ANALISIS DE COYUNTURA (ENERO- ABRIL DE 2026)
Por La Comunidad
A modo de presentación
El presente documento de análisis de coyuntura elaborado por las y los compañeros de La Comunidad surge en un momento de profundas transformaciones y crisis múltiples a escala global, regional y territorial. Más que una simple recopilación de acontecimientos, este texto busca ofrecer una lectura crítica de las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales que atraviesan actualmente al capitalismo contemporáneo y a los pueblos que resisten sus distintas formas de dominación.
La coyuntura que vivimos no puede entenderse como una suma aislada de hechos. La guerra imperialista contra Irán, el avance de las derechas autoritarias en América Latina, la expansión de la Inteligencia Artificial como nueva frontera de acumulación capitalista, la ofensiva extractivista sobre los territorios, la militarización del Wallmapu o el deterioro social en Chile forman parte de un mismo proceso histórico: la crisis orgánica del capitalismo global y los intentos de las élites por reorganizar su poder frente al agotamiento de las formas tradicionales de legitimidad.
A nivel internacional, el debilitamiento relativo de la hegemonía estadounidense, el avance de un mundo multipolar y las crecientes disputas por rutas energéticas, minerales estratégicos, agua y control tecnológico muestran que el capitalismo entra en una fase de competencia cada vez más agresiva. La guerra ya no aparece únicamente como confrontación militar clásica, sino también como disputa financiera, tecnológica, mediática, territorial y ecológica.
En América Latina, esta crisis adopta formas específicas. El ascenso de gobiernos de derecha radical como los de Milei, Kast o Bukele expresa una ofensiva del capital financiero y extractivista que combina neoliberalismo extremo con autoritarismo político, militarización y control social. Al mismo tiempo, el continente vuelve a convertirse en territorio estratégico para las potencias globales debido a sus enormes reservas de cobre, litio, agua, biodiversidad y energía.
Chile ocupa un lugar particularmente significativo dentro de este escenario. El gobierno de Kast impulsa una reorganización neoliberal autoritaria del Estado mediante ajustes estructurales, debilitamiento de derechos sociales, flexibilización ambiental y fortalecimiento de aparatos represivos. La llamada “Megarreforma” representa un intento de restauración conservadora posterior al ciclo abierto por la rebelión popular de octubre de 2019.
El caso del Wallmapu ocupa un lugar central en este análisis porque allí se condensan algunas de las principales contradicciones de la época: colonialismo interno, militarización, extractivismo, criminalización de pueblos indígenas y defensa comunitaria del territorio. La violencia contra comunidades mapuche y defensores ambientales revela hasta qué punto el capitalismo contemporáneo necesita recurrir crecientemente a mecanismos coercitivos para garantizar control sobre recursos estratégicos y territorios en disputa.
Sin embargo, junto a esta ofensiva también persisten y reaparecen formas de resistencia popular. Las movilizaciones secundarias en Santiago, las luchas territoriales en Wallmapu, las organizaciones socioambientales, las experiencias feministas, docentes y comunitarias muestran que el tejido social no ha desaparecido completamente. Aunque fragmentadas, estas resistencias continúan expresando la posibilidad de construir alternativas frente al avance del capital y el autoritarismo.
Este documento no pretende ofrecer verdades cerradas ni análisis acabados. Busca contribuir a la reflexión política colectiva desde una perspectiva crítica, popular, antiimperialista y anticapitalista, entendiendo que la lectura de coyuntura no consiste solamente en describir hechos, sino en identificar relaciones de fuerza, tendencias históricas y posibilidades de transformación.
Comprender la coyuntura implica reconocer que vivimos un período de transición e inestabilidad donde se enfrentan distintos proyectos de sociedad. Las élites económicas intentan resolver la crisis mediante más extractivismo, más militarización, más precarización y más control social. Los pueblos, por su parte, continúan buscando formas de organización, resistencia y construcción de horizontes emancipatorios en medio de condiciones extremadamente adversas.
La tarea central sigue siendo transformar la fragmentación de las resistencias en fuerza política organizada, capaz de disputar no sólo gobiernos o reformas parciales, sino también el sentido profundo del modelo civilizatorio actualmente en crisis. Porque la disputa de fondo no es únicamente económica o institucional: es una disputa por la vida, los territorios, la memoria y el futuro de los pueblos.
1. La guerra imperialista contra Irán y la disputa por el control de los estrechos
La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase de alta inestabilidad estratégica que excede con mucho el conflicto bilateral. Lo que está en disputa no es únicamente el programa militar iraní ni la influencia regional de Teherán: lo que se juega es el control de los corredores energéticos del capitalismo global y la capacidad efectiva de Estados Unidos de seguir actuando como garante unilateral del orden imperial.
El Estrecho de Ormuz —por donde circula una parte decisiva del petróleo y gas mundial— se ha convertido nuevamente en el punto neurálgico de la crisis. Sin embargo, el rasgo más relevante del momento es que Estados Unidos comienza a mostrar límites concretos para controlar la escalada que él mismo impulsó. La estrategia de presión máxima, bloqueo marítimo, amenazas militares y despliegue naval no ha logrado quebrar la capacidad iraní de sostener operaciones asimétricas ni de alterar el flujo comercial internacional. Por el contrario, Irán ha demostrado que posee herramientas suficientes para transformar Ormuz en un espacio de desgaste permanente para la hegemonía estadounidense.
La guerra deja entonces de ser una operación rápida de disciplinamiento imperial y comienza a adquirir rasgos de conflicto prolongado, regionalizado y económicamente costoso. Cada ataque sobre buques, cada interrupción parcial del tránsito marítimo y cada alza del precio energético expresa una pérdida relativa de capacidad de control estadounidense sobre una zona que históricamente consideró bajo su tutela estratégica.
Esta situación revela un problema estructural más profundo: el imperialismo norteamericano ya no posee la misma capacidad de ordenar políticamente a sus aliados ni de aislar completamente a sus enemigos. La arquitectura unipolar surgida tras la Guerra Fría muestra signos de agotamiento acelerado.
En este contexto adquiere enorme relevancia el posicionamiento de actores regionales históricamente vinculados a la OTAN o al bloque occidental. Turquía, por ejemplo, ha manifestado crecientes tensiones con Estados Unidos e Israel, rechazando abiertamente operaciones de escalada militar contra Irán y denunciando el carácter desestabilizador de la ofensiva israelí en Medio Oriente. Este movimiento no responde únicamente a principios diplomáticos: expresa la búsqueda de autonomía regional de potencias intermedias que intentan reposicionarse en el nuevo escenario multipolar.
La postura turca es significativa porque muestra fisuras dentro del propio bloque occidental. Un miembro histórico de la OTAN comienza a distanciarse parcialmente de la estrategia estadounidense debido a sus propios intereses energéticos, comerciales y geopolíticos. Esto evidencia que la crisis actual no divide simplemente “Occidente versus Oriente”, sino que reconfigura alianzas de manera mucho más compleja e inestable.
Al mismo tiempo, otros países cercanos o asociados a Irán —como Irak, Siria, Qatar e incluso sectores políticos del Golfo Pérsico— observan con preocupación la posibilidad de que la guerra destruya los equilibrios regionales y afecte directamente sus economías. China y Rusia, aunque evitando por ahora una intervención directa, fortalecen sus vínculos diplomáticos y comerciales con Teherán, conscientes de que una derrota iraní consolidaría nuevamente el control energético estadounidense sobre Eurasia.
La importancia de los estrechos marítimos adquiere así una dimensión global. Ormuz, Bab el-Mandeb y el Canal de Suez aparecen como nodos críticos del comercio planetario. La disputa por estos corredores revela que el capitalismo contemporáneo depende profundamente de cadenas logísticas vulnerables, y que el control militar de esos puntos estratégicos sigue siendo central para la acumulación capitalista global.
