Por Felipe Portales
«Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral.»
Uno de los mitos más notables y persistentes acerca de nuestra historia es que la Constitución de 1925 tuvo un origen y un contenido impecablemente democráticos. Nada más lejano de la realidad. Es cierto que ella fue fruto de un genuino movimiento de una clase media emergente y de algunos sectores oligárquicos por ampliar los estrechos marcos de una república parlamentarista exclusivamente oligárquica que se había impuesto –como fruto de la victoria en la guerra civil de 1891- al régimen virtualmente monárquico existente en el siglo XIX. En definitiva, la Constitución de 1925 coronó una lucha de una clase media arribista que unida a los sectores más lúcidos de la oligarquía comprendieron que la mantención del régimen oligárquico no sólo era muy injusto socialmente y retardatario económicamente, sino que además constituía un grave peligro para la mantención del orden social que se vislumbraba crecientemente amenazado por un proletariado también emergente y contestatario. Más aún cuando en el mundo en general se cernía la amenazante sombra de la Revolución Bolchevique que postulaba su extensión mundial.
De allí que incluso en el pensamiento de los políticos e intelectuales de clase media más críticos de los privilegios de la oligarquía y de las extremas desigualdades sociales constatamos también un gran temor al proletariado y un fuerte afán de neutralizarlo social y políticamente. Así por ejemplo, el fundador de la corriente más de izquierda del Partido Radical, Valentín Letelier, expresaba ¡en 1896! que “ya es tiempo de reaccionar contra esta política egoísta (de liberalismo clásico) que obliga a los pobres a organizarse en las filas hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede explicar (…) que (…) se estén renovando las luchas de clases, fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”; y que “por su posición media entre las clases más egoístas y las más desvalidas, a mi juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la sociedad europea. Proveer a las necesidades de los desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar con el socialismo revolucionario, es hacer política científicamente conservadora” (Sergio Grez.- La “Cuestión Social” en Chile. Ideas y Debates Precursores (1804-1902); Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Santiago, 1995; pp. 434-5).
Y el también político e intelectual radical “de izquierda” (que fue diputado, senador, ministro, director de la SOFOFA y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María), Armando Quezada, planteaba en 1908 que “ha despertado en los obreros chilenos la conciencia de clase y el espíritu de cuerpo; se han asociado, han cambiado ideas y anhelos, se han creído víctimas de una explotación injusta; y ya no son escasos, en los centros más poblados, los cerebros exaltados y seducidos por los engañosos sueños socialistas” (La Cuestión Social en Chile; Universidad de Chile, 1908; pp. 19-20). Y con una visión muy negativa –e incluso racista- de las clases populares, agregaba: “La gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas: (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (Ibid.; p. 25). Y todo esto dicho justo después de la ocurrencia de las grandes masacres obreras de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907)…
Por otro lado, varios acerbos críticos de clase media de la oligarquía, mostraban también un profundo temor de los sectores populares, e incluso postulaban restringir el derecho a voto de los más incultos (léase, pobres…) o el sufragio censitario. Así, el profesor Alejandro Venegas (“Dr. Julio Valdés Cange”) planteaba en 1910, como solución para evitar el cohecho, “privar de derechos electorales a todo aquel que no compruebe tener por lo menos los conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, como al que haya sido condenado tres veces o más por ebrio y a todo aquel que no compruebe que gana honradamente su subsistencia” (Sinceridad. Chile íntimo en 1910; CESOC, Santiago, 1998; p. 272). Es decir, ¡haber privado de la calidad de ciudadano a gran parte de los sectores populares de la época! Y todavía más, Venegas postulaba como ideal el sufragio censitario: “Ahora bien, si se considera más democrático el sufragio universal, hágase extensivo este derecho a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres; pero establézcase el valor proporcional de cada voto, esto es, si la opinión de un analfabeto vale 1, que la de un artesano que ha hecho los cursos completos de una escuela primaria elemental valga por 3, que la de un industrial (trabajador) que ha recibido su título en un establecimiento de enseñanza especial se cuente por 5, que la del bachiller en humanidades se estime por 8, que la de un farmacéutico, dentista o arquitecto, valga por 10, que la de un médico, un abogado, un ingeniero o un profesor de estado pese por 15, que la de un profesor universitario equivalga a 20, que la de un diputado o senador influya por 30, y así de seguida” (Ibid.; pp. 272-3).
