Declaración pública: EPP/ La Comunidad
La reciente aprobación en general por parte del Senado de Chile de un proyecto que abre la posibilidad de conmutar penas de prisión efectiva por reclusión domiciliaria total constituye un hecho de enorme gravedad política, jurídica y moral. Bajo el pretexto de criterios humanitarios asociados a edad avanzada o enfermedades graves, esta iniciativa establece las bases para una ley de impunidad encubierta, que en los hechos podría transformarse en una nueva “ley de punto final” en favor de criminales responsables de delitos gravísimos, incluidos los perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet, como el amigo de Kast, el criminal Krassnoff (79 años), Iturriaga Neumann (86 años), Estay Reyno (73 años), etc.
El carácter problemático de esta legislación no radica únicamente en su contenido técnico, sino en el horizonte político que expresa. Al no establecer una exclusión categórica para quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad, abre la puerta para que represores actualmente recluidos en el penal de Punta Peuco puedan solicitar el cumplimiento de sus penas en la comodidad de sus hogares. Esto representa un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad, una lucha que en Chile ha sido sostenida durante décadas por organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos y sobrevivientes de la represión.
Los crímenes cometidos durante la dictadura —tortura sistemática, ejecuciones políticas, desapariciones forzadas— no constituyen delitos comunes. Se trata de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables según el derecho internacional. Permitir que quienes participaron en estos actos reciban beneficios carcelarios extraordinarios equivale a relativizar su gravedad y a debilitar el principio de justicia que ha guiado, aunque de forma incompleta, el proceso chileno de memoria, verdad y reparación.
Este episodio vuelve a poner en evidencia el carácter profundamente conservador y antidemocrático del Senado chileno, una institución históricamente diseñada como mecanismo de contención de las transformaciones sociales. Desde su origen oligárquico hasta su rol contemporáneo como cámara de veto, el Senado ha operado reiteradamente como garante institucional de los intereses de las élites económicas y políticas. La aprobación de este proyecto por una estrecha mayoría no es una anomalía: es la expresión coherente de una institución que, incluso décadas después del fin formal de la dictadura, continúa funcionando como refugio de las herencias políticas del autoritarismo.
Pero la responsabilidad política de esta situación no recae únicamente en los sectores conservadores que impulsan abiertamente este tipo de iniciativas. Resulta igualmente evidente la responsabilidad del actual gobierno encabezado por Gabriel Boric. Las declaraciones críticas del Ejecutivo frente a este proyecto contrastan con una práctica política marcada por el abandono sistemático de posiciones transformadoras y la adaptación a los marcos del consenso neoliberal. Durante los últimos años, el gobierno ha optado por privilegiar la gobernabilidad institucional y los acuerdos con sectores conservadores, debilitando las posibilidades de construir mayorías sociales y políticas capaces de frenar ofensivas reaccionarias como la que hoy presenciamos.
En este sentido, lamentarse públicamente por los resultados legislativos resulta insuficiente e incluso hipócrita. Cuando se renuncia a disputar con claridad el sentido de las instituciones, cuando se desmoviliza a la sociedad y se reemplaza la política por la administración del orden existente, se termina allanando el camino para que proyectos profundamente regresivos avancen en el Congreso. El retroceso que hoy se vislumbra en materia de derechos humanos es también el resultado de años de moderación política y capitulación ideológica frente a las estructuras heredadas de la transición.
El impacto de esta iniciativa no es abstracto. Sus consecuencias recaen directamente sobre las familias que todavía buscan verdad y justicia. En Chile existen aún cientos de casos de detenidos desaparecidos cuyos destinos siguen sin esclarecerse. Madres, padres, hijas e hijos han sostenido durante décadas una lucha incansable por conocer el paradero de sus seres queridos. Para estas familias, cualquier intento de suavizar las condiciones de cumplimiento de penas para los responsables de estos crímenes constituye una afrenta moral intolerable.
La posibilidad de que quienes participaron en centros de tortura, en operaciones de exterminio o en desapariciones forzadas puedan abandonar las cárceles especiales en las que cumplen condena representa una revictimización directa para quienes han dedicado su vida a exigir justicia. La impunidad —incluso en sus formas más sofisticadas y jurídicas— perpetúa el daño y erosiona los fundamentos éticos de una sociedad democrática.
Desde la Escuela Popular Permanente y La Comunidad afirmamos con claridad que no puede existir reconciliación ni estabilidad democrática sobre la base del olvido o la impunidad. La memoria histórica del pueblo chileno ha sido construida gracias a décadas de lucha social, investigación judicial y movilización política. Retroceder en ese terreno significa debilitar uno de los pocos consensos éticos fundamentales que emergieron tras la dictadura: la convicción de que los crímenes del terrorismo de Estado deben ser investigados, juzgados y sancionados sin privilegios.
Por ello, denunciamos este proyecto como un intento de reinstalar, por vías legislativas indirectas, mecanismos de impunidad que la sociedad chilena ha rechazado durante décadas. Reafirmamos nuestra solidaridad con las organizaciones de derechos humanos y con las familias de las víctimas de la dictadura. Y sostenemos que la defensa de la memoria, la verdad y la justicia no puede depender exclusivamente de las instituciones que tantas veces han demostrado su incapacidad o falta de voluntad para garantizarlas.
La historia reciente de Chile demuestra que cada avance en materia de derechos humanos ha sido conquistado mediante la movilización social y la presión popular, no por la generosidad de las élites políticas. Frente a este nuevo intento de retroceso, la tarea sigue siendo la misma: defender la memoria histórica, impedir cualquier forma de impunidad y sostener la lucha por una sociedad democratizada en todos los ámbitos de la vida, donde los crímenes del pasado no vuelvan jamás a encontrar refugio en las instituciones de ningún Estado.
¡Los crímenes de lesa humanidad no se negocian, no se rebajan y no se indultan!
¡A frenar, con movilización, esta nueva ley de impunidad encubierta!
¡La memoria del pueblo no se negocia en el Senado!
¡Por las y los detenidos desaparecidos: verdad completa y justicia sin privilegios!
¡Ni beneficios ni privilegios para quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron!
ESCUELA POPULAR PERMANENTE/ LA COMUNIDAD
