Por Juan Carlos Flores
La soberanía no ha desaparecido del vocabulario político contemporáneo. Sigue siendo invocada en discursos oficiales, declaraciones multilaterales y ceremonias diplomáticas. Sin embargo, en la práctica, ha sido relocalizada, administrada y condicionada hasta volverse un concepto funcional al orden existente. Ya no se elimina por la fuerza como en otras épocas: hoy se gestiona con técnica, se suspende mediante tratados y se vuelve impracticable sin necesidad de recurrir a golpes o invasiones abiertas.
En este marco, Estados Unidos no secuestra presidentes ni viola soberanías: ejecuta procedimientos. En Venezuela, la intervención directa presentada como acción judicial no es una excepción ni un arrebato personalista, sino una demostración pedagógica de poder. Un mensaje claro dirigido a quienes aún insisten en ejercer autodeterminación por fuera de los márgenes permitidos. Petróleo, sanciones y castigos ejemplares forman parte de una misma lógica histórica que no requiere justificación moral, solo eficacia política.
En Palestina, el método es distinto y el resultado más brutal. Allí no se trata de corregir un gobierno ni de disciplinar a una élite dirigente, sino de administrar la destrucción de un pueblo entero. Bombardeos sistemáticos, desplazamiento forzado, hambre inducida y destrucción de infraestructura civil se despliegan ante los ojos del mundo con una regularidad que ya no sorprende. Todo es documentado, todo es visible, y aun así cuidadosamente nombrado como “conflicto”, “defensa” u “operación”, porque cuando el exterminio es aliado, la palabra genocidio se vuelve incómoda e innecesaria.
Estados Unidos no necesita disparar directamente para ser parte estructural de esta violencia. Financiar, armar, vetar resoluciones internacionales y garantizar impunidad resulta más eficiente y políticamente rentable. Se trata de una externalización contemporánea de la violencia, donde la responsabilidad se diluye y la sangre nunca llega a las manos correctas. El genocidio, en este sentido, no es una anomalía del sistema internacional, sino una de sus posibilidades cuando la vida humana estorba a la estabilidad geopolítica.
El derecho internacional, por su parte, continúa existiendo como marco normativo formal, pero su aplicación revela una desigualdad estructural profunda. Funciona con rigor para los países periféricos y con flexibilidad para las potencias. Mientras algunos lo incumplen y son sancionados, otros lo reinterpretan y lo administran sin consecuencias reales. La ONU condena, Europa expresa preocupación y los mercados continúan operando con normalidad. La tragedia humana conmueve, pero no interrumpe el flujo del capital, y cuando hay que elegir entre derechos humanos y estabilidad del orden, la decisión suele estar tomada de antemano.
En este escenario, la autodeterminación de los pueblos aparece como una consigna tolerable solo mientras no se ejerza. Puede ser celebrada en discursos, fechas conmemorativas o expresiones culturales, pero se vuelve problemática cuando intenta traducirse en decisiones políticas reales. El sistema global admite la retórica de la soberanía, pero desconfía profundamente de su práctica.
Chile se inscribe de manera ejemplar en esta lógica. No está ocupado ni intervenido de forma explícita, pero sí correctamente integrado a un entramado económico y político que limita su margen de decisión. Integrado a un modelo extractivista definido fuera de sus fronteras, a tratados que condicionan su política pública y a una disputa entre Estados Unidos y China donde su rol es el de proveedor confiable y actor secundario. Aquí la soberanía no se pierde abruptamente; se diluye con eficiencia administrativa y se presenta como realismo lo que no es otra cosa que subordinación estructural.
La democracia funciona mientras no cuestione el modelo, la política exterior existe mientras no incomode a las transnacionales y el debate es tolerado mientras no altere los equilibrios fundamentales. Decidir colectivamente sigue siendo posible, pero solo dentro de márgenes estrechos cuidadosamente delimitados.
El problema, entonces, no es una figura particular, un gobierno específico o una coyuntura aislada. El problema es un sistema global donde decidir por cuenta propia es visto como una falla, donde la soberanía es aceptable solo si no se ejerce y donde la vida humana se convierte en una variable secundaria frente a la estabilidad del orden. Venezuela opera como advertencia, Palestina como consecuencia extrema y Chile como adaptación disciplinada.
La soberanía no ha muerto, pero para la mayoría de los pueblos permanece hoy en una pausa indefinida. Y esa pausa no es neutra: es política, es violenta y es funcional a quienes ya decidieron por todos.
