Por Nahuel
A pesar de la promesa de avanzar hacia un sistema educativo más justo y centrado en el bienestar de la comunidad escolar, las políticas educacionales recogidas de los gobiernos de los treinta años e impulsadas por el actual gobierno presentan limitaciones estructurales y contradicciones que dificultan una transformación profunda de las condiciones del profesorado en Chile. Por el contrario, sus políticas (si acaso se puede hablar de ello) están acordes a los intereses del empresariado que hace rato metió sus manos usureras en educación y hoy gozan del usufructo de un sistema educativo segregado y profundamente discriminador.
Reparación de la deuda histórica: un paso necesario, pero tardío y limitado
El proyecto de ley presentado por el presidente Boric en diciembre de 2024 para reparar la deuda histórica representa un gesto simbólico importante hacia los más de 57.000 profesores afectados. Sin embargo, esta medida, si bien propagandística en términos políticos, llega con décadas de retraso y no contempla una reparación íntegra. El monto propuesto (4,5 millones de pesos en seis años) resulta insuficiente frente a los perjuicios económicos acumulados durante décadas.
Más aún, el diseño de esta política reproduce un enfoque asistencialista y parcelado, al priorizar sólo a los docentes de mayor edad sin establecer mecanismos de reparación colectiva ni un reconocimiento institucional más profundo del daño ocasionado por el Estado. La medida parece más un intento por cerrar un tema políticamente incómodo que una verdadera política de justicia reparadora.
Bienestar docente: discursos sin transformaciones estructurales
Si bien el Ministerio de Educación ha promovido instancias como el Congreso Internacional de Bienestar Docente y ha instalado el tema en el debate público, estas iniciativas se limitan a lo declarativo y no se traducen en políticas concretas que alivien las fuentes reales del malestar docente: salarios bajos, exceso de burocracia, aumento de la violencia escolar y sobrecarga laboral.
El enfoque del gobierno ha sido más performativo que transformador: talleres, encuentros y discursos sobre salud mental, sin revisar a fondo las condiciones materiales del trabajo docente. Mientras no se reforme el sistema de financiamiento, la lógica de competencia entre escuelas y la excesiva carga administrativa impuesta por la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación, hablar de bienestar es superficial.
Carrera Docente: un estándar que excluye más que dignifica
La implementación de la Carrera Docente, iniciada en gobiernos anteriores pero consolidada en el actual, ha elevado los estándares de formación, lo que en principio podría considerarse positivo. Sin embargo, su aplicación sin un acompañamiento integral ha generado un efecto adverso: ha contribuido al déficit de más de 26.000 profesores que se proyecta para 2025.
En lugar de atraer nuevos talentos, la rigidez de los requisitos de ingreso y permanencia ha desincentivado el ingreso a la profesión, sobre todo en regiones y áreas de alta vulnerabilidad. El gobierno ha sido lento para responder a este fenómeno, lo que pone en riesgo el derecho a la educación para miles de estudiantes.
Violencia escolar: una respuesta reactiva y sin enfoque estructural[1]
Casos como el del profesor Miguel Niño, agredido brutalmente por un estudiante, reflejan un deterioro grave de la convivencia escolar. La respuesta del Ministerio de Educación ha sido reactiva y basada en medidas paliativas, como protocolos o talleres, sin atacar las raíces estructurales del problema: la segregación escolar, la falta de equipos psicosociales suficientes, el colapso emocional post- pandemia y la ausencia de políticas de contención efectiva. Por el contrario, ha echado mano a la legislación represiva de los gobiernos anteriores como Ley Aula Segura.
El Estado ha fallado en generar condiciones mínimas de seguridad y respeto para quienes ejercen la docencia, lo que a su vez incide negativamente en el prestigio social de la profesión y en el deseo de permanecer en el sistema.
[1] Casos destacados de agresiones a docentes en 2025
- Profesor Miguel Niño – Santiago (octubre 2023)
Aunque ocurrió en 2023, este caso sigue siendo emblemático. Miguel Niño, profesor de matemáticas colombiano, fue agredido por un alumno en un colegio de Santiago, sufriendo fracturas faciales que requirieron cirugía. - Profesora en Liceo Bicentenario de Trehuaco – Ñuble (marzo 2025)
Una docente de 1.º medio fue brutalmente golpeada con un escobillón por un estudiante, resultando en un posible traumatismo craneal. La profesora permanece hospitalizada y se espera su recuperación. - Profesora en San Javier – Región del Maule (marzo 2025)
Una docente de 5.º básico fue agredida por un alumno con un golpe de puño en la cabeza. Este incidente se suma a la creciente preocupación por la seguridad en las aulas. - Niño de 10 años en Concepción – Región del Biobío (enero 2025)
Un menor diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista agredió a profesores durante una crisis emocional. El colegio aplicó la Ley Aula Segura, resultando en su expulsión, lo que generó controversia y acciones legales por parte de la familia.