Desde una lectura antiimperialista, la agresión contra Irán no puede interpretarse como una “guerra por la democracia” ni como una operación defensiva. Se trata de una ofensiva destinada a asegurar rutas energéticas, disciplinar procesos de autonomía regional y sostener una hegemonía en declive mediante mecanismos militares. Sin embargo, también resulta necesario evitar cualquier idealización acrítica de las potencias emergentes o de los gobiernos regionales en disputa. Lo que emerge es un mundo crecientemente multipolar, atravesado por bloques capitalistas en competencia, donde los pueblos corren el riesgo de transformarse nuevamente en carne de cañón de disputas interimperiales.
Desde la perspectiva anterior, mientras Estados Unidos conserva una enorme capacidad militar destructiva, pierde progresivamente capacidad política para estabilizar los territorios y conflictos que interviene. Ese desfase entre poder militar y legitimidad política constituye uno de los signos más claros de la crisis de hegemonía del imperialismo contemporáneo.
2. El nuevo desorden mundial: crisis interna de EEUU, debilitamiento europeo y reconfiguración multipolar
La transición hacia un orden multipolar no ocurre únicamente por el ascenso económico y geopolítico de China o por la consolidación militar rusa. También ocurre porque el propio centro imperial estadounidense atraviesa crecientes fracturas internas que debilitan su capacidad de conducción global. La crisis de hegemonía ya no es sólo externa: atraviesa el corazón político, racial, social y cultural de Estados Unidos.
La administración de Donald Trump enfrenta un deterioro progresivo de legitimidad interna. Diversas encuestas muestran una caída sostenida de su aprobación, particularmente en materias migratorias y de política exterior[1]. La política de deportaciones masivas, militarización fronteriza y persecución contra migrantes ha profundizado tensiones raciales históricas, especialmente tras episodios de violencia vinculados a operativos de ICE y asesinatos ocurridos durante redadas migratorias[2].
La cuestión migratoria se transforma así en un terreno central de disputa política y civilizatoria dentro de EEUU. El trumpismo intenta reorganizar la hegemonía interna mediante una combinación de nacionalismo blanco, militarización, xenofobia y restauración autoritaria. La figura del “enemigo interno” —migrantes, afroamericanos movilizados, movimientos antirracistas, activistas palestinos, sindicatos radicalizados— cumple una función de cohesión política para sectores de la derecha estadounidense afectados por la crisis económica, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida.
Sin embargo, esta ofensiva también genera resistencias crecientes. Dentro de Estados Unidos emergen múltiples experiencias organizativas que disputan el sentido del momento histórico: redes de apoyo a migrantes, organizaciones afroamericanas, movimientos estudiantiles contra la guerra, sindicatos combativos, colectivos feministas y estructuras comunitarias que resisten tanto el autoritarismo estatal como el deterioro social neoliberal. Las protestas contra las redadas migratorias y contra la militarización interna muestran que existe un conflicto abierto dentro del propio territorio imperial[3].
Resulta fundamental dialogar políticamente con esas experiencias de resistencia. La crisis estadounidense no debe analizarse únicamente como una disputa entre élites. Existe también una lucha social interna donde sectores populares intentan enfrentar la deriva autoritaria, racista y militarista del trumpismo. Allí aparecen posibilidades de articulación internacionalista entre luchas antiimperialistas, antirracistas y obreras. En ese marco, los contactos políticos y organizativos que algunos compañeros mantienen con experiencias de base en EEUU adquieren importancia estratégica para comprender las contradicciones reales que atraviesan al imperialismo contemporáneo.
Paralelamente, Europa vive un debilitamiento acelerado. La guerra prolongada en Ucrania, la dependencia energética, la subordinación militar a la OTAN y las tensiones económicas con Washington profundizan la fragmentación europea. La propia administración Trump ha tensionado abiertamente las relaciones transatlánticas, promoviendo discursos hostiles hacia la Unión Europea y alentando fuerzas ultranacionalistas dentro del continente[4].
La Unión Europea aparece cada vez más incapaz de actuar como bloque político coherente. Alemania enfrenta desaceleración industrial; Francia vive crisis de legitimidad interna; Europa del Este profundiza tendencias autoritarias; mientras sectores de extrema derecha avanzan electoralmente alimentados por el miedo migratorio y la inseguridad económica. El europeísmo liberal pierde capacidad de ofrecer estabilidad y bienestar.
Este debilitamiento europeo ocurre al mismo tiempo que crecen resistencias en África frente a las viejas formas de dominación colonial. Países del Sahel como Mali, Burkina Faso y Níger han desplazado presencia militar francesa y cuestionan abiertamente la tutela occidental sobre sus recursos naturales y estructuras políticas. África comienza a transformarse en uno de los territorios decisivos de la disputa multipolar: allí convergen intereses estadounidenses, europeos, rusos y chinos en torno a minerales estratégicos, corredores logísticos y control militar.
La presencia rusa y china en África no responde a una lógica altruista, sino a la construcción de nuevas zonas de influencia dentro del reordenamiento global. Sin embargo, el retroceso francés y europeo muestra que el viejo colonialismo occidental enfrenta crecientes límites políticos y militares en territorios donde durante décadas actuó con relativa impunidad.
En este escenario también adquiere relevancia el fortalecimiento del vínculo entre Rusia, China y Cuba. Ambos países han incrementado cooperación económica, energética, diplomática y tecnológica con la isla frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las amenazas directas de Washington. Cuba posee para Rusia y China un valor estratégico, simbólico e histórico que excede su dimensión económica: representa un enclave político antiestadounidense en el Caribe y un punto de apoyo geopolítico cercano al territorio norteamericano.
La diferencia con Venezuela radica en varios factores. En el caso venezolano, Rusia y China privilegiaron durante años una lógica más pragmática y cautelosa, evitando involucrarse militarmente de manera directa para no escalar una confrontación hemisférica abierta con EEUU. Además, Venezuela posee una economía mucho más integrada al mercado petrolero global y una estructura estatal atravesada por fuertes tensiones internas, corrupción y dependencia extractivista.
Cuba, en cambio, mantiene un peso simbólico excepcional dentro de la memoria histórica antiimperialista mundial. La isla continúa representando la supervivencia de un proceso revolucionario que resistió décadas de bloqueo, sabotaje y aislamiento. Para Rusia y China, sostener a Cuba también implica disputar legitimidad política en América Latina y mostrar capacidad de desafiar la hegemonía estadounidense en su propia zona histórica de influencia.
No obstante, el apoyo ruso y chino tiene límites claros. Ninguna de estas potencias actúa desde principios internacionalistas revolucionarios; actúan desde intereses estratégicos de Estado. La multipolaridad emergente no elimina las relaciones de dominación capitalista: las reconfigura.
3. La Inteligencia Artificial como nueva frontera del capital, crisis ecológica y disputa por la verdad
La expansión acelerada de la Inteligencia Artificial no constituye únicamente una transformación tecnológica. Representa una nueva fase de reorganización del capitalismo global, donde el control de los datos, la automatización del trabajo y la infraestructura digital pasan a convertirse en pilares estratégicos de acumulación. La IA aparece presentada por las élites políticas y empresariales como progreso inevitable, neutral y modernizador, pero en realidad expresa una ofensiva integral del capital sobre el trabajo, los territorios y la producción de verdad social.
Uno de los aspectos menos discutidos de esta expansión tecnológica es su profundo impacto ambiental. La llamada “economía de la inteligencia artificial” depende de gigantescos centros de datos, sistemas de enfriamiento, minería de minerales estratégicos y consumo energético permanente. Detrás de cada modelo de IA existen infraestructuras materiales que requieren cantidades masivas de agua y electricidad para sostener el procesamiento computacional.
