Poder Popular Comunitario, Autodefensa de la Vida y Guerra Popular Continental
Autor: Juan Carlos Flores
El fracaso de la socialdemocracia neoliberal y de la izquierda institucional neoliberal no es, ni puede ser, el fracaso del pueblo. Por más que el modelo, las grandes fortunas de los grupos económicos y, en general, todo el bloque dominante intenten ocultar o distorsionar la realidad, las contradicciones estructurales del capitalismo neoliberal no solo siguen vigentes, sino que se encuentran abiertas, agudizadas y en pleno desarrollo. Lejos de resolverse, estas contradicciones se profundizan y se expresan de manera cada vez más cruda en la explotación del trabajo, la concentración obscena de la riqueza, la devastación ecológica, la violencia patriarcal y la negación sistemática de los derechos de los pueblos originarios.
Esta situación da cuenta de la imposibilidad estructural del modelo para otorgar el espejismo que promete, dada la necesaria precarización general que debe producir para existir. No se trata de una crisis coyuntural, sino de un límite constitutivo del propio proceso de acumulación capitalista. En este marco, los reiterados intentos por imponer un nuevo pacto social desde arriba no son más que operaciones destinadas a administrar la miseria que el sistema genera, sin cuestionar las relaciones de poder que la producen ni alterar los intereses estructurales del gran capital.
Del mismo modo, queda en evidencia la imposibilidad de reformar este modelo por la vía pacífica e institucional, una ilusión que los sectores conciliadores —aquellos que pactan con los dominadores— han intentado vender de manera sistemática. En esta lógica debe leerse también la derrota electoral de la socialdemocracia y de la izquierda institucional neoliberal en las urnas: una derrota que no expresa una ruptura con el orden dominante, sino que es parte del sometimiento prolongado de la acción política a la agenda empresarial, vaciando de contenido transformador los proyectos institucionales y reduciéndolos a meros administradores del modelo.
Que sectores populares miren hoy con expectativa una salida neoconservadora, liderada por los sectores más reaccionarios, no debe amedrentarnos ni sorprendernos. Este fenómeno no expresa una adhesión ideológica profunda, sino el agotamiento histórico del campo institucional y la ausencia de un agenciamiento político real del pueblo dentro de los marcos del Estado capitalista. Ayer fue el ciclo Bachelet–Piñera, luego el proceso constitucional blindado de Piñera–Boric, y más recientemente el cierre del ciclo Boric–Kast. Esta secuencia no da cuenta de alternancias sustantivas, sino de una rotación administrada del poder, donde distintas élites políticas gestionan un mismo orden sin alterar sus fundamentos.
En este contexto, el pueblo no solo carece de agenciamiento político efectivo, sino que percibe al conjunto del entramado institucional como una gran masa homogénea, incapaz de resolver sus dilemas más inmediatos. La búsqueda de respuestas urgentes —seguridad, trabajo, salud, vivienda— se vuelve pragmática y desesperada, sin distinciones doctrinarias claras entre proyectos, precisamente debido al profundo descrédito de la institucionalidad capitalista-patriarcal-colonial vigente. No es casual que los niveles de confianza sean extremadamente bajos: el Parlamento no supera el 8% de confianza, los partidos políticos apenas alcanzan el 5%, y el resto del aparato estatal arrastra una deslegitimación estructural.
En estas condiciones, el acto electoral pierde densidad política y se transforma en un ritual vacío: se vota por inercia formal, por temor a las sanciones, por costumbre o como parte del folclore cívico que se reactiva cada cuatro años. Dicho en simple, la gente desconfía profundamente de los partidos y del sistema institucional, pero continúa participando de él sin convicción, mientras la propia institucionalidad se cae a pedazos: jueces cuestionados, municipios capturados por redes clientelares, un Parlamento desacreditado y un Estado central incapaz de garantizar condiciones mínimas de vida digna.
Por ello, los procesos institucionales y electorales no son más que mediciones restringidas en los márgenes que el Estado autoritario habilita, espacios supervigilados donde actúan sujetos profundamente neoliberalizados y hegemonizados. En este sentido, es clave recordar que los procesos institucionales realmente decisivos no se juegan ya principalmente en el plano presidencial, sino en la estructura parlamentaria y, especialmente, en el aparataje militar y represivo del Estado, cuyo peso ha adquirido una centralidad mayor que en décadas anteriores. No resulta casual que el gobierno de Gabriel Boric haya sido el que mantuvo por más tiempo a las Fuerzas Armadas desplegadas en la sociedad civil desde el término formal de la dictadura cívico-militar. Un eventual gobierno de Kast no haría sino profundizar y expandir esta lógica, reforzando la tesis de la militarización sostenida de la vida como respuesta estructural del capital ante sus propias contradicciones.