Por otro lado, el intelectual crítico, Tancredo Pinochet Le Brun, planteaba en 1917 que “la democracia no aspira al reparto igualitario de la riqueza en la sociedad. Aspira a poner a cada hombre en igualdad de condiciones para que libre su batalla por la vida” (Oligarquía y democracia; Casa editora Tancredo Pinochet, Santiago, 1917; p. 140); que “la democracia no es una cuestión de caridad, de sentimentalismo; tiene sus fundamentos en el propio egoísmo individual” (p. 142); “que hay más democracia en la legislación británica que ha restringido el voto al círculo de las personas adineradas y cultas, que en la legislación chilena que se lo concede a todo el que sabe garabatear su firma” (p. 154); y que “a primera vista podría parecer que un demócrata no debería, sin ir contra los propios principios de la democracia, pedir la restricción de la libertad electoral. Pero la verdad es que esta restricción hay que pedirla en defensa del mismo pueblo y pedir, al mismo tiempo, la educación primaria obligatoria, para que la libertad electoral de que disfrutamos sea una realidad enaltecedora y no una pantomima indecorosa y embrutecedora. Debemos pues restringir el derecho a voto, dejándoselo sólo a los ciudadanos conscientes que tiene el país” (p. 155).
Y el profesor Carlos Fernández Peña (en su prólogo al mencionado libro de Pinochet) señalaba: “Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral. Sin pretender llegar a exigir como requisito, como en la ley filipina, ocho años de estudios primarios y cuatro de secundarios, debería exigirse, a lo menos, los dos primeros ciclos primarios o preparatorios y el servicio militar para tener derecho a esto. En segundo lugar, además de los conocimientos, deberíamos adoptar, como en la ley italiana, la adquisición de cierto capital, industria o cultivo de la tierra, que son fuente de patriotismo y de independencia moral, tanto y muchas veces más que los simples conocimientos. Es indudable que la eugénica (sic) y la higiene del sufragio son los solos factores capaces de generar y de hacer funcionar un buen Gobierno, es decir, una organización democrática” (Ibid.; pp. XII-XIII).
Increíblemente, estas propuestas de intelectuales de clase media críticos de la oligarquía buscaban echar abajo ¡una conquista electoral de 1874 de los sectores populares!: la extensión –vía ley interpretativa de la Constitución- del derecho a voto a todos los varones que supiesen leer y escribir, terminando con el sufragio censitario establecido por la Constitución de 1833. Independiente de que en su momento ello no tuviese significación práctica -dada la manipulación total de los resultados electorales por parte de la Presidencia de la República-, ello representaba un inmenso avance, en la medida que se “sanearan” las elecciones de aquella intervención presidencial, como siguió sucediendo hasta 1891; y del cohecho y el “acarreo” de los inquilinos de las haciendas, como sucedió a partir de esa fecha hasta 1958.
Notablemente, la abierta promoción del sufragio censitario, o de la lisa y llana restricción del derecho a voto ya reseñada, iba a coincidir con las propuestas de “El Mercurio” respecto de las disposiciones electorales a ser estipuladas en la Constitución de 1925: “Los constituyentes del 33 estuvieron, con su admirable sentido práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de las teorías igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor, porque carecen de dignidad y de verdadero interés en la cosa pública, tengan los mismos derechos electorales que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen el país a individuos que fueran a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet, pero no al soviet dirigido por intelectuales, sino a otro de simples agitadores, sin Dios ni ley. ¿Quiere decir lo anterior que es necesario aceptar el cohecho? De ninguna manera. Es ese un vicio político vergonzoso, deprimente, y que obliga a los partidos a llevar al Congreso, no a sus mejores hombres, sino a los que tienen dinero para afrontar las luchas electorales. Es muy difícil quitar a la gente lo que ya se le ha dado, porque ésta considera semejante cosa un despojo. Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importante, el que contribuye a la riqueza pública, pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familia numerosas que dan también al país la riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…) Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos, no queda otro arbitrio que el del voto plural, cuyas ventajas hemos insinuado. Ha dado en otros países resultados espléndidos y sería de esperar que también los diera en Chile” (“El Mercurio”; 8-6-1925).
Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900.
La insatisfacción con la república parlamentarista oligárquica y el temor al emergente proletariado minero y urbano se extendió también a la oficialidad del poderoso ejército chileno. Los conflictos no resueltos con nuestros tres países vecinos llevaron al Estado chileno a fortalecerlo crecientemente luego del fin de la guerra del Pacífico. Y su oficialidad –a diferencia de la Armada- fue de origen de clase media lo que fue reforzado por la propia estructura burocrática-estatal del Ejército. Es más, se podría decir que “el crecimiento de la clase media (chilena) se realiza paralelamente al proceso de profesionalización del Ejército, y ambos tienen el mismo origen. No existe propiamente una invasión del ejército por la clase media; existe más bien la formación conjunta de una clase media y de un ejército profesional. Podría decirse que, entre 1891 y 1920, nace lentamente la clase media, como clase que tiene una fracción armada” (Alain Joxe.- Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile; Edit. Universitaria, Santiago, 1970; p. 52).
Y la profesionalización del Ejército tuvo un sello particularmente autoritario: el de su prusianización, luego de la derrota del ejército de corte más bien francés que abrumadoramente había apoyado a Balmaceda en la guerra civil de 1891. Así, el general prusiano, Emil Körner, fue el virtual creador de un nuevo ejército, junto con decenas de oficiales alemanes que estuvieron varios años en nuestro país. A su vez, entre 1895 y 1910 cerca de cincuenta oficiales chilenos fueron a estudiar a Europa, particularmente en Alemania (Ver Frederick Nunn.- The Military in chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 112). Se llegó incluso al extremo de copiar hasta los reglamentos y el uniforme del ejército alemán. En todo esto influyeron las excelentes relaciones económicas, políticas y culturales que tenía el Chile de la época con la Alemania del segundo imperio, consolidadas todavía más por el total apoyo mostrado por el país germano a nuestro país en la guerra del Pacífico.
Asimismo, el Estado imperial alemán –y obviamente su ejército- se distinguía por su lucha contra el socialismo y el anarquismo que se propagaban en la Europa de la época. Así, no sólo hubo una confluencia con la oligarquía chilena en cuanto a su vocación anexionista en lo externo, sino además en relación a la idea de reprimir el creciente malestar obrero frente a la brutal explotación de que era víctima, especialmente en las duras condiciones laborales de la minería, y sin ninguna ley social que le protegiera. En este contexto, Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900. Fue “seguido por Argentina un año después, Ecuador en 1905, Bolivia en 1907, Brasil en 1908 y Perú en 1912” (Patricio Quiroga y Carlos Maldonado.- El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas; Edic. Documentas, Santiago, 1988; p. 92). Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).
Así, la “clase media militar” adquirió también –al igual que su contraparte civil- un profundo temor a los sectores populares. De este modo, en 1909, el teniente coronel, Guillermo Chaparro, sostenía: “Todos sabemos que el jornalero de nuestras grandes ciudades y el campesino se hallan contaminados con las ideas socialistas (…) jornaleros y campesinos son por lo general corrompidos y viciosos (…) A semejante elemento, hasta cierto punto refractario a las cosas militares, hay que dominarlo por la superioridad del carácter de la inteligencia” (Ibid.; p. 99).