Los grandes centros de datos instalados por corporaciones tecnológicas consumen millones de litros de agua para refrigerar servidores y evitar colapsos térmicos. Esto conecta directamente el desarrollo de la IA con los conflictos socioambientales contemporáneos, especialmente en territorios afectados por sequía[5], extractivismo y privatización hídrica. El capitalismo digital no reemplaza el extractivismo tradicional: lo profundiza bajo nuevas formas tecnológicas.
La disputa por el agua comienza así a adquirir una dimensión tecnológica y geopolítica. Regiones pobres en recursos hídricos, comunidades rurales e incluso ciudades completas enfrentan presión creciente debido a la instalación de infraestructura digital intensiva. Lo que se presenta como “innovación limpia” es, muchas veces, una nueva modalidad de acumulación por despojo ambiental. La nube digital tiene una base profundamente material: minerales, energía, trabajo precarizado y agua extraída de territorios populares.
Al mismo tiempo, la IA acelera la precarización laboral a escala global. La automatización no está siendo utilizada para reducir la jornada laboral ni democratizar el conocimiento, sino para aumentar la rentabilidad empresarial y debilitar derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora. Sectores completos del trabajo intelectual, administrativo, creativo y comunicacional comienzan a ser fragmentados, externalizados y sometidos a nuevas formas de control algorítmico.
El trabajador contemporáneo ya no sólo enfrenta explotación salarial clásica; enfrenta también vigilancia digital permanente, evaluación automatizada, plataformas que regulan productividad en tiempo real y reemplazo progresivo de funciones humanas por sistemas de IA entrenados precisamente con trabajo humano previamente extraído. El capital convierte así el conocimiento colectivo acumulado por generaciones en propiedad privada automatizada.
La precarización adquiere además un carácter invisibilizado. Miles de trabajadores del Sur global realizan tareas de etiquetado de datos, moderación de contenido, entrenamiento de algoritmos y limpieza digital bajo condiciones extremadamente precarias, salarios bajos y graves afectaciones psicológicas. La “inteligencia” artificial descansa sobre enormes masas de trabajo humano oculto.
En educación, periodismo, arte y producción cultural, la IA también se transforma en mecanismo de disciplinamiento. Se debilitan derechos de autor, se abaratan procesos creativos y se impulsa una lógica de productividad permanente donde importa más la velocidad de generación de contenido que la reflexión crítica o la experiencia humana concreta. La cultura comienza a ser tratada como simple insumo estadístico para alimentar modelos corporativos.
Pero quizás uno de los aspectos políticamente más peligrosos de esta nueva fase tecnológica es la crisis de verdad que produce. La IA facilita la generación masiva de imágenes falsas, noticias fabricadas, manipulación audiovisual y contenidos diseñados para influir emocionalmente sobre grandes masas de población. El capitalismo digital no sólo disputa mercados: disputa la capacidad misma de construir realidad social.
La proliferación de datos falsos y narrativas automatizadas fortalece el escenario de posverdad contemporánea. La sobreabundancia informativa ya no produce mayor conocimiento; muchas veces produce desorientación política, fragmentación de la experiencia colectiva y debilitamiento de los consensos mínimos sobre la realidad. La verdad se transforma en un campo de disputa algorítmica administrado por corporaciones tecnológicas y aparatos políticos.
Esto tiene consecuencias profundas para las democracias contemporáneas y para las luchas populares. Los sistemas de IA pueden amplificar discursos racistas, campañas de odio, operaciones psicológicas y manipulación electoral a velocidades inéditas. La extrema derecha internacional ha demostrado gran capacidad para utilizar redes sociales, automatización y desinformación digital como herramientas de radicalización política.
A la vez, los propios algoritmos reproducen sesgos estructurales del capitalismo contemporáneo: racismo, clasismo, patriarcado y colonialismo de datos. La IA no surge desde un vacío neutral; surge desde sociedades profundamente desiguales y tiende a reforzar esas desigualdades si permanece bajo control corporativo.
La disputa entonces no es entre “tecnología sí o no”, sino sobre quién controla la tecnología, para qué fines y bajo qué formas de organización social. La IA podría utilizarse para reducir trabajos alienantes, democratizar acceso al conocimiento o fortalecer planificación ecológica. Bajo el capitalismo actual ocurre lo contrario: se utiliza para aumentar concentración económica, vigilar poblaciones, precarizar trabajadores y profundizar el extractivismo ambiental.
4. El auge liberfascista en el Cono Sur: Milei, Kast, Bukele y la ofensiva autoritaria del capital
La coyuntura latinoamericana muestra la consolidación de una nueva derecha radical que combina neoliberalismo extremo, autoritarismo punitivo, conservadurismo moral y crisis de representación democrática. Aunque frecuentemente se utiliza el concepto de “fascismo” para describir estos procesos, resulta más preciso comprender que estamos ante una configuración política híbrida y contemporánea, distinta de los fascismos clásicos del siglo XX.
A diferencia del fascismo histórico —que tendía a subordinar parcialmente al gran capital a proyectos nacional-estatistas y corporativos— las nuevas derechas latinoamericanas se articulan directamente con el capital financiero global, las corporaciones tecnológicas, los fondos de inversión y las élites extractivistas. No buscan reemplazar el neoliberalismo: buscan radicalizarlo mediante formas crecientemente autoritarias de gobierno.
Por ello emerge con fuerza el concepto de “liberfascismo” o “liberfascismo neoliberal”: una síntesis entre ultraliberalismo económico y endurecimiento represivo del Estado. Se trata de gobiernos que promueven privatización extrema, destrucción de derechos sociales, desregulación ambiental y flexibilización laboral, mientras simultáneamente fortalecen aparatos policiales, discursos de odio, militarización interna y persecución política.
En Argentina, Javier Milei representa la expresión más explícita de esta tendencia. Su proyecto combina ajuste estructural, destrucción del aparato público, ataque sistemático a sindicatos y políticas de shock económico con una narrativa antipolítica, agresiva y profundamente individualista. El Estado aparece presentado como enemigo absoluto, excepto en su función represiva. La “libertad” proclamada por el mileísmo se traduce en mayor poder para los mercados y menor protección para las mayorías populares.
En Chile, José Antonio Kast avanza en una dirección similar. Su proyecto de “reconstrucción nacional” articula ofensiva neoliberal, conservadurismo valórico y fortalecimiento de mecanismos de control social. La militarización del Wallmapu, la rehabilitación simbólica del pinochetismo, la flexibilización ambiental y la llamada “megarreforma” expresan un intento de reorganización autoritaria del modelo chileno en medio de la crisis de legitimidad abierta tras la rebelión de octubre de 2019.
Pero quizás el caso más paradigmático del momento es Nayib Bukele en El Salvador. Bukele ha logrado consolidar un modelo político extremadamente influyente para las nuevas derechas regionales: neoliberalismo digital, concentración personalista del poder, militarización permanente y legitimidad basada en la seguridad. Su régimen utiliza masivamente redes sociales, marketing político y espectacularización del castigo para construir consenso.
El bukelismo representa una innovación importante: ya no necesita justificar plenamente el autoritarismo mediante discursos ideológicos tradicionales. Le basta ofrecer orden, control y estabilidad frente al miedo social producido por décadas de violencia, desigualdad y abandono estatal. El encarcelamiento masivo, la suspensión prolongada de garantías constitucionales y la naturalización del estado de excepción se transforman así en herramientas legitimadas por amplios sectores sociales agotados por la inseguridad.
