
POR NAHUEL
“Lo que define a un hombre acerca de si está en el campo de la revolución o no, es a disposición de qué pone sus tareas.” — Miguel Enríquez. Entrevista concedida en la clandestinidad a un medio informativo Chileno.
El quinto aniversario de la rebelión popular de octubre de 2019, en Chile, ha reabierto la rabia y el descontento, resaltando las falencias de un sistema político y judicial que parece otorgar impunidad a los poderosos, mientras continúa persiguiendo a quienes se manifestaron en las calles en pos de justicia y por el fin del neoliberalismo.
Casos recientes, como la destitución de la ministra Ángela Vivanco y del juez Sergio Muñoz de la Corte Suprema, ponen en evidencia la profunda crisis de independencia judicial. Vivanco, quien era crítica de las condenas a los represores de la dictadura, tuvo una postura permisiva hacia figuras como Contreras y otros involucrados en violaciones de derechos humanos, implicada hacía poco en controversias por sus declaraciones a favor de las ladronas isapres, y Muñoz, en un caso de ética judicial, representan la corrupción enquistada en el poder judicial y un claro retroceso en las aspiraciones de justicia histórica, evidenciando cómo los jueces todavía cargan una herencia de complicidad con los sectores represivos del Estado y que la “justicia” burguesa sigue incólume, confabulándose con los poderes empresariales, políticos y militares.
En paralelo, la falta de avances en las investigaciones de abusos cometidos por el Estado durante la Rebelión subraya esta contradicción. La lentitud del Ministerio Público y la falta de recursos han llevado a un “estancamiento procesal” que mantiene abiertas, aunque congeladas, causas de abuso policial y militar. Este fracaso se suma a la reciente aprobación de medidas de represión contra estudiantes en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), donde dos jóvenes resultaron quemados en circunstancias no aclaradas del todo, reflejando un sistema incapaz de proteger a los jóvenes que, desde las aulas, impulsan demandas de cambios reales.
A estos hechos se añade la denuncia por violación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que apunta a un conflicto moral y ético que parece ser desestimado en comparación con las condenas por violencia a los manifestantes de 2019. Esto plantea interrogantes: ¿qué legitimidad pueden reclamar las instituciones de un Estado que protege a sus jerarcas mientras criminaliza a aquellos que exigen cambios? ¿Dónde quedó el autoproclamado gobierno feminista y el “yo te creo, amiga”? Pareciera ser que el último recurso moral que le quedaba a este gobierno fue subsumido por el Estado violador, junto al silencio del feminismo institucionalizado.
Los resultados de las elecciones 2024 y la creciente desconexión política
El reciente proceso electoral del 26 y 27 de octubre de 2024, el primero con voto obligatorio desde hace una década, dejó ver algo más que un mapa de preferencias políticas; expuso una fractura en la relación entre la ciudadanía y la clase política. A pesar de la obligatoriedad, el aumento de votos nulos, blancos y de aquellos que prefirieron pagar multas en lugar de votar es un llamado de atención. Según un análisis de Ciper Chile, el fenómeno no es accidental ni menor: se observa una tendencia significativa a utilizar el voto nulo o en blanco como un acto de protesta ante una representación política desgastada y percibida como distante o corrupta.
A nivel territorial, los votos nulos y blancos se concentraron en zonas donde el descontento social ha sido históricamente más marcado, áreas que experimentaron altos niveles de participación en las protestas de 2019 y donde la rebelión resonó con fuerza. Este comportamiento electoral sugiere que una parte importante del electorado no encuentra en las opciones políticas actuales una salida a sus demandas. Más aún, refleja el desencanto ante un proceso político que, en lugar de abordar con seriedad las demandas de justicia social y derechos fundamentales, ha quedado atrapado en escándalos de corrupción y promesas incumplidas.
Los resultados de estas elecciones muestran que, aunque las instituciones han intentado recuperar la legitimidad a través de reformas, la desconexión entre la población y sus representantes sigue siendo profunda. La presencia de un voto nulo y en blanco elevado no solo es un mensaje de descontento, sino un reflejo de la falta de confianza en que el sistema electoral pueda representar genuinamente sus necesidades. Este fenómeno no es casualidad, y su interpretación debería poner en alerta a una clase política que hasta ahora ha ignorado señales similares.
En este contexto, el voto nulo y en blanco se han convertido en un símbolo de una lucha latente, una expresión de descontento que, si no es tomada en cuenta, puede avivar nuevas movilizaciones sociales. Como bien argumenta Ciper Chile, estos resultados reflejan una demanda por una política más inclusiva y honesta, una que no solo responda en tiempos electorales, sino que dé pasos concretos para acabar con la corrupción, garantizar la justicia y que sea capaz de responder a las demandas de los pueblos que viven en Chile y el Wallmapu.
Este quinto aniversario, en vez de celebrar avances, parece recordarnos que en Chile, el cambio real, si bien es posible, todavía enfrenta barreras políticas y judiciales de grandes proporciones. Organizar la retaguardia pacientemente, armarnos teórica y organizativamente para la autodefensa popular, dotarnos de un relato plausible y emprender rumbos movilizatorios son tareas ineludibles para estos tiempos de decadencia sistémica.