Huáscar Salazar Lohman, Raúl Zibechi
Con el telón de fondo de una grave crisis por el agotamiento de la bonanza gasífera, algunos movimientos sociales intentan abrirse camino ante la polarización entre Evo Morales y el presidente, Luis Arce. Salazar dialogó con Brecha sobre el caso de la federación campesina Tupac Katari y su reciente enfrentamiento con el gobierno.
Los potentes movimientos sindicales y sociales de Bolivia han tenido la capacidad de impactar en la escena política, abrir grietas en la gobernabilidad y, como en ningún otro país de la región, colocar su agenda en el palacio de gobierno. El de Evo Morales fue considerado, inicialmente, como el «gobierno de los movimientos» gracias al Pacto de Unidad entre las organizaciones más importantes que protagonizaron las «guerras del gas» en 2003 y 2005.
Dos décadas después, el escenario ha cambiado radicalmente. En plena disputa electoral y judicial entre los principales líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), días atrás circuló un video en el que los Ponchos Rojos, aimaras del altiplano fieles a Evo Morales, se enfrentaban a la Policía del gobierno de Luis Arce, a la que corrían con sus rebenques. La federación Tupac Katari, que aglutina a campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz, emitió la semana pasada un comunicado titulado «¡No es por Evo ni por Arce, carajo!», lo que revela su distancia tanto del actual presidente como del exmandatario.
Huáscar Salazar Lohman es economista, autor del libro Se han adueñado del proceso de lucha (La Paz, 2015), título más que sugestivo, y aborda la crisis boliviana enfocándose en los movimientos de los sectores populares. En diálogo con Brecha, entra de lleno en el análisis del MAS, un partido que entiende está en descomposición por la puja de poder entre sus cúpulas, y se detiene en explicar cómo algunos movimientos están quebrando una hegemonía partidaria y caudillista de más de dos décadas.
—La intervención de la sede de la federación Tupac Katari en La Paz por orden de Luis Arce llevó a un durísimo enfrentamiento de los Ponchos Rojos con la Policía y a una clara ruptura del movimiento campesino de la zona con el oficialismo. ¿Cómo se explica semejante torpeza del gobierno, que recuerda a lo que hizo Evo Morales con otros movimientos?
—Creo que esas impresionantes imágenes que vimos hace unos días, en las que los Ponchos Rojos se enfrentaban a la Policía en las calles de La Paz, son una cruda manifestación de la difícil situación en la que se encuentran las organizaciones sociales en Bolivia, pero también son una muestra de cómo emergen atisbos de cambio al interior de ellas, luego de muchos años de estar articuladas de arriba hacia abajo por el gobierno del MAS.
Los violentos enfrentamientos por la sede sindical de la federación Tupac Katari hacen eco de un conjunto de contradicciones al interior de esta organización, dirigida por David Mamani, pero también de disputas que ha mantenido con el gobierno en los últimos años. La nueva dirigencia de esta federación ha venido poniendo límites al gobierno de Luis Arce. Por un lado, ha intentado romper el esquema de subordinación de la federación al gobierno, y, por otro lado, ha articulado una agenda política propia en un escenario de crisis económica. Esto ha molestado al gobierno. El MAS está pasando por un proceso de descomposición en torno a la disputa intestina entre Arce y Evo Morales. Ambos bandos tratan de sacar ventaja en cualquier situación de cara a las elecciones de agosto de 2025. Por ello, el gobierno de Arce ha propiciado el surgimiento de una dirigencia paralela al interior de la federación Tupac Katari, intentando desplazar a la actual, encabezada por Mamani. Con el apoyo del gobierno y de la Policía, esta nueva dirigencia tomó la sede de la organización que se encuentra en La Paz.
Esta práctica de promover la división al interior de las organizaciones no es nueva, ha sido el modus operandi del gobierno del MAS en la última década y media. En especial luego del conflicto por el Tipnis [Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure1], cuando muchas organizaciones de tierras bajas, con el apoyo de algunas de la región andina, cuestionaron y se opusieron a la intención de construir una carretera que pasara por ese territorio indígena y parque natural. Desde ese momento, el gobierno de Morales impulsó de manera sistemática el paralelismo, es decir, la formación de organizaciones en paralelo a las que se volvieran incómodas o mostraran rasgos disidentes.
Fue algo que permitió al gobierno debilitar el tejido organizativo popular, promoviendo la división desde el interior de las organizaciones. Los casos más emblemáticos fueron el de la CIDOB [Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia] y el del Conamaq [Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu]. Lo complejo, sin embargo, es que esto no solo sucedió a nivel de las dirigencias nacionales, sino que, una vez que se creaba una organización paralela, la misma división se comenzaba a replicar, muchas veces con violencia, en los niveles regionales y locales de dicha organización. Incluso encontramos gobiernos comunitarios [comunidades autónomas indígenas reconocidas por la Constitución boliviana] que se dividieron.