Este modelo comienza a irradiar influencia sobre toda América Latina. Sectores conservadores en distintos países proponen replicar “la solución Bukele” frente al crimen organizado, incluso a costa de derechos humanos básicos. La seguridad pasa a convertirse en el principal dispositivo de reorganización autoritaria de la política regional.
En Perú, la posibilidad de un retorno del fujimorismo adquiere nuevamente relevancia en medio de la crisis institucional permanente que atraviesa el país. El legado de Alberto Fujimori —autoritarismo neoliberal, militarización, persecución política y subordinación económica al capital transnacional— sigue operando como referencia para sectores empresariales y conservadores que buscan estabilizar el país mediante soluciones de fuerza. La figura de Keiko Fujimori continúa representando esa tradición política, incluso después del desgaste acumulado del fujimorismo histórico.
La persistencia de estas tendencias no puede explicarse únicamente por manipulación mediática o conspiraciones de élite. Existe una base material profunda: décadas de precarización social, debilitamiento de organizaciones populares, fragmentación comunitaria, endeudamiento masivo y deterioro de expectativas colectivas. La crisis del neoliberalismo no produjo automáticamente alternativas emancipadoras; también abrió espacio para salidas autoritarias que capitalizan el miedo, la frustración y el desencanto.
En otros países de la región también aparecen señales preocupantes. En Ecuador se fortalece una lógica de securitización extrema bajo influencia estadounidense. En Brasil, aunque Bolsonaro fue derrotado electoralmente, el bolsonarismo permanece como fuerza social organizada dentro de policías, iglesias evangélicas, sectores militares y redes digitales. En Paraguay continúan consolidándose estructuras profundamente conservadoras ligadas al agronegocio y al poder oligárquico tradicional. En Centroamérica, distintas élites observan el modelo salvadoreño como horizonte posible de gobernabilidad autoritaria.
Al mismo tiempo, estas derechas construyen articulaciones transnacionales cada vez más coordinadas. Think tanks neoliberales, plataformas digitales, iglesias conservadoras, empresarios tecnológicos y operadores políticos internacionales generan redes ideológicas que atraviesan toda América Latina. La extrema derecha contemporánea aprende rápidamente, comparte estrategias comunicacionales y se adapta con eficacia a las nuevas tecnologías de propaganda.
Sin embargo, la situación sigue siendo contradictoria e inestable. Estos proyectos autoritarios logran apoyo electoral y social porque emergen sobre sociedades profundamente fracturadas por el propio neoliberalismo. Pero sus políticas económicas tienden a profundizar aún más las desigualdades estructurales que alimentan el malestar social. El mismo ajuste que fortalece temporalmente a estas derechas puede producir futuras explosiones de conflictividad popular.
5. El imperialismo en casa latinoamericana: recolonización, militarización y disputa por la soberanía territorial
La coyuntura latinoamericana continúa marcada por un proceso de recolonización múltiple donde el imperialismo ya no opera únicamente mediante invasiones militares directas, sino también a través de endeudamiento, subordinación tecnológica, control energético, alianzas securitarias y penetración territorial del capital transnacional. América Latina vuelve a convertirse en espacio estratégico de disputa geopolítica en un contexto de crisis global, transición multipolar y creciente militarización.
El caso peruano sigue siendo ilustrativo de esta lógica. La compra de armamento estadounidense, las presiones diplomáticas y la subordinación de las Fuerzas Armadas a doctrinas de seguridad impulsadas desde Washington muestran cómo EEUU intenta reforzar su influencia militar en la región ante el debilitamiento de su hegemonía global. La dependencia tecnológica y militar continúa funcionando como mecanismo de disciplinamiento político sobre gobiernos latinoamericanos.
Pero la recolonización contemporánea ya no ocurre solamente mediante bases militares o tratados comerciales. También avanza mediante el control territorial indirecto, la apropiación de recursos estratégicos y la transformación de territorios completos en zonas de extracción energética, turística o logística al servicio del capital global.
En este contexto han reaparecido debates y preocupaciones respecto a la Patagonia como territorio estratégico mundial. El enorme valor geopolítico de la región —por sus reservas de agua dulce, minerales, biodiversidad, capacidad energética y posición bioceánica— convierte al sur argentino y chileno en espacio de interés para corporaciones, fondos internacionales y potencias extranjeras.
Durante los últimos meses circularon múltiples rumores y teorías sobre una supuesta “invasión israelí” o planes de asentamiento territorial en la Patagonia vinculados a incendios forestales y compras de tierras. Diversas verificaciones periodísticas y judiciales no encontraron evidencia concreta que respalde la existencia de un plan militar o colonizador israelí organizado sobre la Patagonia.
Resulta importante distinguir críticamente entre preocupaciones legítimas sobre soberanía territorial y narrativas conspirativas sin sustento verificable. No existe evidencia de una invasión israelí organizada ni de bases militares israelíes en la Patagonia. Sin embargo, sí existe un fenómeno real y estructural: la creciente extranjerización de tierras, la expansión de capitales transnacionales sobre territorios estratégicos y el debilitamiento deliberado de regulaciones soberanas bajo gobiernos neoliberales.
En Argentina, las políticas de Javier Milei han favorecido una apertura extrema a inversiones extranjeras, debilitando mecanismos históricos de control estatal sobre recursos estratégicos y territorios sensibles. La derogación o flexibilización de normativas sobre propiedad de tierras, sumada al desmantelamiento de políticas ambientales y al debilitamiento del Estado, alimenta percepciones sociales de pérdida de soberanía nacional. Al mismo tiempo, los incendios forestales en la Patagonia expusieron recortes drásticos en prevención ambiental y manejo del fuego.
La discusión de fondo no debería centrarse en teorías conspirativas étnicas o nacionalistas, sino en cómo el capitalismo global transforma territorios completos en mercancías estratégicas. El problema central no es una supuesta “colonización secreta”, sino la lógica estructural mediante la cual fondos de inversión, corporaciones energéticas y capitales internacionales avanzan sobre agua, minerales, tierras y biodiversidad en contextos de crisis climática global.
La Patagonia aparece cada vez más como territorio codiciado precisamente porque concentra uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI: el agua. En un escenario mundial de crisis hídrica, desertificación y colapso ecológico, los territorios con abundancia relativa de agua dulce adquieren importancia geopolítica creciente. La disputa futura por recursos naturales probablemente tendrá como eje no sólo el petróleo o el litio, sino también el control del agua y de territorios ambientalmente habitables.
En paralelo, Cuba continúa representando uno de los principales objetivos de asfixia imperial en América Latina. El bloqueo estadounidense —sostenido durante décadas— ha generado graves efectos sobre abastecimiento energético, acceso a medicamentos, infraestructura y capacidad económica de la isla. La crisis cubana actual no puede analizarse desconectada de ese cerco económico permanente.
Sin embargo, la situación cubana también expresa contradicciones internas acumuladas: deterioro productivo, burocratización estatal, migración masiva de jóvenes, desgaste político generacional y dificultades para sostener un modelo económico viable bajo condiciones extremas de bloqueo y presión internacional.
En este escenario, Rusia y China han reforzado cooperación energética, tecnológica y financiera con Cuba. La isla posee para ambas potencias un valor estratégico y simbólico considerable: representa un enclave político antiestadounidense en el Caribe y un punto de apoyo diplomático en América Latina frente a la influencia histórica de Washington.
El apoyo ruso y chino a Cuba responde también a razones geopolíticas más amplias. Frente a la expansión de la OTAN, las sanciones occidentales y la disputa global con EEUU, sostener alianzas en América Latina adquiere importancia para ambas potencias. Cuba funciona como símbolo de resistencia antiestadounidense y como espacio potencial de proyección diplomática y tecnológica.
