Por Klaudio/ EPP
El pasado 3 de junio se desarrollaron movilizaciones masivas a lo largo del país convocadas por estudiantes universitarios contra los recortes en la educación y otros derechos básicos. La jornada contó con la participación de diversos sectores del pueblo, destacando la presencia de estudiantes secundarios, trabajadores de la educación, hogares de estudiantes mapuche y familias trabajadoras, quienes se sumaron a las manifestaciones para expresar su rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
En Concepción, la marcha de unas 3 mil personas reunió a una amplia diversidad de organizaciones y sectores populares que, cansados de las políticas que busca implementar el gobierno ultraderechista, salimos a las calles para manifestar sus demandas. La movilización avanzó por el centro de la ciudad entre intervenciones, lienzos, carteles y rayados, enfrentando además la represión policial desplegada para intentar frenar la protesta.
En Santiago, por su parte, la jornada estuvo marcada por la participación de más de 10 mil personas y una fuerte represión desde sus primeros momentos. Mientras las distintas universidades y liceos llegaban organizados en bloques al centro de la capital, las fuerzas policiales actuaron contra los manifestantes, dejando cerca de treinta personas detenidas y registrándose agresiones tanto a participantes de la marcha como a periodistas independientes que cubrían la movilización
Un gobierno al servicio de los grandes grupos económicos
A casi tres meses de la asunción de Kast, el 11 de marzo, los anuncios gubernamentales han estado orientados principalmente a profundizar las condiciones de precariedad que enfrenta gran parte del pueblo trabajador. Las alzas en el precio de los combustibles y de los productos de la canasta básica, junto con los recortes en programas sociales (en educación, salud, cultura, etc.), han golpeado especialmente a los sectores más vulnerables.
Las mujeres han sido uno de los grupos más afectados por estas medidas. La reducción de recursos destinados a programas de apoyo para víctimas de violencia y la eliminación de diversas políticas sociales evidencian una lógica de ajuste que desconoce problemáticas que no sólo continúan existiendo, sino que se han profundizado en los últimos años.
A ello se suman iniciativas de carácter represivo impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas destaca el Registro Único de Vándalos, que busca restringir derechos sociales como la gratuidad en la educación, la Pensión Garantizada Universal o los subsidios de arriendo para jóvenes que participen en protestas. Del mismo modo, la propuesta de “Escuelas Protegidas” apunta a reforzar el control policial sobre los establecimientos educacionales, avanzando en la militarización de los espacios educativos.
Estas medidas no son aisladas. Forman parte de una estrategia destinada a resguardar los intereses de los grupos económicos que se verán beneficiados con las rebajas tributarias y otras iniciativas contempladas en la denominada Megarreforma impulsada por el gobierno. Tampoco resulta casual que el foco represivo se dirija especialmente contra estudiantes secundarios y universitarios, sectores que históricamente han desempeñado un papel central en la articulación y dinamización de las luchas sociales en Chile.
Al mismo tiempo, el gobierno mantiene la continuidad de una política de militarización sobre los territorios mapuche en resistencia, profundizando la respuesta represiva del Estado frente a las comunidades que enfrentan el avance del capital y el colonialismo en el Wallmapu.
Crece la organización y la respuesta popular
Frente a este escenario, distintos sectores del pueblo han comenzado a expresar crecientes niveles de descontento y organización. Las manifestaciones realizadas durante la cuenta pública presidencial del pasado 1 de junio en Valparaíso, Santiago y diversas regiones, y los mochilazos secundarios a nivel nacional durante este primer semestre de 2026, ya habían mostrado señales de este proceso.
Las movilizaciones del 3 de junio confirman esta tendencia. Asambleas masivas en las principales universidades del país, intervenciones, tomas y marchas multitudinarias han evidenciado una aceleración de la movilización estudiantil que comienza a transformarse en un factor relevante dentro de la coyuntura política.
Si bien la convocatoria de esta jornada estuvo impulsada principalmente por el reformismo tradicional y por federaciones estudiantiles donde éste mantiene influencia, buscando desgastar al gobierno y posicionarse en el terreno electoral, las movilizaciones también expresan un malestar real y profundo que recorre a amplios sectores estudiantiles y que no se queda en la denuncia, sino que empieza a organizarse. Miles de estudiantes hemos salido a las calles porque no estamos dispuestos a seguir soportando la precarización de la educación bajo un modelo mercantil que nunca fue eliminado y que, por el contrario, ha sido administrado y profundizado por sucesivos gobiernos.
“La respuesta debe venir desde abajo: fortalecer asambleas, encuentros y espacios de organización de base; reconstruir los lazos de solidaridad; y levantar una lucha autónoma y combativa por una educación al servicio de los pueblos y no del mercado” (La Fuerza Autónoma Estudiantil “Marea Rebelde” ante la marcha del 3 de Junio en Concepción”).
Ante este panorama, los sectores rebeldes y combativos del movimiento estudiantil enfrentamos el desafío de fortalecer la organización desde abajo, promoviendo el protagonismo de las bases y construyendo espacios de lucha independientes de las lógicas institucionales y electorales. La tarea sigue siendo levantar un movimiento estudiantil capaz de cuestionar y confrontar el modelo educativo neoliberal, avanzando hacia una educación al servicio de los pueblos, feminista y con control comunitario.