Esta dinámica de impulsar organizaciones paralelas se ha acentuado, en algunos lugares incluso se identifican hasta tres organizaciones paralelas operando al mismo tiempo: la evista, la arcista y la independiente u orgánica. Lo que está pasando, sin embargo, es que, ante este manoseo partidario de las organizaciones, comienza a exponerse un malestar en las bases, porque dicen: «Es que nos han hecho pelear entre nosotros». Algunos dirigentes han comenzado a reivindicar, de manera explícita, que la independencia sindical debe recuperarse, algo que casi no se discutía en el movimiento campesino durante los últimos 20 años.
Hay mucho cansancio y molestia por la instrumentalización de las organizaciones. La federación Tupac Katari ha mostrado en reiteradas oportunidades indicios de búsqueda de autonomía desde las bases en los últimos años. Incluido el momento en que [el opositor al MAS y exguerrillero indigenista] Felipe Quispe tuvo un rol protagónico en la organización en 2020. Es por esto que, cuando el gobierno promovió una división tan grosera al interior de esta federación, como sucedió en estas semanas, se da una respuesta tan enérgica como la que vimos en días pasados.
—¿Quién es David Mamani, el secretario ejecutivo de la Tupac Katari elegido en junio, y qué representa? ¿Está apareciendo una nueva camada de dirigentes más independientes o el suyo es un caso aislado?
—Hay que tomar en cuenta que la federación Tupac Katari estuvo totalmente articulada al gobierno del MAS durante muchos años, incluso movilizándose de manera abierta contra las luchas de los territorios en tierras bajas, como sucedió en el caso del Tipnis. De la misma manera, los Ponchos Rojos, que hacen parte de esa federación y provienen de la provincia Omasuyos, operaron en muchas oportunidades como edecanes y fuente de legitimación de Evo Morales. Es esta subordinación la que se ha venido poniendo en cuestión en los últimos años.
En 2019, luego de la caída de Morales y cuando iniciaba la discusión sobre quién sería el candidato del MAS en la reedición de las presidenciales de 2020, las 20 provincias que componen la federación rompieron con la línea de mando del MAS y trataron de impulsar la candidatura presidencial de David Choquehuanca. Si bien esta opción no prosperó, ya que el mismo Choquehuanca negoció con Morales su candidatura a vice, quedó públicamente expuesta la discordancia de la federación campesina con la cúpula partidaria. En los siguientes años se hicieron evidentes varios desencuentros con el gobierno de Arce, pero también con Morales. Varios dirigentes han señalado que no responden a ningún líder del partido, sino a sus bases.
Es evidente que David Mamani es resultado de este contexto. En las redes sociales circulan un montón de videos en los que él reivindica una y otra vez la autonomía orgánica y política de la organización sindical campesina. También reclama que esta autonomía debería recuperarse a nivel de la CSUTCB [Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia], cuya dirigencia en este momento está totalmente plegada a Arce. Se ha acusado a Mamani de que la razón por la que se opone al presidente Arce es porque apoya a Evo, la típica acusación en una coyuntura tan polarizada como la boliviana. Sin embargo, Mamani ha cuestionado públicamente a Morales y ha negado su vinculación con él, y las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa van mucho más allá de la disputa intrapartidaria.
En todo caso, las bases de la federación Tupac Katari están demandando dirigencias autónomas e independientes, y es una posición cada vez más clara al interior de esta organización. Todavía no sé si podemos hablar de una camada de dirigentes más independientes, pero sí creo que van pasando cosas que generan las condiciones para su surgimiento.
—Las demandas de la federación Tupac Katari y su capacidad de movilización recuerdan la marcha del Tipnis de 2010. ¿Tiene capacidad de convocar a otros sectores?
—El 7 de setiembre, la federación Tupac Katari convocó a un ampliado departamental en la ciudad de El Alto, en el que participaron representantes campesinos de las 20 provincias de La Paz. Se decidió convocar un paro y bloqueo indefinido desde el 16 de setiembre en todo el departamento y se espera convocar a otras organizaciones para que esta medida tenga alcance nacional. El objetivo de este ampliado es lograr la renuncia de Luis Arce y David Choquehuanca, debido a lo que la organización campesina entiende como su incapacidad para gestionar la crisis económica y por la manera en que trataron de dividir a la federación interviniendo su sede y designando a una nueva dirección afín al gobierno de Arce.
Si es que esta convocatoria finalmente deriva en una movilización en las carreteras del país, toca mirar qué otras organizaciones se articulan a este llamado y en qué condiciones lo hacen. También habrá que ver qué decisión toman las seis federaciones cocaleras que son el bastión de Evo Morales y otras organizaciones, principalmente rurales, que están apoyando al expresidente. Es probable que intenten articularse a esta movilización con el ánimo de debilitar a Arce y lograr mayor influencia de cara a las elecciones del próximo año.
Efectivamente, lo que pasa en torno a esta federación campesina evoca, de alguna manera, lo que sucedió con el caso del Tipnis, pero también con el conflicto minero de Mallku Khota, la ocupación de tierras por los guaraníes de Tocobo Mora y otras difíciles experiencias de este tipo, en las que se expuso el descontento que surge de sectores indígenas, originarios y campesinos frente a la política gubernamental.