Pero este respaldo tiene límites evidentes. Rusia y China no actúan desde una lógica internacionalista revolucionaria, sino desde intereses estatales estratégicos. Ninguna de las dos potencias busca una confrontación militar directa con EEUU en América Latina. Su apoyo tiende a concentrarse en asistencia económica, cooperación energética y respaldo diplomático antes que en intervenciones abiertas.
La realidad cubana muestra así una doble tensión: por un lado, resiste el asedio imperial más prolongado del continente; por otro, enfrenta desafíos internos enormes para sostener condiciones de vida dignas y evitar que el desgaste económico erosione las bases sociales de la revolución.
La región, evidencia entonces una nueva fase de disputa imperial donde soberanía territorial, recursos naturales, militarización y crisis ecológica aparecen crecientemente articulados. América Latina vuelve a ser concebida como reserva estratégica de minerales, energía, agua y biodiversidad para un capitalismo global en crisis.
6. La disputa por los recursos naturales: corredores bioceánicos, crisis de CODELCO y recolonización extractivista
La disputa por los recursos naturales en América Latina entra en una nueva fase marcada por la convergencia entre extractivismo minero, infraestructura transnacional y reconfiguración geopolítica continental. El cobre, el litio, el agua y las llamadas “tierras estratégicas” se transforman en piezas centrales de la transición energética global y de la competencia entre grandes potencias. América Latina aparece nuevamente como territorio de sacrificio al servicio de la acumulación capitalista mundial.
En este contexto, el anuncio de reactivación y construcción del Túnel de Agua Negra —que uniría Argentina y Chile a través de la cordillera, conectando San Juan con los puertos del Pacífico— adquiere enorme relevancia estratégica. El proyecto no puede entenderse simplemente como una obra de integración vial o modernización logística. Forma parte de una arquitectura continental mucho más amplia vinculada a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), impulsada históricamente para facilitar la circulación de mercancías, minerales y exportaciones hacia los mercados globales.
La lógica de estos corredores bioceánicos responde principalmente a las necesidades del capital transnacional y de las economías extractivas orientadas a exportación. El objetivo central es acelerar el traslado de minerales, productos agroindustriales y recursos estratégicos desde territorios interiores hacia puertos conectados con Asia-Pacífico, especialmente China.
En el caso argentino, el corredor permitiría reducir costos logísticos para la exportación de cobre, litio y otros minerales provenientes del noroeste y centro del país hacia el océano Pacífico. La infraestructura deja así de ser neutral: se transforma en dispositivo geopolítico al servicio de la reprimarización exportadora y de la integración subordinada de América Latina al mercado mundial.
La IIRSA, al parecer olvidada, pero muy presente, es una expresión territorial del extractivismo latinoamericano. Carreteras, túneles, puertos, hidrovías y corredores ferroviarios son diseñados principalmente para facilitar la extracción intensiva de recursos naturales, muchas veces pasando por encima de comunidades indígenas, ecosistemas frágiles y formas de vida campesinas.
La retórica oficial presenta estos proyectos como “desarrollo”, “integración regional” o “progreso”, pero frecuentemente implican profundización de la dependencia económica, expansión de zonas de sacrificio ambiental y mayor subordinación de las economías latinoamericanas a las necesidades energéticas e industriales de las grandes potencias.
En Chile, esta coyuntura se vuelve aún más contradictoria debido a la situación de CODELCO. La empresa estatal, históricamente símbolo de soberanía nacional sobre el cobre tras la nacionalización impulsada durante el gobierno de Salvador Allende, atraviesa una crisis compleja marcada por caída productiva, endeudamiento, problemas de gestión, envejecimiento de yacimientos y enormes costos de modernización tecnológica.
La disminución de excedentes de CODELCO ha sido utilizada crecientemente por sectores neoliberales y empresariales para instalar nuevamente discursos privatizadores. Bajo el argumento de “ineficiencia estatal”, se promueve una narrativa según la cual la minería pública sería incapaz de competir globalmente sin apertura masiva al capital privado.
Sin embargo, la crisis de CODELCO no puede analizarse aislada de décadas de desinversión relativa, subordinación a criterios financieros, expansión del modelo concesional privado y dependencia estructural de la exportación primaria. El problema no es simplemente “mala gestión”, sino la inserción subordinada de Chile en una economía mundial basada en extracción intensiva de materias primas sin soberanía tecnológica ni industrialización avanzada.
La posible privatización parcial o debilitamiento progresivo de CODELCO tendría implicancias históricas profundas. Significaría avanzar hacia el cierre definitivo de uno de los últimos símbolos materiales de soberanía económica construidos en el ciclo abierto por las luchas populares del siglo XX chileno. El cobre dejaría de ser incluso formalmente concebido como recurso estratégico nacional para convertirse plenamente en mercancía administrada por capitales transnacionales.
A esto se suma un fenómeno más amplio: la transición energética global está generando una nueva fiebre extractiva sobre América Latina. La demanda internacional por cobre y litio crece aceleradamente debido a la expansión de autos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, infraestructura digital y energías renovables. Paradójicamente, la llamada “economía verde” capitalista amenaza con profundizar nuevas formas de devastación ambiental y despojo territorial en el Sur global.
La minería “verde” continúa dependiendo de consumo intensivo de agua, destrucción ecosistémica, contaminación y desplazamiento de comunidades. La transición energética impulsada por las grandes potencias no cuestiona la lógica de acumulación infinita; simplemente reemplaza ciertas matrices energéticas manteniendo intacta la estructura extractivista global.
En este escenario, Chile y Argentina comienzan a configurarse como eje estratégico sudamericano del cobre y litio. La articulación entre corredores bioceánicos, capital financiero, infraestructura IIRSA y expansión minera revela una nueva geografía continental de acumulación.
Así se muestra una contradicción central: mientras el capitalismo global necesita desesperadamente los recursos latinoamericanos para sostener su transición tecnológica y energética, los pueblos del continente enfrentan los costos ecológicos, sociales y políticos de esa misma transición.
7. La «Megarreforma» de Kast: ajuste estructural, recorte social y reorganización autoritaria del Estado
La llamada “Megarreforma” impulsada por el gobierno de José Antonio Kast debe entenderse no como un conjunto aislado de medidas administrativas, sino como un proyecto integral de reestructuración neoliberal del Estado chileno en un contexto de crisis económica, conflictividad social y desgaste institucional. Bajo el discurso de la “reconstrucción”, la “eficiencia” y la “modernización”, el gobierno impulsa una ofensiva destinada a profundizar la transferencia de recursos públicos hacia el capital privado, debilitar derechos sociales y reorganizar el aparato estatal en clave autoritaria y empresarial.
El eje central de esta ofensiva es la instalación de una lógica de ajuste estructural permanente. El Estado deja progresivamente de concebirse como garante de derechos sociales y pasa a operar principalmente como facilitador de inversión privada, disciplinamiento laboral y control territorial. La reconstrucción posterior a incendios, crisis económicas y deterioro institucional es utilizada políticamente como oportunidad para acelerar reformas que en condiciones normales encontrarían mayores resistencias sociales.
Uno de los aspectos más significativos y menos visibilizados de esta coyuntura es el recorte sistemático a los ministerios y áreas sociales. Educación, salud, cultura, vivienda, programas comunitarios, prevención social y políticas de apoyo territorial enfrentan restricciones presupuestarias, congelamiento de contrataciones y debilitamiento institucional. La reducción del gasto social no aparece presentada directamente como “austeridad”, sino como “racionalización”, “eficiencia fiscal” y “optimización del Estado”.
Sin embargo, detrás de este lenguaje tecnocrático existe una decisión profundamente política: desplazar recursos desde políticas sociales hacia subsidios empresariales, infraestructura favorable al gran capital, fortalecimiento policial y mecanismos de seguridad. El ajuste no afecta a todos por igual. Mientras se recortan programas comunitarios, aumentan beneficios tributarios, flexibilizaciones regulatorias y facilidades para sectores empresariales.
