Cuando el Estado castiga al que lucha
Por NAHUEL
“El Estado obedece los designios ambiciosos y utilitarios de una oligarquía financiera que, por medio de la gran prensa, controla la opinión pública.” (Mariátegui sobre el Estado burgués, en «El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy» (1929)
Las recientes medidas sancionatorias dictadas por la Contraloría General de la República, que penalizan con descuentos salariales a trabajadores y trabajadoras del sector público que se movilizan por sus legítimas demandas, constituyen un atentado flagrante contra el derecho a la organización, la protesta y la negociación colectiva. Estas disposiciones no son neutras ni meramente técnicas, como pretenden enmarcarse desde el discurso oficial, sino que obedecen a una racionalidad profundamente anclada en la lógica neoliberal y conservadora que subyace a las estructuras del Estado capitalista chileno.
Represión administrativa: dispositivo de control social
El uso de la Contraloría como herramienta de disciplinamiento laboral refuerza una arquitectura jurídica autoritaria que limita la capacidad de acción del sindicalismo público. Al sancionar la participación en movilizaciones —ya sea con descuentos por días no trabajados, sumarios administrativos o amenazas de despido— se consolida una forma de represión institucionalizada que busca sofocar la disidencia laboral y desmovilizar a lxs trabajadorxs, especialmente en sectores estratégicos del aparato estatal como la educación, la salud o el trabajo municipal.
Esta práctica no puede leerse sino como una continuidad de las políticas de despolitización del conflicto social y laboral, típicas del neoliberalismo, que en lugar de abordar las causas estructurales de las demandas (como el deterioro de las condiciones laborales, la precarización, la sobrecarga o la falta de recursos), opta por la criminalización de quienes se atreven a confrontar dichas injusticias. Es el rostro burocrático de la represión, que se ampara en la legalidad formal, pero que actúa con violencia estructural.
Contradicciones del Estado «social» en clave neoliberal
El Estado chileno, en su forma actual, se presenta como garante de derechos sociales mientras simultáneamente actúa como patrón autoritario y antisindical. Esta contradicción es particularmente evidente en la manera en que gobiernos tanto de derecha como de centroizquierda —incluso aquellos con retórica progresista o autodefinidos como “transformadores”(Boric)— han validado y aplicado estas sanciones con igual severidad. No se trata de un desvío circunstancial sino de una orientación estructural: todos los gobiernos de la postdictadura han administrado un modelo que reprime la capacidad de lucha del sector público, por considerarla una amenaza a la gobernabilidad fiscal y a la “eficiencia del Estado”.
Lejos de ser prácticas excepcionales, estas medidas se inscriben en una lógica de gestión tecnocrática que considera al trabajador (a) como un costo, al conflicto laboral como un desorden, y a la protesta como un exceso que debe ser reducido. Se reproduce así un orden laboral autoritario heredado de la dictadura, donde el derecho a huelga está severamente restringido y donde la negociación colectiva del sector público se subordina a las imposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda.
Antisindicalismo como praxis de la gobernabilidad neoliberal
La penalización de la protesta en el sector público constituye una práctica antisindical en tanto debilita el poder negociador de los trabajadores, fragmenta la organización gremial y promueve el miedo como forma de control. Los sectores conservadores —particularmente representados por gremios empresariales, partidos de derecha y think tanks asociados al modelo neoliberal— han celebrado estas medidas como necesarias para “ordenar el Estado” o “resguardar la función pública”, desconociendo que son precisamente las condiciones laborales dignas las que permiten un mejor funcionamiento del aparato estatal.
La izquierda radical denuncia que estas acciones no son meramente actos administrativos, sino parte de una ofensiva ideológica contra la posibilidad de una clase trabajadora organizada, capaz de disputar poder político en el ámbito estatal. En este sentido, las medidas de Contraloría operan como dispositivos de neutralización política, que buscan despojar a los trabajadores del derecho a ser sujetos activos en la configuración del Estado y sus políticas.
Por una radicalización de la democracia sindical en el Estado
Frente a este escenario, es urgente levantar una respuesta articulada desde el sindicalismo combativo, las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas anticapitalistas. Es necesario disputar el sentido común que naturaliza la represión administrativa y rearticular una ofensiva que exija:
- El reconocimiento pleno del derecho a huelga y movilización para el sector público.
- La anulación de toda medida punitiva por participar en protestas laborales.
- Una reforma estructural del rol de la Contraloría, que impida su utilización como instrumento de castigo antisindical.
- Una democratización del Estado que permita a los trabajadores incidir en la definición de sus funciones, condiciones laborales y políticas públicas.
En definitiva, las sanciones impuestas por la Contraloría son un síntoma del orden neoliberal autoritario aún vigente en Chile. La izquierda radical no puede sino denunciar con fuerza este régimen de silenciamiento y castigo, y convocar a una movilización amplia y sostenida que confronte no solo las medidas específicas, sino la matriz estructural que las produce: un Estado que aún responde más a los intereses del capital que a los derechos de su pueblo trabajador.