Y, por otro lado, en la revista del Estado Mayor del Ejército, Memorial del Ejército de Chile (MECH) se postulaba una virtual militarización de la sociedad chilena: “El Ejército es la gran escuela educadora de nuestro pueblo y la verdadera base de la democracia ordenada, obediente y limpia”; “El pueblo en los cuarteles es la nación armada, es la fuerza, y naturalmente de hecho, reside en ella la real soberanía. Necesariamente el pueblo soberano, nombrando sus gobernantes por medio del sufragio e imponiendo su voluntad por medio de la fuerza armada que le da el Servicio Militar Obligatorio, tiene medios de resistir la tiranía y sofocar la revolución”; “El régimen militar (…) posee todo lo que educa: sentimientos de disciplina, repetición de actos que se fijan en la mente y se crean hábitos, sanciones ya materiales, ya morales y sobre todo uniformidad de métodos: se marcha de una sola manera, se saluda de una sola manera…” (Mariana Aylwin Oyarzún e Ignacia Alamos Varas.- Los militares en la época de don Arturo Alessandri Palma; en 7 ensayos sobre Arturo Alessandri Palma; ICHEH, Santiago, 1979; pp. 311-2).
Asimismo, como lo señala Genaro Arriagada, “es altamente ilustrativa la publicación en 1906 (en MECH) de un artículo de Gustave Le Bon, un militarista civil francés, firme partidario de las tesis del ‘darwinismo social’ y cuyo legado intelectual habría de servir de inspiración al movimiento fascista en los años 30. ‘¿Existe –se pregunta Le Bon- un medio de hacer hombres de este ejército de bachilleres y licenciados, impotentes, ridículos y nulos que la Universidad nos fabrica?’ Sí, existe, es su respuesta ‘y no hay más que uno. Consistiría en obligar a la totalidad de nuestros bachilleres y licenciados, sin excepción alguna, a prestar durante dos años el servicio militar’. Tal sería un medio que serviría, entre otras cosas, a ‘la regeneración de la raza francesa, degenerada por la Universidad’”. Además, según Arriagada, “para Le Bon la educación militar debía servir a un programa antisocialista pues el ejército era definido como ‘el último baluarte de una sociedad presa de las más profundas divisiones y pronta a disociarse según las aspiraciones de los socialistas’”. Y añade Arriagada que en 1913 la revista MECH publicó otro artículo de Le Bon donde se hacía una apología de la guerra señalando a esta como “portadora de grandes bienes, ‘desde luego la formación del alma nacional. Sólo las guerras crean y fijan esta alma’ y en la que dice que ‘sin el régimen militar obligatorio a que hoy día se encuentra sometida la población masculina de Europa, la anarquía, el socialismo y otros disolventes de la civilización moderna habrían progresado con paso de gigantes’” (El pensamiento político de los militares; CISEC, Santiago, s/f; pp. 97-8).
Reveladoramente, Arturo Alessandri ¡era también un declarado discípulo de Le Bon!, concretamente en el arte de seducir, engañar y manipular a las masas. En efecto, el filósofo de extrema derecha francés había desarrollado en su libro Sicología de las Multitudes la tesis de que “el conocimiento de la sicología de las multitudes es hoy el último recurso del hombre de Estado que quiere no gobernarlas (puesto que la cosa se ha hecho bien difícil) sino, al menos, no ser gobernado por ellas”. Y en una muestra de su absoluto desprecio por la democracia, agregaba: “Sólo profundizando algo la sicología de las muchedumbres es como se aprende la acción insignificante que las leyes y las instituciones tienen sobre ellas; cuán incapaces son de tener opiniones fuera de las que le son impuestas; que no se las conduce con reglas basadas sobre la equidad teórica pura, sino buscando aquello que pueda impresionarlas y reducirlas” (Edit. Albatros, Buenos Aires, 1958; p. 22).