Sin embargo, el escenario político actual es mucho más confuso y espinoso, es más difícil articular propuestas independientes. Cuando la CIDOB convocó a la Octava Marcha para poner freno a la construcción de la carretera a través del Tipnis en 2011, el horizonte de lucha era bastante claro y las alianzas eran fuertes. En cambio, después de tantos años de captura de las organizaciones sociales, con muchas de ellas entrando en procesos marcados de descomposición, es la política estatal la que en gran medida rige los ritmos y los horizontes de posibilidad. Eso sí, creo que vivimos un tiempo en que muchas de ellas comienzan a sacudirse de esta inercia. Pero esto todavía tomará su tiempo y no será un proceso lineal.
—Más en general, ¿qué está pasando en Bolivia hoy? La impresión es que en todos los niveles hay una suerte de desfonde o desintegración de los movimientos e incluso de la sociedad.
—Bolivia vive una etapa muy compleja. Por un lado, el país vive la crisis económica más fuerte de los últimos 40 años, cuyos síntomas más evidentes son la falta de divisas y la escasez de combustibles; sin embargo, el problema es más profundo y nuevamente tiene que ver con el fin de un ciclo extractivista. A finales de los años setenta del siglo pasado fue el estaño, y ahora es la bonanza del gas la que se acaba.
Esta crisis, que ya viene tomando forma desde los últimos años de la década pasada, está derrumbando el mito del «milagro económico» que se erigió durante el gobierno de Morales, millones de personas están viendo cómo rápidamente se precarizan sus condiciones de vida. El gobierno ha decidido asumir una postura muy peligrosa: tratar de sostener una estabilidad económica ficticia a partir del incremento de la deuda externa y el gasto de las reservas públicas mientras sostiene las alianzas históricas con los sectores dominantes del país. Sin embargo, aunque intenta hacer malabares para llegar a las elecciones del próximo año, la situación se ha tornado insostenible en los últimos meses.
La crisis económica está impulsando también una expansión desmedida de otras actividades extractivas. La más evidente es la de la minería aurífera. Los ríos de la Amazonía boliviana se han llenado de dragas que contaminan con mercurio. Además, existe una fuerte presión de organizaciones, como la de los cooperativistas mineros, para ingresar a operar, de manera legal o ilegal –incluso con armas–, en áreas protegidas y territorios indígenas. Ante esta minería destructiva, el gobierno ha asumido una postura de apoyo explícito o, en el mejor de los casos, de permisibilidad solapada.
En paralelo, vemos cómo otras actividades relacionadas con el extractivismo, principalmente el agronegocio –que sigue articulado en torno a la derecha del Oriente boliviano–, vienen cambiando la fisionomía de las tierras bajas –en especial de la región amazónica– a punta de deforestación y quema descontrolada. En estos días, Bolivia es un país inundado por el humo, que llega incluso a la región andina. Esto sucede en el marco de una fuerte presión de distintos capitales –nacionales y transnacionales– para desplegar sus proyectos, que encuentran muy poca resistencia de las organizaciones sociales. Esta casi inexistencia de resistencias es lo más llamativo y preocupante de este momento que hoy vive Bolivia. Tiene que ver con lo que hemos hablado en un inicio: un escenario político que tiende a despolitizar hacia abajo y mantener a las organizaciones sociales en la órbita del MAS.
Esta sensación de desintegración de la que hablas tiene que ver, sobre todo, con esta dificultad de poner un freno al avance violento de distintos procesos de expansión capitalista. Las organizaciones sociales, de distinto tipo y a distinto nivel, no logran salir de esta inercia que las vuelve a posicionar, una y otra vez, en esta política centrada en la disputa por el Estado. Por eso es que es tan importante mirar, entender y potenciar grietas y aperturas como las que podrían estarse dando en la federación Tupac Katari en estos días.
—¿Cómo se ve el futuro inmediato?
—Creo que en los siguientes meses el ritmo de la política boliviana va a estar cada vez más marcado por las elecciones de agosto de 2025. Por un lado, la disputa entre Morales y Arce va a escalar. Morales tratará de capitalizar toda expresión de inconformidad con el gobierno, mientras que Arce intentará desactivar la candidatura de Morales. En ese tenso y violento escenario, será difícil para las organizaciones sociales posicionar agendas propias. Por otro lado, también veremos cómo se van articulando las derechas tradicionales en torno a este escenario electoral. Personajes ultra como Branko Marinković y Manfred Reyes Villa ya han manifestado su interés en participar en los comicios. Sin embargo, todavía no se ve con claridad la fuerza que lograrán en los siguientes meses. Lo que llama la atención es cómo se van haciendo ensayos para emular a algunos líderes de la derecha ultra de la región, como Milei, Bolsonaro o Bukele.
Ahora bien, como también suele suceder en Bolivia, en momentos en los que se acumula tanta tensión pueden acontecer hechos que transformen rápidamente el escenario político. Ante una precarización de las condiciones de vida, y una acentuación de las consecuencias del cambio climático y de la crisis ambiental, las organizaciones sociales también asumirán otra postura frente a la guerra interna del MAS y frente a la manera como se está ordenando la política estatal en torno a la expansión capitalista.
1. Área protegida de 12 mil quilómetros cuadrados en la zona central del país.
