Por Escuela Popular Permanente y La Comunidad
Las regiones del Biobío y Ñuble se encuentran enfrentando una catástrofe humanitaria y ecológica de enorme magnitud, con al menos 20 personas fallecidas, más de 38 000 hectáreas consumidas por el fuego, miles de damnificados y viviendas destruidas, en un escenario que ya supera en severidad a muchos de los incendios más graves de la última década en Chile.
1. Crisis estructural del territorio: incendios, monocultivos y sequía
Estos incendios no son eventos «naturales» aislados ni producto exclusivo de factores meteorológicos —aunque la sequía, el calor extremo y los vientos fuertes han exacerbado su propagación— sino el resultado de un modelo territorial profundamente degradado y empobrecido por décadas de políticas extractivistas.
Diversos análisis señalan que el centro-sur chileno ha sido transformado por monocultivos industriales de pino y eucalipto, altamente inflamables, que alteran los ciclos del agua y secan los suelos, reducen la biodiversidad y crean territorios predispuestos a incendios extensivos. Estas plantaciones no son accidentales, sino parte de un modelo productivo nacional e internacional orientado al lucro de grandes corporaciones forestales, que se beneficia de la exportación de madera, celulosa y derivados, mientras externaliza los costos ecológicos y sociales a las comunidades locales.
Este patrón evidencia que los megaincendios no son «desastres naturales» inevitables, sino síntomas de un territorio colonizado por intereses capitalistas que priorizan la ganancia sobre la vida.
2. El capitalismo del desastre: quién gana y quién pierde
El análisis político de estos eventos demuestra que, mientras las comunidades pierden hogares, medios de vida, ecosistemas y esferas culturales, el capital financiero y extractivo continúa expandiendo sus ganancias y su influencia en regiones como el Biobío, Ñuble y el Wallmapu.
En este marco, el negocio forestal no solo ha contribuido a transformar la biodiversidad de estos territorios, sino que sirve como uno de los pilares del supuesto «crecimiento» regional reflejado en estadísticas macroeconómicas, donde los beneficios financieros conviven con degradación ambiental y vulnerabilidad social.
Esto es lo que llamamos capitalismo del desastre: un régimen donde la acumulación de capital se alimenta de territorios exhaustos por la explotación, cuyos servicios ecosistémicos (agua, biodiversidad, estabilidad climática) se pierden ante la lógica destructiva de lucro.
3. Proyectos extractivos y concentración de poder económico
Este modelo extractivo no se limita al negocio forestal. En el Biobío, particularmente, proyectos mineros de tierras raras como el llamado Módulo Penco se han posicionado como apuestas estratégicas de inversión privada, legitimadas en parte por una retórica de «innovación» y «desarrollo tecnológico», pero no cuenta con apoyo “ciudadano”.
Aunque actualmente esta empresa niega cualquier vínculo con el origen de los incendios y se presenta como afectada por la emergencia, la presencia de estos proyectos —financiados por grandes grupos económicos nacionales e internacionales— levanta cuestionamientos sobre cómo las prioridades de inversión se sitúan en actividades extractivas de alto impacto en territorios ya vulnerados, en lugar de fortalecer procesos de resiliencia comunitaria, gestión hídrica y capacidades preventivas en territorios afectados.
En el caso de Aclara asociada a Grupo Hochschild (familia judía) y al Grupo CAP, importantes conglomerados con intereses en minería, infraestructura y recursos naturales, su iniciativa de extraer minerales estratégicos como tierras raras es parte de una cadena de acumulación que extrae recursos y apropiación económica de los territorios, en un contexto donde comunidades perciben estas inversiones como amenazas adicionales al bienestar local —afectación hídrica, presión sobre tierras, transformación del medio— en vez de opciones de desarrollo sostenible.
4. El papel del Estado y la gestión de desastres
La actual respuesta estatal —incluyendo la declaración de estado de catástrofe— no debe confundirse con una política efectiva de prevención estructural. Más bien, revela un Estado reactivo cuyo enfoque principal es mitigar el daño inmediato, sin cuestionar las causas sistémicas del problema.
La alianza público-privada para capacitar a las empresas privadas en investigación de incendios y manejo de causas —como lo ha impulsado CONAF junto a CORMA— refleja una cooptación de las dinámicas de gestión por parte de los mismos actores industriales que han contribuido al deterioro del territorio, en lugar de priorizar mecanismos de control democrático y conocimiento técnico centrado en las necesidades de las comunidades afectadas.
5. Continuidad neoliberal bajo el gobierno de Boric: administración de la catástrofe sin cuestionar el modelo
Desde la Escuela Popular Permanente y La Comunidad sostenemos que el actual gobierno de Gabriel Boric, pese a su retórica progresista y su origen en las movilizaciones sociales, no ha roto con las bases estructurales del modelo extractivista que produce y reproduce catástrofes socioambientales como los megaincendios en Biobío y Ñuble. Al igual que los gobiernos anteriores —de la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha empresarial—, el Ejecutivo ha optado por administrar la emergencia sin cuestionar el problema de fondo, reduciendo la acción estatal a respuestas reactivas, humanitarias y securitarias, sin tocar los intereses económicos que estructuran el territorio.