La lógica de fondo responde al viejo principio neoliberal: socializar costos y privatizar ganancias. El Estado reduce su presencia allí donde sostiene condiciones mínimas de vida popular, pero se fortalece allí donde garantiza acumulación capitalista y control social.
El impacto sobre los ministerios sociales tiene además consecuencias territoriales profundas. En poblaciones, escuelas, hospitales y comunidades rurales, la disminución de recursos se traduce en deterioro concreto de condiciones de vida: listas de espera más largas, sobrecarga laboral en servicios públicos, debilitamiento de programas preventivos y mayor abandono estatal en territorios históricamente precarizados.
En educación, la reducción presupuestaria se articula con una visión profundamente mercantil de la enseñanza. La lógica de derechos colectivos es reemplazada por criterios de competencia, eficiencia y adaptación al mercado laboral, es decir se profundiza al extremo como un mecanismo funcional a las necesidades productivas del capital.
En salud ocurre algo similar. El debilitamiento progresivo y sostenido por años de gobiernos neoliberales del sistema público pasa a favorecer directamente procesos de privatización y segmentación sanitaria. Las crisis del sistema estatal son utilizadas discursivamente para justificar expansión de soluciones privadas, seguros individuales y externalización de servicios.
La “Megarreforma” también incorpora dimensiones ideológicas importantes. El gobierno busca instalar una narrativa según la cual los problemas del país derivan de “exceso de Estado”, “burocracia”, “permisología” y “captura ideológica” de las instituciones públicas. De este modo, el ajuste económico se presenta como una necesidad técnica inevitable y no como una opción política de clase.
Esta ofensiva se articula además con una reorganización autoritaria del aparato estatal. Mientras se debilitan políticas sociales, se fortalecen funciones policiales, militares y de vigilancia. La seguridad se transforma en eje legitimador central del proyecto gubernamental. El mensaje implícito es claro: menos derechos sociales y más control coercitivo.
En este sentido, el kastismo comparte rasgos con otros proyectos contemporáneos de derecha radical latinoamericana: combinación de neoliberalismo extremo con endurecimiento represivo y conservadurismo cultural. El Estado social se reduce; el Estado policial se expande.
La utilización de la reconstrucción como mecanismo de shock recuerda estrategias históricas del neoliberalismo en América Latina. Las crisis —incendios, inseguridad, desaceleración económica, deterioro institucional— son utilizadas como ventanas de oportunidad para implementar transformaciones estructurales favorables al capital. Naomi Klein definió este fenómeno como “capitalismo del desastre”: aprovechar situaciones de conmoción social para imponer reformas regresivas que encontrarían resistencia en condiciones normales.
Al mismo tiempo, la “Megarreforma” expresa una disputa más profunda sobre el sentido del Estado en Chile tras el ciclo abierto por la revuelta de octubre de 2019. El estallido social cuestionó radicalmente el modelo neoliberal heredado de la dictadura. El proyecto de Kast aparece como intento de restauración y reorganización conservadora frente a aquella crisis de legitimidad.
Sin embargo, esta ofensiva ocurre sobre una sociedad todavía atravesada por malestar social acumulado, precarización laboral, endeudamiento masivo y desconfianza institucional. La estabilidad del proyecto gubernamental depende en gran medida de su capacidad para combinar ajuste económico con control político y fragmentación social.
El gobierno de Kast vino a profundizar la reorganización neoliberal del país, mientras, amplios sectores populares siguen experimentando deterioro material de sus condiciones de vida. Esa contradicción puede abrir nuevas formas de conflictividad social, especialmente si los recortes a áreas sociales impactan directamente sobre educación, salud, vivienda y empleo.
8. DDHH, extractivismo e impunidad: el giro del gobierno Kast y la rehabilitación autoritaria del modelo neoliberal
Chile muestra un avance preocupante de tendencias autoritarias que combinan relativización de los derechos humanos, fortalecimiento del extractivismo y reconfiguración neoliberal del Estado. El gobierno de José Antonio Kast no sólo impulsa una agenda económica regresiva; también desarrolla una ofensiva ideológica destinada a reinterpretar el pasado dictatorial, debilitar marcos de protección de derechos y consolidar un modelo de gobernabilidad basado en orden, seguridad y desregulación empresarial.
Uno de los hechos más graves del período continúa siendo el giro explícito en materia de derechos humanos. La disposición gubernamental a facilitar beneficios o flexibilizaciones para condenados por crímenes de lesa humanidad constituye una señal política de enorme profundidad histórica. No se trata simplemente de medidas administrativas aisladas: implica avanzar hacia una normalización progresiva de la impunidad y hacia la rehabilitación simbólica del legado represivo de la dictadura.
El mensaje político resulta particularmente significativo porque ocurre en un contexto regional donde distintas derechas radicales buscan reinterpretar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras latinoamericanas. Se instala así una narrativa que relativiza el terrorismo de Estado, equipara violencia estatal con resistencia popular y presenta las políticas represivas del pasado como respuestas necesarias frente al “caos” o la “subversión”.
En Chile, este proceso adquiere características especialmente sensibles debido a la persistencia de una institucionalidad heredada de la dictadura y a la profundidad histórica de las luchas por memoria, verdad y justicia. La ofensiva actual busca disputar no sólo políticas públicas, sino también el sentido histórico del pasado reciente chileno.
Sin embargo, el avance autoritario del gobierno no se limita al terreno de la memoria y los derechos humanos clásicos. También se expresa en la manera en que se reorganiza la relación entre Estado, capital y territorios. En este marco adquiere enorme relevancia la propuesta de devolver dinero a empresas cuyos proyectos de inversión no logren obtener Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Aunque presentada bajo discursos de “certeza jurídica”, “incentivo a la inversión” y “seguridad económica”, esta medida implica una transformación profunda del sentido mismo de la regulación ambiental. En la práctica, el Estado comienza a asumir financieramente parte del riesgo empresarial asociado a proyectos extractivos o de gran impacto territorial.
La lógica es extremadamente reveladora: si una comunidad resiste, si existen impactos ecológicos graves o si un proyecto no cumple estándares ambientales suficientes, el capital no asumiría plenamente las pérdidas derivadas de esa inviabilidad. El Estado socializa el riesgo privado utilizando recursos públicos. De este modo, la evaluación ambiental deja progresivamente de operar como mecanismo de protección ecosistémica y pasa a convertirse en obstáculo administrativo cuya existencia debe compensarse económicamente a los inversionistas.
Esto representa un cambio ideológico importante. El territorio deja de ser concebido como espacio de vida, comunidad o equilibrio ecológico y pasa a entenderse principalmente como plataforma económica cuyo objetivo central es garantizar rentabilidad del capital.
La medida además genera presión estructural sobre los organismos ambientales. Si rechazar proyectos implica eventualmente costos fiscales o conflictos políticos con grandes inversionistas, aumenta la tendencia a flexibilizar criterios técnicos y acelerar aprobaciones. La institucionalidad ambiental corre el riesgo de transformarse definitivamente en instrumento facilitador del extractivismo antes que en espacio regulador.
En el fondo, esta política expresa la consolidación de un modelo donde los derechos empresariales adquieren jerarquía superior frente a derechos sociales, ambientales y comunitarios. Las empresas reciben garantías; las comunidades enfrentan precarización, contaminación y criminalización cuando resisten.
La conexión entre debilitamiento de los derechos humanos y profundización extractivista no es accidental. Ambos procesos forman parte de una misma reorganización autoritaria del capitalismo chileno. El gobierno fortalece una concepción de Estado centrada en proteger propiedad privada, inversión y orden social, mientras reduce o relativiza garantías colectivas vinculadas a memoria histórica, derechos territoriales y participación democrática.