Como organización, llevamos años señalando que uno de los efectos más evidentes del descampado social que genera el proceso de acumulación capitalista es el aislamiento, la fragmentación territorial y la destrucción del tejido comunitario. Este escenario abre paso a la corrupción y al contubernio entre policías, narcotráfico y pillaje en distintos territorios. Estos fenómenos, lejos de ser desviaciones externas, son síntomas y consecuencias directas de las contradicciones vitales del propio modelo, que descompone la vida social mientras refuerza los mecanismos de control y coerción.
Este proceso se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre respecto del nuevo orden hegemónico. Los grandes capitales siguen atentos al reordenamiento global, donde las disputas interimperialistas no han cristalizado aún en una hegemonía clara (aunque, a nuestro entender, la posición de los capitales chinos y su proyección como nuevo hegemon mundial presentan mayores luces para afrontar este nuevo ciclo histórico). En este escenario, América Latina no solo es un territorio en disputa entre capitales estadounidenses y chinos, sino también un espacio donde se incorpora crecientemente la política belicista como parte de la primera línea de acción.
La aceleración en la compra de armamento, el desplazamiento de bases militares y la alineación de los Estados en distintos bloques dan cuenta de una tendencia estructural: el capital, enfrentado a límites históricos y a niveles crecientes de precarización y devastación, requiere controlar la vida mediante la fuerza para sostener las máximas tasas de ganancia posibles. En América Latina, los grandes capitales no ensayan salidas alternativas; por el contrario, apuestan a profundizar y agudizar sus propias contradicciones, intensificando el extractivismo, la precarización y la violencia a cualquier costo.
Frente a este escenario, la derrota de la reacción, de la derecha patronal, de los grandes grupos económicos y de la devastación ecológica no será el resultado de coyunturas electorales ni de acuerdos cupulares. Será, necesariamente, tarea histórica de los sectores populares de avanzada. En este marco, la construcción del poder popular comunitario no es una consigna ni una etapa subordinada, sino la columna vertebral del proceso de emancipación en América Latina: un proceso radical, estratégico y permanente, orientado a disputar materialmente el control de la reproducción de la vida, del territorio, del trabajo y de las decisiones colectivas.
La autodefensa de la vida, de los ecosistemas y de la propia humanidad constituye una responsabilidad histórica ineludible de los pueblos frente a un modelo que produce muerte, despojo y devastación como forma normal de acumulación. Esta autodefensa no es un gesto individual ni una reacción espontánea, sino una práctica colectiva y organizada, inseparable de la construcción de poder popular comunitario.
En este sentido, la autodefensa popular se inscribe como una expresión concreta de la violencia política de masas, entendida no como desviación, sino como respuesta legítima ante la violencia sistémica del Estado, el capital y el orden patriarcal-colonial. En Chile, esta línea adquiere corporalidad histórica como continuidad directa del proceso abierto por la rebelión popular de octubre de 2019, interrumpido por la pandemia, pero no derrotado ni clausurado en términos históricos.
La experiencia latinoamericana demuestra que los procesos de transformación profunda se desarrollan cuando el movimiento popular articula la construcción de poder desde abajo con formas superiores de confrontación social. En este marco, la violencia política de masas —expresada en la rebelión, la insurrección y la huelga general— no surge como un acto aislado, sino como resultado de una acumulación previa de organización, conciencia y poder popular real, anclado en los territorios y en las comunidades.
La noción de guerra popular continental expresa la superación histórica de las lecturas foquistas y de las falsas dicotomías entre organización y foco, campo y ciudad, lucha armada y lucha de masas. No se trata de una estrategia militar separada del pueblo, sino de una estrategia integral de confrontación, donde la autodefensa popular y comunitaria cumple un rol central en la protección de los procesos organizativos y en la defensa activa de la vida frente a la ofensiva reaccionaria del capital.
De este momento histórico solo se sale con lucha organizada, inteligencia colectiva y profundización real de espacios populares que asuman su propio destino. En Chile–Wallmapu y en América Latina, frente a la nueva ofensiva reaccionaria en un contexto de disputa interimperialista, el desafío no es solo resistir, sino reconstruir y proyectar el proceso abierto en 2019, dotándolo de mayor densidad organizativa, claridad estratégica y articulación continental.
Serán los pueblos libres y organizados —la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios— quienes, mediante la construcción del poder popular comunitario, la autodefensa de la vida y la activación consciente de la violencia política de masas, abran un nuevo ciclo histórico de movilización, ruptura y transformación radical para el campo popular latinoamericano.