De su análisis, Le Bon concluyó que “hay una ley sicológica de la unidad mental de las muchedumbres” que les da “una clase de alma colectiva que les hace pensar, sentir y obrar de una manera completamente diferente a aquella de cómo pensaría, sentiría u obraría cada uno de ellos (de los individuos que la conforman) aisladamente” (Ibid.; pp. 30-1). Además, de que “los sentimientos manifestados por una muchedumbre siempre presentan el doble carácter de ser simples y exagerados”, por lo que “sólo es impresionada por los sentimientos excesivos. El orador que quiere seducirla debe abusar de las afirmaciones violentas. Exagerar, afirmar, repetir” (Ibid.; pp. 54-6).
Así, para derrotar electoralmente a la izquierda propuso un verdadero plan de “seducción electoral de las masas” en el cual el candidato usara “expresiones análogas a la de infame, viles explotadores, el admirable obrero, la socialización de las riquezas, etc.”; y que al elector “hay que abrumarlo con lisonjas extravagantes y no vacilar en hacerle las promesas más fantásticas (…) El programa escrito del candidato no debe ser demasiado categórico para que no sirva de arma a sus adversarios: en cambio un programa verbal nunca pecará de demasiado extenso. Pueden ofrecerse sin temor las reformas más impactantes. Por lo pronto, estas exageraciones producen muy buen efecto y no comprometen para lo futuro. Se observa constantemente, en efecto, que el elector nunca se preocupa de saber hasta qué punto ha cumplido el elegido el programa proclamado y por el cual se supone que tuvo lugar la elección” (Ibid.; pp. 188-90).
Y en su campaña de 1920, Alessandri hizo “uso y abuso” de la demagogia recomendada por Le Bon. Célebres, en este sentido, se hicieron sus expresiones “mi querida chusma” y “la canalla dorada”. Sin embargo, la derecha más conservadora no comprendió el fin último -también conservador- de Alessandri. Sí lo hicieron los radicales latifundistas del sur (“de la vieja guardia”), según lo cuenta él mismo: “Ellos que me temían porque mis doctrinas sociales se hacían aparecer como subversivas, una vez que me escucharon, comprendieron que precisamente yo trataba de defender el orden público mediante la evolución requerida por los momentos históricos que vivía la humanidad” (Augusto Iglesias.- Alessandri, una etapa de la democracia en América; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1960; p. 344).
Para mayor confirmación, cuando Alessandri pasó su primer exilio en Francia (1924-25) Le Bon lo invitó a uno de sus almuerzos temáticos y le pidió que hiciese una exposición. En palabras de Alessandri, “deseaba especialmente que expusiera la aplicación que yo había dado en mi campaña electoral, de formidable renovación y progreso de las doctrinas de M. Le Bon, refiriéndome especialmente a las de su libro Sicología de las Multitudes. Cumplí la tarea encomendada en la mejor forma que pude y, al final, fui estrepitosamente aplaudido por los comensales que pasaban de treinta” (Recuerdos de gobierno, Tomo II; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 25); comensales que por cierto deben haber estado entre lo más granado de la intelectualidad fascista francesa de la época…
Y al finalizar Alessandri recuerda que “el Maestro, que así lo llamaban, me felicitó muy cordialmente y se manifestó profundamente complacido ante el inesperado éxito de este nuevo discípulo llegado de ultramar” (Ibid.; p. 26). Ciertamente que el hecho que la generalidad de la historiografía y de la educación chilena considere todavía a Alessandri como un paladín de la democracia, nos ilustra hasta qué punto conservan su fuerza nuestros mitos respecto de nuestra historia. ¡Cómo deducir que puede llegarse a una democracia a través de métodos tan engañosos de seducción y manipulación de masas! ¡Y con una finalidad de mantención esencial de un orden oligárquico! Todo esto sin contar siquiera la orden o convalidación de Alessandri de grandes o gigantescas masacres efectuadas por el Ejército o Carabineros en contra de obreros, campesinos, estudiantes o empleados como las de San Gregorio (1921), La Coruña (1925), Ranquil (1934) y del Seguro Obrero (1938)…