En el Wallmapu esta lógica se vuelve particularmente visible. La militarización permanente, la persecución de dirigentes mapuche y la expansión forestal y energética revelan cómo seguridad y extractivismo funcionan articuladamente. La violencia estatal no aparece desconectada de los intereses económicos: muchas veces opera precisamente para garantizar condiciones de acumulación sobre territorios en disputa.
Sin embargo, este proceso también encuentra resistencias persistentes. Organizaciones de derechos humanos, movimientos socioambientales, comunidades mapuche, agrupaciones de familiares y sectores populares continúan disputando el sentido histórico del país y denunciando la expansión de la impunidad y el despojo.
9. Estado de excepción permanente, desalojos y resistencia mapuche en Wallmapu
La situación en Wallmapu continúa expresando una de las contradicciones históricas más profundas del Estado chileno: la persistencia de una estructura colonial que combina militarización, extractivismo y negación sistemática de los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche. El Estado de Excepción permanente en la Macrozona Sur ya no aparece como medida extraordinaria, sino como forma normalizada de gobierno sobre territorios indígenas en disputa.
La militarización sostenida del Wallmapu ha consolidado una lógica de ocupación territorial donde fuerzas policiales y militares operan de manera permanente bajo el discurso de “seguridad”, “combate al terrorismo” y protección de la propiedad privada. Sin embargo, detrás de esa narrativa se encuentra la defensa estructural de intereses forestales, energéticos y agroindustriales que dependen del control territorial y del debilitamiento de las reivindicaciones mapuche.
El conflicto no es simplemente policial ni judicial: es profundamente político e histórico. Lo que está en disputa es la soberanía sobre el territorio, el control de los bienes naturales y el reconocimiento efectivo de la autodeterminación mapuche frente a un modelo extractivista construido sobre despojo colonial.
En este contexto, el desalojo del lof Rgaliko constituye uno de los hechos más significativos del período. El operativo policial refleja el carácter crecientemente violento de la política estatal hacia procesos de recuperación territorial mapuche. Más allá de los argumentos legales utilizados por el gobierno y las empresas involucradas, el desalojo expresa una decisión política clara: impedir mediante fuerza armada cualquier cuestionamiento territorial al régimen de propiedad impuesto históricamente en Wallmapu.
Este tipo de operativos no puede analizarse aisladamente. Forman parte de una estrategia más amplia de disciplinamiento territorial donde el Estado busca enviar señales de autoridad y control frente al avance de recuperaciones territoriales y formas autónomas de organización mapuche. La utilización masiva de fuerzas especiales, vehículos blindados, vigilancia aérea y presencia militarizada revela que el conflicto es tratado prioritariamente como problema de seguridad interna antes que como cuestión política de derechos históricos.
Las consecuencias sociales y comunitarias de estos desalojos son profundas. Familias completas enfrentan desplazamiento, destrucción de espacios comunitarios, criminalización judicial y trauma permanente producto de la violencia policial. La infancia mapuche crece en contextos de militarización cotidiana donde allanamientos, controles y presencia armada se vuelven parte de la vida diaria.
Paralelamente, la huelga de los Presos Políticos Mapuche (PPM) vuelve a poner en evidencia las condiciones de persecución política que atraviesan numerosos comuneros encarcelados. La huelga no constituye únicamente una demanda penitenciaria; representa una denuncia política frente a un sistema judicial que amplios sectores mapuche consideran atravesado por discriminación estructural, montajes policiales y utilización selectiva de herramientas represivas.
La figura del “preso político mapuche” sigue siendo objeto de fuerte disputa pública. El Estado chileno rechaza esa denominación, presentando los casos exclusivamente como delitos comunes o acciones terroristas. Sin embargo, existe persecución política debido a la utilización desproporcionada de leyes especiales, prisión preventiva prolongada, testigos protegidos, inteligencia policial y criminalización de demandas territoriales.
La huelga de hambre aparece entonces como una de las pocas herramientas extremas de presión política disponibles para comuneros encarcelados frente a un sistema institucional que perciben cerrado y hostil.
La persistencia de presos políticos mapuche revela además el fracaso estructural de la política estatal hacia el conflicto territorial. Décadas de criminalización, militarización y persecución no han resuelto las demandas de fondo; por el contrario, han profundizado la desconfianza entre comunidades y Estado.
Al mismo tiempo, el gobierno de Kast endurece el tratamiento político del conflicto. La combinación entre Estado de Excepción permanente, fortalecimiento policial y discurso securitario permite construir legitimidad pública a partir de la idea de restauración del orden y defensa de la propiedad privada. El pueblo mapuche es presentado frecuentemente desde medios hegemónicos como amenaza interna antes que como sujeto político con reivindicaciones históricas legítimas.
Esta estrategia resulta funcional al avance extractivista sobre Wallmapu. Forestales, hidroeléctricas y proyectos energéticos requieren estabilidad territorial y debilitamiento de las resistencias comunitarias. La militarización actúa así como condición política para la continuidad del modelo económico en el sur del país.
El asesinato del defensor de la naturaleza y mapuche williche Jaime Uribe Montiel, junto con el violento actuar de sicarios vinculados a intereses empresariales en el contexto de su funeral, constituye uno de los hechos más graves y reveladores de la coyuntura actual en Wallmapu. Lo ocurrido no puede interpretarse como un episodio aislado ni como mera anomalía local: expresa el endurecimiento estructural de la relación entre capital extractivista, violencia territorial y legitimación política del autoritarismo en Chile.
El gobierno de Kast, mediante discursos de orden, seguridad y “recuperación de la autoridad”, ha contribuido a generar un clima político donde las resistencias territoriales son crecientemente tratadas como obstáculos a neutralizar antes que como conflictos democráticos legítimos.
En este escenario, la frontera entre violencia estatal, violencia empresarial y violencia paraestatal comienza a volverse más difusa. La utilización de guardias privados armados, empresas de seguridad, grupos de choque y mecanismos de amedrentamiento territorial refleja una tendencia peligrosa hacia formas de privatización de la represión.
El caso de Statkraft adquiere relevancia precisamente porque muestra cómo corporaciones transnacionales vinculadas a megaproyectos energéticos operan en territorios donde existen conflictos históricos con comunidades indígenas y defensores ambientales. La expansión hidroeléctrica, forestal y energética en Wallmapu no es sólo un proceso económico: requiere control territorial, debilitamiento comunitario y capacidad de neutralizar resistencias locales.
El mensaje implícito es extremadamente peligroso: cualquier resistencia territorial puede ser presentada como amenaza al orden público, al desarrollo económico o incluso a la seguridad nacional. Bajo esa lógica, la represión deja de ser percibida como abuso y comienza a normalizarse como “respuesta necesaria”.
Al mismo tiempo, el aumento de la violencia refleja cierta fragilidad estructural del propio modelo. Cuando el capital necesita militarización permanente, sicariato territorial y estados de excepción para sostener proyectos económicos, evidencia que carece de legitimidad social real en los territorios afectados.
El actuar de este gobierno muestra entonces una escalada peligrosa: mientras fortalece discursos autoritarios y las empresas perciben respaldo político para endurecer acciones, las comunidades enfrentan condiciones crecientemente riesgosas para ejercer defensa territorial.
10. Deterioro social, crisis laboral y rearticulación de la movilización popular
El deterioro social estructural avanza y atraviesa múltiples dimensiones de la vida cotidiana: precarización laboral, crisis educativa, inseguridad social, desgaste institucional y fragmentación comunitaria. Sin embargo, junto a ese escenario de crisis también comienzan a emerger señales de recomposición organizativa desde distintos sectores populares, particularmente en el movimiento estudiantil secundario.
