Violencia estatal y resistencia popular
Por Nahuel
El modelo neoliberal en Chile, instaurado bajo la dictadura de Pinochet y perpetuado por los sucesivos gobiernos de la Concertación y la derecha, ha mostrado su verdadera cara en este gobierno que se autodenomina de izquierda, ecologista y feminista. A pesar de su retórica progresista, la represión sigue siendo el principal mecanismo de control del Estado, particularmente contra los sectores populares y las comunidades mapuche. Las pequeñas concesiones en políticas públicas o las promesas de tibias reformas que dejan todo igual o peor, hace rato que ya no son suficientes para contener la indignación que se profundiza nuevamente sin que la élite política y empresarial logran detectar.
Uno de los casos más emblemáticos de esta represión fue el allanamiento de Villa Francia, un barrio histórico de resistencia, durante la conmemoración de la muerte de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura. En ese operativo, no solo fueron detenidos activistas, sino que se intervinieron comedores populares y la Radio Villa Francia, un medio comunitario que ha sido fundamental en dar voz a los sectores contrahegemónicos. Esta intervención no fue una casualidad, sino parte de una estrategia calculada para desarticular cualquier forma de organización popular.
El gobierno de Boric, al igual que sus predecesores, recurre a la represión bajo el disfraz de mantener el orden público. En el caso de las comunidades mapuche, esta represión ha alcanzado niveles alarmantes. La militarización en la región de La Araucanía se ha intensificado, y la violencia policial es la norma en los operativos en este territorio. Los medios hegemónicos de desinformación como Radio Bío Bío, La tercera o el Mercurio, vociferan a los cuatro vientos con que los operativos se justifican bajo el pretexto de proteger la «seguridad nacional». No obstante, este discurso oculta las verdaderas raíces del conflicto: el despojo territorial y la violencia estructural contra las comunidades del Wallmapu que sobreviven en las laderas de la usurpación de las forestales.
La estrategia de Boric se alinea con la narrativa histórica del «enemigo interno», una lógica fascista que el Estado chileno ha utilizado desde la dictadura para reprimir a quienes desafían el modelo neoliberal. Esta narrativa, que presenta a los sectores organizados como amenazas al «orden», ha sido la coartada perfecta para legitimar la violencia estatal. Lo que queda fuera del discurso oficial es la verdadera naturaleza de las demandas sociales: la lucha por una vida digna y por territorios donde se desarrolle esa vida digna.
El gobierno de Boric, a pesar de su discurso de izquierda, ha optado por mantener el mismo modelo que juró cambiar. Las acciones represivas no son una anomalía dentro de su administración, sino una continuación de la lógica neoliberal que requiere de la violencia para sostenerse. Cada allanamiento en un comedor popular, cada detención de activistas, cada operativo en los territorios mapuche, son ejemplos de un sistema que, cuando se siente amenazado, recurre a la violencia represiva, a la criminalización de las luchas y al encarcelamiento de sus luchadorxs.
En este contexto, el relato de «sin seguridad no hay libertad» que Boric intenta vender no es más que una farsa. La verdadera libertad, la que buscan los pueblos y las comunidades en el Wallmapu, no se construye a partir de la represión y el control estatal, sino de la emancipación de un modelo que solo ha traído pobreza, despojo y hambre. La seguridad, tal como la define el Estado, es solo un mecanismo para garantizar que las estructuras de poder permanezcan intactas, mientras las demandas populares siguen ahí, postradas en las poblaciones y campos de nuestros territorios.
La única salida a esta crisis no vendrá desde la institucionalidad que hoy sostiene la represión, sino desde la organización y resistencia de los sectores populares. La lucha por un Chile justo, sin bosques, sin pobreza y sin violencia estatal, no se logrará con discursos vacíos ni con promesas de seguridad que ocultan la verdadera intención de mantener el statu quo. Se logrará en las calles, en los territorios, y en las comunidades que se niegan a ser silenciadas. La represión estatal no es un signo de fortaleza, sino de miedo. Y frente a ese miedo, la respuesta debe ser más organización, más solidaridad y más lucha. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente solidaria que nos dignifique como personas.