La política forestal, minera y energética sigue intacta: no se cuestiona la concentración de la propiedad de la tierra, no se desmantela el poder de las grandes forestales ni se revisa estructuralmente el modelo de monocultivo, ni tampoco se congela o cancela la expansión de megaproyectos extractivos en territorios altamente vulnerados. La declaración de estados de excepción, los bonos de emergencia y los discursos de reconstrucción conviven sin contradicción con la continuidad de los mismos actores económicos que han degradado el territorio durante décadas.
Esta forma de gobernar expresa una lógica de gobernabilidad neoliberal de rapiña, donde el Estado actúa como garante de la estabilidad del capital antes que como herramienta de transformación social. En ese sentido, el actual gobierno no solo reproduce las limitaciones estructurales del modelo, sino que prepara el terreno para que sectores abiertamente reaccionarios, como los que representa José Antonio Kast, profundicen esta matriz extractivista con mayor autoritarismo, negacionismo climático y represión directa, sin que las bases del problema hayan sido siquiera cuestionadas en serio.
6. Instrumentalización política del sufrimiento popular
El sufrimiento humano que dejan los incendios es también capitalizado políticamente por las élites, que utilizan la tragedia como escenario de disputas comunicacionales, promesas vacías y presencia mediática, sin comprometer transformaciones reales. Autoridades de distintos signos políticos desfilan por los territorios devastados, anuncian planes, bonos y mesas de trabajo, mientras las soluciones estructurales se dilatan y las comunidades continúan esperando respuestas concretas.
Esta instrumentalización del dolor cumple una doble función: por un lado, desactivar el conflicto social mediante la promesa de ayuda futura; por otro, legitimar la continuidad del modelo, presentando la catástrofe como una fatalidad inevitable y no como el resultado de decisiones políticas y económicas concretas. Así, el pueblo trabajador no solo pierde sus casas, sus territorios y sus medios de vida, sino que además es utilizado como escenografía del poder, reducido a objeto de asistencia y no reconocido como sujeto político con derecho a decidir sobre su reconstrucción y su futuro.
Desde nuestra perspectiva, esta lógica constituye una forma más de violencia estructural, donde la catástrofe es administrada para garantizar estabilidad institucional y continuidad del capital, mientras se posterga indefinidamente la justicia social, ambiental y territorial que las comunidades exigen.
7. Reconstrucción desigual, especulación y negocio sobre la tragedia
La catástrofe provocada por los mega incendios no termina con la extinción del fuego. Por el contrario, se abre un largo y desgastante proceso de reconstrucción que, como en crisis anteriores, recaerá principalmente sobre los hombros del pueblo trabajador, de las familias populares y de las comunidades empobrecidas. La experiencia histórica en Chile demuestra que la reconstrucción post-desastre se caracteriza por lentitud burocrática, subsidios insuficientes, endeudamiento forzado y abandono prolongado, mientras las comunidades deben sobrevivir durante meses o años en condiciones precarias, sin certezas ni soluciones estructurales.
En este escenario, la reconstrucción se transforma en un nuevo espacio de acumulación capitalista, donde grandes empresas proveedoras de materiales de construcción —como Sodimac, Easy y otras cadenas del retail— especulan con los precios, encarecen insumos básicos y obtienen ganancias extraordinarias a partir de una necesidad vital. El acceso a materiales, herramientas y soluciones habitacionales queda mediado por el mercado, consolidando una lógica perversa en la que la posibilidad de reconstruir la vida depende de la capacidad de pago, profundizando la desigualdad social ya existente.
A ello se suma la rapiña de la industria inmobiliaria, que históricamente ha aprovechado los contextos de catástrofe para reordenar el territorio según criterios de rentabilidad, desplazando comunidades, fragmentando redes sociales y transformando el dolor colectivo en oportunidad de negocio. La destrucción abre paso a procesos de gentrificación encubierta, cambio de uso de suelo y nuevos proyectos privados que no responden a las necesidades populares, sino a la expansión del capital sobre territorios previamente habitados por sectores populares y comunidades históricas.
8. Criminalización de la defensa territorial: represión, cárcel y persecución a quienes luchan
Cuando las comunidades, organizaciones socioambientales y luchadores y luchadoras sociales se movilizan para defender el territorio, el agua, los bosques y la vida, la respuesta del Estado chileno —transversal a los distintos gobiernos— ha sido la criminalización sistemática de la protesta y la resistencia. Esta lógica no se ha revertido bajo el actual gobierno; por el contrario, se ha profundizado en continuidad con el aparato represivo heredado del neoliberalismo, especialmente en territorios en conflicto como el Wallmapu.
Las comunidades mapuche autónomas, que han denunciado históricamente el impacto de las forestales, la militarización del territorio y el saqueo de bienes comunes, han sido enfrentadas con leyes de excepción, estados de emergencia, presencia militar, persecución judicial y encarcelamiento político. La defensa del territorio es tratada como una amenaza al orden público, mientras que la devastación ambiental perpetrada por grandes empresas es normalizada como “desarrollo”.
Este doble estándar revela con crudeza de qué lado se posiciona el Estado: se protege la propiedad privada del gran capital y se reprime a quienes defienden la vida. La criminalización de la protesta socioambiental cumple una función estratégica en el modelo extractivista: disciplinar a las comunidades, desarticular la organización popular y garantizar la continuidad de los negocios, incluso en contextos de desastre climático y humanitario.
Desde nuestra perspectiva, no puede haber una salida real a la crisis socioambiental sin desmontar el aparato represivo que sostiene el extractivismo, sin amnistía para quienes luchan por el territorio y sin el reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos a decidir sobre sus formas de vida.
Mientras defender el bosque, el agua y la tierra siga siendo castigado con cárcel y militarización, no habrá transición ecológica ni justicia ambiental posible, solo una profundización del despojo bajo nuevos discursos.
9. Hacia una alternativa emancipadora: reconstruir la vida, no el negocio
Desde la Escuela Popular Permanente y La Comunidad, afirmamos que no existe salida real a la catástrofe socioambiental que vive el Biobío y Ñuble sin una ruptura consciente con el modelo extractivista capitalista que ha configurado estos territorios como zonas de sacrificio. Frente a la administración neoliberal de la crisis —ya sea en su versión progresista o abiertamente reaccionaria— levantamos la necesidad de una alternativa emancipadora, centrada en la vida, el poder popular y el control colectivo del territorio.
Desmercantilización del territorio.
Es urgente frenar la expansión de los monocultivos industriales forestales y avanzar hacia una reconversión ecológica profunda, basada en mosaicos diversos de uso del suelo que restauren cuencas, recuperen biodiversidad y reduzcan estructuralmente el riesgo de incendios. Esto implica terminar con la lógica de la tierra como mercancía y reconocer el territorio como bien común, inseparable de las comunidades que lo habitan y lo cuidan.
Prevención estructural antes que combate reactivo.
La política pública no puede seguir centrada exclusivamente en la emergencia. Se requiere una inversión sostenida y pública en prevención, manejo del paisaje, restauración ecológica y fortalecimiento de capacidades comunitarias. Esto supone romper la dependencia de actores privados con claros conflictos de interés —como las grandes forestales— y construir sistemas de gestión del riesgo autónomos, democráticos y territorializados.
Control comunitario y decisión popular.
Las comunidades directamente afectadas por los incendios y por el extractivismo deben ser sujetos políticos centrales, no beneficiarios pasivos de políticas diseñadas desde arriba. La planificación territorial, la reconstrucción y la gestión del riesgo deben incorporar mecanismos vinculantes de control comunitario, respetando las formas de organización local, los saberes populares y los derechos colectivos de los pueblos.
Revisión crítica y detención de proyectos extractivos en territorios vulnerados.
Los proyectos de extracción intensiva —forestales, mineros, energéticos— no pueden seguir avanzando sobre territorios ya devastados. Exigimos un freno integral y política de estos proyectos, incluyendo los de tierras raras y la expansión forestal, bajo criterios de justicia ambiental, social y territorial. Abajo la lógica de la rentabilidad y la geopolítica del capital.
Transparencia, justicia ambiental y fin de la impunidad corporativa.
Las investigaciones sobre causas de incendios, responsabilidades empresariales y negligencias estructurales deben estar libres de subordinación a intereses corporativos. La justicia ambiental implica verdad, reparación y sanción, pero también memoria colectiva y transformación de las condiciones que hacen posible la repetición de estas tragedias.
Por una reconstrucción desde abajo y para la vida
Los megaincendios que arrasan el Biobío y Ñuble no son hechos aislados ni neutrales. Son la expresión extrema de un modelo capitalista extractivista que mercantiliza la naturaleza, precariza la vida y convierte cada catástrofe en una nueva oportunidad de negocio. La reconstrucción que viene no puede ser una repetición de esta lógica, ni un nuevo ciclo de endeudamiento, especulación inmobiliaria y acumulación corporativa sobre el dolor popular.
La crisis actual exige transformaciones profundas en las políticas ambientales, territoriales y económicas, pero también en las formas de organización y lucha. Solo desde el poder popular, la organización comunitaria y la unidad de los pueblos en defensa del territorio será posible disputar el sentido de la reconstrucción y abrir camino a un proyecto de sociedad que coloque en el centro la vida —humana y no humana— por sobre el capital.
Frente al fuego del extractivismo y la devastación neoliberal, levantamos la dignidad organizada, la memoria rebelde y la convicción de que otro modelo territorial no solo es necesario, sino urgente y posible.
Escuela Popular Permanente/ La Comunidad