El modelo neoliberal chileno entra en una fase de agotamiento cada vez más visible. Décadas de privatización, endeudamiento y mercantilización de derechos produjeron una sociedad profundamente desigual, individualizada y emocionalmente precarizada. El malestar social abierto masivamente en la rebelión de octubre de 2019 no desapareció; permanece latente bajo nuevas formas, aunque fragmentado y sin una articulación política nacional capaz de condensarlo.
En el mundo laboral, la situación sigue deteriorándose. La reducción de la jornada laboral convive con sobrecarga de trabajo, flexibilización encubierta, incertidumbre contractual y debilitamiento sindical. Amplios sectores sobreviven mediante empleos precarios, subcontratación, plataformas digitales o endeudamiento permanente. El trabajo ya no garantiza estabilidad material ni proyección de vida digna.
La inflación, el alto costo de la vivienda, la crisis del transporte y la inseguridad económica generan sensación permanente de agotamiento social. Esta precarización no es únicamente económica: también afecta la salud mental, las relaciones comunitarias y la capacidad organizativa de los sectores populares.
En educación, el escenario resulta especialmente contradictorio. El sistema educativo chileno enfrenta crisis de convivencia, violencia escolar, deterioro emocional y debilitamiento institucional acumulado tras años de abandono estructural. La lógica de mercado aplicada a la educación pública profundizó segregación, competencia y pérdida de sentido colectivo dentro de las comunidades escolares.
Sin embargo, en medio de este cuadro comienzan a observarse procesos de rearticulación estudiantil, particularmente entre secundarios de Santiago. Diversas movilizaciones recientes muestran que existe una nueva generación que empieza nuevamente a politizarse frente al deterioro de las condiciones educativas, la precarización de la educación pública y el avance autoritario del gobierno.
Las tomas, asambleas, coordinaciones territoriales y protestas estudiantiles que reaparecen en liceos emblemáticos y establecimientos periféricos expresan una recomposición todavía parcial, heterogénea y en desarrollo. No se trata aún de un movimiento nacional consolidado como el de 2006 o 2011, pero sí de señales importantes de reactivación política juvenil.
El elemento central de esta nueva etapa es que la movilización surge desde una generación marcada por múltiples crisis simultáneas: pandemia, deterioro emocional, violencia social, precarización familiar, crisis climática y pérdida de expectativas de futuro. A diferencia de ciclos anteriores, la politización estudiantil actual no emerge únicamente desde demandas educacionales clásicas, sino también desde experiencias más amplias de malestar existencial y descomposición social.
No obstante, la principal limitación del movimiento secundario sigue siendo la falta de articulación nacional estable. Existen experiencias organizativas relevantes en Santiago y algunos territorios regionales, pero todavía no logran consolidar coordinación permanente, horizonte estratégico común ni capacidad sostenida de acumulación política a escala país.
La fragmentación territorial, la alta rotación generacional y el debilitamiento histórico de organizaciones sociales posteriores a la pandemia dificultan la construcción de estructuras nacionales sólidas. A esto se suma una política estatal crecientemente orientada hacia criminalización de la protesta estudiantil, securitización de los establecimientos y fortalecimiento del control policial.
El gobierno intenta presentar las movilizaciones estudiantiles como problemas de orden público antes que como expresión de conflictos estructurales del modelo educativo y social. La expulsión de estudiantes, judicialización de protestas y presencia policial en contextos escolares muestran una tendencia preocupante hacia la normalización del tratamiento represivo de la conflictividad juvenil.
Sin embargo, la reaparición de organización secundaria posee enorme relevancia histórica en Chile. El movimiento secundario ha sido, en distintos momentos, uno de los principales detonantes de procesos de acumulación política popular más amplios. Desde la “Revolución Pingüina” hasta las movilizaciones previas a la rebelión de octubre, las y los secundarios han actuado frecuentemente como catalizadores del malestar social acumulado.
A modo de cierre
En un escenario mundial marcado por la crisis del capitalismo, la militarización creciente, la disputa entre potencias y la expansión de nuevas formas de extractivismo y control social, resulta fundamental evitar tanto la subordinación al imperialismo tradicional como la idealización acrítica de los bloques emergentes. La multipolaridad por sí sola no garantiza emancipación para los pueblos si las relaciones de explotación, despojo y dominación permanecen intactas.
Una línea estratégica de trabajo podría ser insistir en fortalecer procesos de organización popular capaces de transformar el malestar social disperso en fuerza política colectiva, articulando luchas laborales, territoriales, estudiantiles, feministas, socioambientales e indígenas dentro de horizontes comunes de transformación. Esto implica reconstruir tejido comunitario, fortalecer experiencias de base y generar articulaciones territoriales que permitan superar la fragmentación social producida por décadas de neoliberalismo, precarización y endeudamiento.
Al mismo tiempo, se vuelve indispensable disputar el sentido de la soberanía en todas sus dimensiones: soberanía territorial, energética, alimentaria, tecnológica, cultural y comunitaria. La defensa de los bienes comunes —agua, minerales, bosques, biodiversidad, infraestructura estratégica y conocimiento— no puede quedar subordinada a las necesidades del capital financiero y extractivista. Cuestionar un modelo civilizatorio que convierte territorios completos en zonas de sacrificio al servicio de la acumulación global, impulsando formas de vida donde la economía y la tecnología estén orientadas a las necesidades humanas y ecológicas y no a la rentabilidad empresarial.
La defensa de los derechos humanos también debería ampliarse más allá de la memoria histórica de las dictaduras, incorporando las nuevas formas de violencia contemporánea: militarización de territorios, criminalización de comunidades, destrucción ambiental, precarización laboral, vigilancia digital y negación del derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y formas de vida. En ese sentido, la lucha del pueblo mapuche y de las comunidades en resistencia podrían expresar una disputa mucho más amplia sobre democracia, autodeterminación y relación con la naturaleza frente al avance del colonialismo interno y del extractivismo.
Asimismo, la coyuntura actual exigiría desarrollar pensamiento crítico frente a las nuevas formas de dominación ideológica y tecnológica. La expansión de la Inteligencia Artificial, la concentración corporativa del conocimiento y la proliferación de desinformación y posverdad obligan a disputar colectivamente el control social de la tecnología, evitando que ésta se transforme exclusivamente en herramienta de vigilancia, precarización y manipulación política.
Finalmente, los desafíos estratégicos de los pueblos podrían enfocarse en construir alternativas políticas y sociales capaces de enfrentar simultáneamente el avance autoritario del capital, la crisis ecológica y la fragmentación social contemporánea. No basta con resistir defensivamente; resulta necesario levantar horizontes colectivos de transformación que articulen justicia social, soberanía popular, democracia comunitaria, defensa territorial e internacionalismo entre los pueblos. Porque en un mundo atravesado por guerras, despojo y crisis civilizatoria, la organización popular sigue siendo la principal herramienta para defender la vida y abrir posibilidades de emancipación histórica.
[1] https://www.pewresearch.org/politics/2026/01/29/confidence-in-trump-dips-and-fewer-now-say-they-support-his-policies-and-plans/?utm
[2] https://www.aljazeera.com/news/2026/1/27/trumps-approval-on-immigration-falls-to-record-low-new-poll-finds?utm
[3]https://www.reddit.com/r/moderatepolitics/comments/1qfhbma/trumps_immigration_erosion_worries_his_team/?utm
[4] https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/05/civilisational-erasure-us-strategy-document-appears-to-echo-far-right-conspiracy-theories-about-europe
[5] https://radio.uchile.cl/2026/03/04/el-agua-que-usa-la-ia-es-chilena-vecinos-de-quilicura-alegan-falta-de-responsabilidad-de-data-centers/
