Ecuador, inmerso en una ola de violencia sin precedentes, enfrenta una crisis profunda que refleja las consecuencias del neoliberalismo desenfrenado. Esta política ha desgarrado el tejido social y económico del país, llevándolo a un aumento alarmante de fenómenos como el transporte de drogas, el sicariato y la trata de personas. Estos hechos no son aislados, sino resultado directo de la falta de oportunidades, derechos sociales y una cohesión comunitaria erosionada.
La situación se complica aún más con la racialización de la delincuencia. En los medios, son principalmente los jóvenes racializados quienes aparecen como «responsables de la violencia», ignorando su rol como mano de obra descartable del narcotráfico. Esta perspectiva sesgada oculta las verdaderas causas de la criminalidad: un empresariado ecuatoriano cada vez más involucrado en negocios medio legales y medio ilegales, y una clase política cooptada por este modelo de funcionamiento. Tanto los progresistas, que construyen las cárceles, como la derecha, que promueve la militarización, terminan dejando al pueblo encarcelado o muerto.
Ecuador se ha convertido en un nodo logístico clave para el tráfico de drogas hacia los mercados emergentes de Asia y los tradicionales de Europa. La novedad reside en la mafia albanesa, que opera sin intermediarios en Ecuador desde la pandemia, compitiendo con otros carteles y mafias locales por las rutas de la droga. Este panorama se oscurece aún más por la vinculación de la alta clase dirigente, incluyendo a la familia del expresidente Guillermo Lasso, con mafias y redes de corrupción.
Dentro de las alternativas populares que se vislumbran, destaca el manifiesto «Contra la Guerra en Ecuador, América Latina y el Mundo» este texto trata la urgencia de abordar estas problemáticas con un enfoque en la justicia social y la paz. Se critica la estrategia de guerra del gobierno ecuatoriano, que ha intensificado la militarización y paramilitarización del conflicto social, afectando sobre todo a las provincias y barrios empobrecidos, así como a las poblaciones en las prisiones.
La guerra contra el narcotráfico ha cobrado miles de vidas, representando un genocidio silencioso. Se pide el cese de la militarización y la adopción de políticas de desarme y contención del contrabando de armas. Se exige un cambio en las políticas estatales, invirtiendo en educación, salud y prevención para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de empresarios mafiosos.
La necesidad imperativa de repensar las políticas públicas, poniendo fin a la guerra y desarrollando estrategias que reactiven oportunidades para una vida digna, es fundamental. Se debe reconstruir la comunidad, basándose en el amor, la solidaridad, el feminismo antirracista y la defensa de los derechos humanos. Solo así, Ecuador podrá superar esta crisis y forjar un futuro más justo y equitativo para todos sus habitantes.
