación que había ganado en 2018, y que significaron un alivio financiero para esa empresa. En el negocio estaban presentes recursos de BTG Pactual y Moneda Asset, dos de los vehículos financieros a través de los cuales se administraba el fideicomiso ciego del expresidente Piñera. Tres días después, el 5 de noviembre a las 06:40, más información reservada sobre la causa de Minera Dominga.
– Sergio Muñoz: “Te comento. En el caso denominado Venta Proyecto Minero Dominga, que lleva la Fiscal Claudia Perivancich, el día de hoy viernes 5, a las 11 horas, personal BRIAC se trasladará hasta dependencias de la empresa Mineria Activa Uno Spa, ubicada en la comuna de Las Condes, con la finalidad de solicitar la entrega voluntaria de la información bursátil, contractual y societaria de dicha empresa y su participación en el proyecto minero Dominga. Lo anterior ya fue coordinado por la Fiscalía con los abogados de Minera Activa Spa”.
En noviembre de 2021 se concentraron las diligencias de la fiscalía en torno a la compraventa de Dominga. Así también se refleja en los chats de Muñoz con Hermosilla. El 8 de ese mes el abogado recibió más información desde el celular del jefe de la PDI:
– Sergio Muñoz: “Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso Proyecto Minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones después de diciembre de 2010, de las siguientes sociedades: l) BANCORP 2) ODISEA 3) MINERA ACTIVA UNO SPA 4) MINERA ACTIVA S.A 5) ANDES IRON LTDA 6) INMOBILIARIA DUERO LTDA 7) INVERSIONES DELMEN LTDA 8) LATINS MINERALS LIMITED Esta misma petición se ampliará al fondo de inversión privado (FIP) Mediterráneo (PIÑERA) y Rupamanqui (DELANO). Para conocimiento”.
– Luis Hermosilla: “Gracias Sergio, lo veo de inmediato. Un abrazo”. 17 de noviembre de 2021. Caso Dominga. A las 20:44 Sergio Muñoz le envía antecedentes a Hermosilla: “Para tu conocimiento y fines”, le dice. En el mensaje le cuenta que al día siguiente el abogado Lizardo Godoy Araneda asistiría a la Brigada Anticorrupción de la PDI para entregar documentos de las empresas Bancorp, Inversiones Odisea y del FIP Mediterráneo. “Las cuales se encuentran ligadas a la familia Piñera Morel”, indica Muñoz en su mensaje. Sergio Muñoz también filtró información sobre otras dos causas judiciales que afectan a dirigentes políticos que en su momento fueron muy cercanos al piñerismo: el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el exintendente metropolitano y exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. El 12 de noviembre de 2021, a las 18:13, Muñoz envió a Hermosilla la fotografía de un esquema del caso de corrupción en Vitacura, en el que aparece el eventual rol que tendría allí Felipe Guevara. En la causa por corrupción en el Municipio de Vitacura, el testigo clave -Domingo Prieto-, declaró que Guevara fue el ideólogo del mecanismo para desviar recursos municipales a las cuentas de Torrealba, y que el exalcalde Guevara también se quedó con fondos municipales. Cinco días después, el 17 de noviembre, Muñoz le hizo llegar a Hermosilla antecedentes de una investigación que afectaba directamente a Guevara:
– Sergio Muñoz: “Solo para conocimiento; ya hablé con el subsecretario. En el caso denominado ex intendente Felipe Guevara Stephens (…) que lleva el Fiscal Jaime Retamal Herrera, por el delito de negociación incompatible, a través de la Brigada La Moneda, se gestionará una reunión con el Subsecretario del Interior Galli, para solicitar por instrucción del fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del ex intendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con el aludido subsecretario, porque él trataría este tema. La investigación tiene como imputado al ex intendente Luis Felipe Guevara Stephens, por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano Matías Guevara Stephens, que se financió con fondos IND, FNDR y MUNICIPALES«.
FISCALES DESCONCERTADOS
La fiscalía se movió con sigilo en la investigación por las filtraciones de Muñoz. En enero pasado crearon un nuevo Rol Único de Causa (RUC), separado de la indagatoria original por los audios de Hermosilla, para pesquisar los contactos de Muñoz con el abogado.
En ese contexto, los fiscales comenzaron a tomar declaración a sus colegas que comandaban las causas que habían sufrido filtraciones. Ya declararon el exfiscal regional de Magallanes, y actual director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos; la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich; el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendariz, y el fiscal adjunto de la Región Metropolitana Centro Norte, Jaime Retamal.
Eugenio Campos, quien comandó la investigación sobre el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, confirmó en su declaración que los documentos de su indagatoria filtrados por Muñoz a Hermosilla tenían la calidad de reservados, y que el abogado mantuvo patrocinio vigente sobre la causa durante todo ese periodo. Respecto de uno de los documentos filtrados, señaló: “Como bien hice presente en el oficio, se señaló explícitamente que divulgar cualquier tipo de información, puede constituir un ilícito penado por la ley”.
Es el único fiscal que declaró que Hermosilla tenía un rol como interviniente en su causa. En todas las otras -Dominga, Enjoy, Torrealba y Guevara-, Hermosilla no asumió formalmente ningún rol como defensor ¿Para qué quería entonces antecedentes reservados de esas indagatorias?
Cuando declaró en la causa la fiscal Perivancich -que estuvo a cargo de investigar la compraventa de Dominga-, fue consultada si el exministro del Interior, y primo de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, tuvo algún rol en la causa. Ella dijo que no. También le preguntaron si existía algún motivo por el cual Sergio Muñoz debía entregarle información a Hermosilla: “Puedo señalar que no existe ninguno”, respondió .
Al fiscal Jaime Retamal, a cargo de la indagatoria sobre Felipe Guevara, le preguntaron si la información filtrada perjudicó la investigación: “No estoy en condiciones de confirmar o descartar algún perjuicio”, fue su respuesta.
Al fiscal Armendariz -jefe de la fiscalía Centro Norte-, le hicieron la misma pregunta. En este caso, si la filtración pudo afectar su indagatoria sobre el caso Enjoy: “No podría responder a esa pregunta porque lo ignoro. De hecho, ya está sobreseída definitivamente”.
NEXOS DE HERMOSILLA CON EL PIÑERISMO
Apenas Sebastián Piñera asumió su segundo mandato, el 11 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior contrató a Hermosilla como abogado asesor. Según la web de transparencia del gobierno, el 12 de marzo de ese año comenzó a prestar servicios. Al inicio vía honorarios, por una remuneración mensual de $1,6 millón.
El contrato se extendió, al menos, hasta julio de 2021. Varios abogados de su staff fueron contratados en la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Hermosilla también recibió pagos a través de la figura de los convenios (vea reportaje “Convenios del Ministerio del Interior con abogados externos suman $132 millones”).
Quien estuvo a cargo de Interior en ambas administraciones de Piñera fue Andrés Chadwick, histórico amigo de Hermosilla con el que también compartió en su estudio de abogados, del que Chadwick recién salió el año pasado luego de que estallara el escándalo. En el segundo gobierno de Piñera, Hermosilla asumió la defensa de varios ministros que enfrentaron acusaciones judiciales, como Cecilia Pérez, Baldo Prokurica, Gloria Hutt y Mario Desbordes. Y personalmente defendió a Chadwick cuando este enfrentó una acusación constitucional en el Congreso (la que se aprobó).
En todo caso las redes políticas de Hermosilla también llegan al oficialismo. Antes de que se conociera el audio donde el abogado habla de pagar coimas a funcionarios públicos, era el defensor de Miguel Crispi, el jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric.