Hoy se realizó una manifestación fuera del SERNAMEG donde l@s trabajador@s señalan lo siguiente:
Las trabajadoras y trabajadores de los dispositivos VCM del SernamEG trabajamos
directamente en la prevención, atención, protección y reparación de las violencias de
género que viven miles de mujeres a nivel nacional, esto en coherencia con uno de los
objetivos estratégicos que tiene el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que dice
relación con “avanzar en el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de
violencias”, no obstante, somos las trabajadoras y trabajadores de estos dispositivos
quienes nos vemos envueltas en situaciones de violencia institucional de manera
sistemática.
Les trabajadores y trabajadoras de los programas de SernamEG nos vemos expuestas
permanentemente a situaciones de maltrato, abuso, precarización e inestabilidad laboral,
por parte de las instituciones encargadas de la ejecución de los programas, que en su
mayoría son municipalidades o fundaciones, donde nos contratan bajo la modalidad de
“honorarios”, es decir, somos trabajadoras/es que “boleteamos” mes a mes para recibir
nuestro salario, somos consideradas trabajadoras «independientes» a pesar de que
cumplimos funciones que son habituales y permanentes, no somos reconocides como
funcionarias/os públicos, viéndonos expuestas a una enorme desprotección laboral que se
manifiesta principalmente en la negación de derechos sociales y laborales básicos. Al
permitir la contratación a honorarios en el Estado, se perpetúa la precariedad laboral en el
servicio público.
Sumada esta condición de precariedad e inestabilidad laboral que viven las trabajadoras y
trabajadores de los dispositivos sernamEG, se producen también situaciones de maltrato y
acoso laboral por parte de los empleadores. Uno de los casos más complejos que se han
visibilizado durante el último período, es el caso del Centro de la Mujer de Pudahuel, que en
la actualidad no cuenta con equipo de atención especializado para trabajar con las mujeres
víctimas y sobrevivientes de violencia de esa comuna, esto a propósito de las sistemáticas
prácticas de acoso, abuso, maltrato y persecución vividas por sus trabajadoras, las que
luego de movilizarse por mejoras laborales en septiembre de 2023, han sido desvinculadas
del programa de manera progresiva. Entre diciembre de 2023 y enero 2024 se desvincula a
4 compañeras del equipo, sin justificaciones ni argumentos válidos, lo que significó que
entre los meses venideros el equipo se mantuvo a flote con 3 de 8 profesionales, quienes
mantuvieron las atenciones regulares en la medida de sus posibilidades, y comenzaron la
implementación del rediseño indicado por sernamEG para el año 2024. Fue a mediados de
marzo que el ejecutor realiza la contratación de las nuevas compañeras del equipo, sin
embargo este proceso fue poco transparente, quedando en el cargo de coordinadora una
funcionaria que trabajaba en otro programa del municipio, lo que se suma a la creación de
un nuevo cargo por la contraparte municipal, sumando una antropóloga, cuyas funciones
jamás estuvieron claras, además de que exigía información de las usuarias sin haber sido
contratada bajo los protocolos de sernameg (prueba técnica, entrevista supervisora
regional). Luego de estas contrataciones la persecución y el acoso se agudizan, se le quita
el acceso al correo del programa a las trabajadoras, dejándolas sin información sobre
derivaciones y seguimientos de casos, además se suma una falsa acusación de acoso
laboral por parte de la nueva coordinadora a las cuatro profesionales que realizaban
intervención, tres de ellas fueron interrogadas individualmente por funcionarias del
municipio, aplicando un “sumario” de 1 hora a cada trabajadora. Sin pruebas toman la
decisión de continuar con su acusación y desvincular con efecto inmediato a todo el equipo
de intervención, incluyendo a una psicóloga que había sido recientemente contratada. Esto
ha implicado que las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género de la comuna
de Pudahuel se vean expuestas a cambios reiterados de profesionales que las atienden y a
largos periodos sin atención provocando una preocupante victimización secundaria que
perjudica sus procesos reparatorios. Lamentablemente SernamEG se ha mostrado silente
ante esta injusta situación, amparando el maltrato sufrido por sus trabajadoras.
No obstante, no es primera vez que las trabajadoras nos encontramos en situaciones donde
el servicio nos ha dejado a la deriva. El año pasado se desataron distintos conflictos en las
Casas de Acogida, viéndose afectada la integridad psíquica y física de las profesionale,
como el caso de las compañeras que ejercian funciones en CDA Cañete o de CDA Puerto
Natales, quienes fueron desvinculadas luego de vivir complejas situaciones de violencia con
las usuarias de sus dispositivos, las que incluso se tomaron las respectivas residencias,
situación que sernameg no abordó de forma responsable, vulnerando aún más los derechos
de las trabajadoras. Lo cual provoca una constante rotación de trabajadoras en los
dispositivos, lo que sabemos que influye directamente en la calidad de la intervención que
buscamos entregar a nuestras usuarias.
Resulta necesario visibilizar y denunciar este tipo de prácticas e injusticias, no solo en
solidaridad con nuestras compañeras que han sido injustamente despedidas, sino también
como un ejercicio preventivo para evitar la exposición a las violencias institucionales a las
que nos encontramos expuestas quienes seguimos trabajando en el servicio.
Sumado a todas estas prácticas vulneratorias, este año, desde el Ministerio de la mujer y la
Equidad de Género, se materializa un proceso de “rediseño” al modelo de abordaje e
intervención en violencias contra las mujeres, lo que generó el cierre de programas, la
ampliación respecto del foco de intervención de algunos dispositivos, la generación de listas
de espera, procedimientos que provocan victimización secundaria en las usuarias, entre
otras complejidades que han puesto a los equipos en tensión y conflicto permanente,
considerando además, que ha existido un escaso acompañamiento institucional a este
proceso.
En términos específicos, este rediseño ha implicado el cierre de los Centros de
Reeducación de Hombres (CRH), lo que ha significado un importante retroceso respecto de
los objetivos del servicio, ya que nuevamente se deja de trabajar con aquellos que ejercen
la violencia, dirigiendo todos los esfuerzos de cambio hacia las víctimas, responsabilizando
a las mujeres de sus propios procesos, aumentando así el daño psicosocial y perpetuando
la sensación de injusticia sustancial, quitando credibilidad a las instituciones que debieran
velar por su seguridad.
En el caso de los Centros de Atención Inicial en Violencias de Género, antiguos CDMs, se
amplía la demanda de atencion a propósito de la intención de trabajar otras violencias de
género que viven las mujeres, por lo tanto ya no solo se atienden violencias en contextos de
pareja o ex parejas, sino que se deben intervenir casos de violencia obstétrica, acoso
sexual laboral, violencia vicaría, acoso callejero, entre otras, no obstante, a pesar de lo
importante de este cambio, no se ha aumentado la dotación de personal, ni tampoco se ha
capacitado a los equipos en estas nuevas violencias a trabajar, no se ha desarrollado un
marco técnico ni metodológico que aúne criterios para los procesos de las mujeres que
consultan por violencias fuera del contexto de pareja.
Por otro lado se crean los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género,
donde se debiesen ingresar aquellas mujeres cuyas violencias implican un nivel de daño
grave y/o vital, no obstante no son suficientes para dar cobertura a los casos graves, por lo
que se está generando una lista de espera que puede provocar resultados mortales. Del
mismo modo, las residencias transitorias siguen siendo insuficientes para cubrir la
problemática de riesgo de las mujeres.
Necesitamos con suma urgencia un compromiso de trabajo conjunto con el Ministerio para
mejorar las condiciones laborales y estructurales de nuestro trabajo, donde exista una
presencia real y ética por parte del servicio, de tal manera que los organismos ejecutores
dejen de vulnerar los derechos de las trabajadoras y utilizar los dispositivos como
herramientas de campaña política. Llamamos a las autoridades pertinentes a responder las
demandas históricas que se han levantado desde las trabajadoras y trabajadores,
generando un plan de trabajo concreto que cuente con el compromiso real de SernamEG
para la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Por eso, ad portas de un nuevo 1º de Mayo, Día de les trabajadores, nos convocamos en
una nueva Jornada de Movilización Nacional de las trabajadoras y trabajadores de los
dispositivos VCM del SernamEG, con el objetivo de denunciar el maltrato laboral y exigir
que se garanticen nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores que intervienen
directamente contra la violencia patriarcal.
Ante la precariedad y la violencia institucional,
trabajadoras y trabajadores dispositivos Sernameg a luchar !
