La Comunidad/ Escuela Popular Permanente
Invierno entre seguridad, energía y territorio
Cuando empezó el invierno, Chile respiraba hondo. En la radio de la mañana se repetían tres palabras como un latido: seguridad, energía, territorio. En el sur, la niebla se acostaba sobre caminos militares y forestales; en Santiago, los liceos tejían asambleas cortas como fogonazos. Entre ambos puntos, una línea de tensión: el Estado prorrogaba, otra vez, la excepcionalidad en la Macrozona Sur; las grandes empresas ajustaban la gramática de la transición energética para hacerla digerible; la sociedad, con sus tramas desiguales, buscaba aire entre la urgencia y el cansancio.
Wallmapu y la normalización del estado de excepción
En Wallmapu, la excepcionalidad dejó de ser evento para volverse clima. La prórroga mensual, de julio a septiembre, ya no sorprendía a nadie; lo que ayer fue medida extraordinaria hoy organiza rutinas: controles, convoyes, helicópteros, titulares. En clave del bloque estatal-empresarial afirma su fuerza y posición con un dispositivo que promete orden y movilidad de mercancías, especialmente madera y transporte. La contradicción no es abstracta: atraviesa comunidades donde la normalidad se define por el roce constante con policías y militares, por el mapa de caminos que se cierra y se abre según decretos.
En ese cuadro, dos historias concretas marcaron el pulso del período.
Primero, Julia Chuñil: defensora territorial y presidenta de la comunidad de Putreguel, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en un predio de Máfil. A más de 11 meses, su familia insiste en que el caso se trate como delito y exige resultados; la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor en julio de 2025, ordenando al Estado intensificar la búsqueda y proteger a su familia. En los últimos días, una filtración que el Gobierno pidió aclarar reavivó la hipótesis más cruda: “la quemaron”, según lo que trascendió en prensa, extremo aún no confirmado judicialmente. El peso simbólico del caso —una defensora desaparecida, con indicios de violencia extrema, en contexto de disputa territorial— expone el límite entre retórica de derechos y garantías efectivas de vida.
Segundo, el río Pilmaiquén: allí, el 19 de agosto una ceremonia terminó en tragedia con dos personas fallecidas. Desde entonces, la Machi Millaray Huichalaf quedó en calidad de imputada mientras la Fiscalía investiga; no hay hoy prisión preventiva ni formalización con cargos, y la propia Fiscalía ha dicho que la investigación sigue con peritajes en curso. La escena, atravesada por dolor y pugnas discursivas, desnudó otra vez la tensión entre justicia estatal y prácticas espirituales mapuche; y, a la vez, fue usada por actores adversos para criminalizar liderazgos que encabezan la defensa del río sagrado frente a proyectos hidroeléctricos. Para entender la densidad del conflicto ayuda la memoria larga: la misma machi fue encarcelada en ciclos previos (2013–2014) por otra causa, antecedente que muchas comunidades leen como patrón de persecución.
Transición energética y conflictos territoriales: del norte al sur
La política, en su versión más concreta, se volvió geografía. No se juega sólo en el Congreso o la prensa: se juega en la ribera de un río, en la servidumbre de paso a una central, en la ruta hacia un observatorio astronómico. Desde junio, el megaproyecto de amoníaco/hidrógeno “verde” —esa promesa de futuro limpio— acumuló centenares de observaciones técnicas y ciudadanas. En el norte, la defensa de los cielos oscuros resumió un argumento que parece técnico pero es profundamente político: quién decide qué es el progreso y a costa de quién. En el sur, Rucalhue y Pilmaiquén recordaron que la electricidad barata se escribe con nombres de ríos, cementerios, trayectorias espirituales. Allí, lo “verde” no es color sino conflicto: una transición por arriba que desplaza emisiones pero reproduce lógicas extractivas conocidas en la semiperiferia. El Estado avanza como regulador y promotor; las empresas afinan relatos de empleo y mitigación; las comunidades combinan peritajes, ritualidad y protesta. En el tablero, la fuerza económica y legal está del lado corporativo-estatal; la posición territorial, del lado comunitario y de la ciencia pública; la contradicción es abierta y persistente.
Grietas en los aparatos coercitivos: narco-militares y corrupción
En paralelo corrió otra historia, menos épica y más áspera: la integridad de los aparatos coercitivos. Las noticias de narco-militares, los fallos contra carabineros por apropiación indebida y otras causas dibujaron una grieta que no se tapa con conferencias. Aquí, el discurso de “orden” se apoya, paradójicamente, en instituciones que cargan con su propia descomposición segmentaria. El Gobierno gestionó el daño con protocolos y anuncios, pero la pedagogía social es lenta: a la vuelta de cada caso, la confianza pierde milímetros. La excepcionalidad, sostenida por esas mismas instituciones, gana la batalla de la inmediatez —calma hoy— pero pierde puntos en la batalla de la legitimidad —sentido mañana—.
Ciclo estudiantil y conflictos sectoriales
Durante julio y agosto, la ciudad volvió a escuchar la respiración estudiantil. Tomas, desalojos, retornos rápidos. Fue un rebrote corto: no faltó voluntad, faltó ensamble nacional. Los ciclos juveniles, como olas, rebotan contra paredes altas: municipalidades que no quieren incendios, ministerios que manejan el reloj, medios que alternan entre criminalizar y romantizar. A ratos, hubo también conflictos sectoriales —puertos, servicios— que recordaron que el mundo del trabajo conserva capacidad de veto localizado, capaz de doblar la mano en negociaciones puntuales, todavía lejos de una convergencia programática.
Internacional: Gaza, ética de época y espejos BRICS
Fuera de nuestras fronteras, Gaza puso una sombra larga sobre el trimestre. No es sólo solidaridad; es un espejo de época. Mientras se documentaban crímenes y hambre, en Chile y América Latina crecía una pedagogía ética que ordena el lenguaje de derechos, interroga la razón de Estado y reaviva redes. Y en el otro filo del mundo, BRICS ofreció una escena distinta: Chile como invitado a un foro que espejea el multipolarismo. Allí se ve, nítida, la condición semiperiférica que describía Wallerstein: buscamos márgenes de autonomía sin alterar la matriz de dependencia basada en exportaciones, energía intensiva y crédito externo. El gesto diplomático convive con la realidad doméstica: la “transición” se acelera para atraer capital, aunque los rituales del territorio —sus santos, sus muertos, sus aguas— no entren bien en las láminas del PowerPoint.
Alto al fuego Israel–Hamás: alcance y fragilidad
En las últimas semanas, ese tablero internacional se movió un paso más: la Casa Blanca de Donald Trump impulsó —y prácticamente impuso— un alto al fuego entre Israel y Hamás, firmado a comienzos de esta semana y entrado en vigor el viernes. El acuerdo contempló retiro parcial de tropas, liberación de rehenes y canje por prisioneros palestinos, además de incremento de ayuda humanitaria. Pero el mismo viernes de inicio, mientras miles intentaban volver hacia el norte de Gaza, Israel bombardeó y hubo muertes y heridos, subrayando la fragilidad del pacto y trasladando la consigna de “alto al fuego ya” a “cumplimiento verificable” (rehenes, prisioneros, ayuda, no repetición).
Movilizaciones globales (junio–octubre): placas en movimiento
En paralelo, entre junio y octubre se encadenaron movilizaciones grandes en América Latina y el mundo, con impactos políticos visibles: en Perú, marchas juveniles y paros derivaron en la destitución de Dina Boluarte y la asunción del titular del Congreso, José Jerí; en Ecuador, la CONAIE y sectores sociales reactivaron huelga y cortes frente al fin del subsidio al diésel; en Brasil, el “Sem Anistia” llenó calles en más de veinte estados; en Argentina, multitudes por Palestina y contra la ofensiva judicial; en Italia, huelga general y megamarcha por Gaza; en Francia, centenares de miles salieron contra el presupuesto 2026 y Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu como primer ministro tras la caída exprés del gabinete; en España, una protesta multitudinaria canceló la etapa final de La Vuelta; y en Nepal, la “Gen Z” empujó la renuncia de K. P. Sharma Oli y la designación de Sushila Karki como primera ministra interina con disolución del parlamento. No es ruido: son placas tectónicas moviéndose bajo un mismo campo semántico —austeridad y seguridad por arriba, derechos y vida por abajo— que dialoga con nuestra propia coyuntura.
Campo popular: persistencia dispersa y riesgos analíticos
Si se mira el campo popular chileno y latinoamericano no está ausente; está disperso. En las puntas del mapa, resiste: comunidades mapuche e indígenas ante la militarización y las alzas; colectivos ecosociales frente a proyectos energéticos; estudiantes que intervienen el calendario regular con diversas demandas locales o generales; espacios del trabajo resistiendo la sostenida precarización formal del trabajo y los sectores más flexi-precarizados; organizaciones feministas que sostienen las luchas de avanzada del campo popular en un momento de sostenidos feminicidios y retrocesos en los derechos populares. Pero el hilo conductor aún no cose los parches en una trama común. El riesgo es la sobrerrepresentación: confundir chispas por fogata. La prudencia analítica manda: hay persistencia, hay aprendizajes, hay memoria activa; no hay, todavía, un sector popular articulado que imponga agenda nacional prolongada de forma autónoma al patriarcado-colonialisno-capitalismo.
Lectura ecofeminista y ecocomunitaria: agua, tiempo y cuidados
Desde los eco-feminismos, la disputa luce aún más material: agua, tiempo, cuidados. Cada cordón policial, cada turno extendido, cada corte de camino reconfigura las formas de lucha abiertas. En los relatos de mujeres pewenche y dirigentas territoriales se repite una frase: “lo urgente no puede comerse a lo importante”. Ahí el ecocomunitarismo deja de ser teoría y se vuelve receta: sembrar en común, medir el impacto real de las obras, decidir colectivamente dónde y cuándo decir que no. Y cuando se dice que no —a una línea eléctrica, a un ducto, a un decreto— se protege no solo un paisaje, sino una economía del cuidado que no aparece en cuentas nacionales y, sin embargo, sostiene la vida.
Conviene recordar, además, que este gobierno sostiene una persecución constante contra las y los weichafes —además de hombres, mujeres y niñeces— bajo la vieja lógica del “enemigo interno”, esa doctrina que lleva más de medio siglo incrustada en las FF.AA. y en las policías. Sus efectos son palpables: una seguidilla de nuevos comuneros/as mapuche encarcelados por el Estado chileno en Wallmapu y el suicidio de un preso político detenido a raíz de la rebelión de octubre de 2019.
Recta final electoral: mayorías y “parlamentarismo militarizado de derecho”
En paralelo, entramos en la recta final del proceso electoral que definirá nuevo Ejecutivo y Congreso. Lo decisivo, para este ciclo, es si habrá o no mayorías parlamentarias dentro de un “parlamentarismo militarizado de derecho”: con mayorías habiliten reformas constitucionales que tienen quórums más bajos que los años previos, un Parlamento que —sea hegemonizado por la ultraderecha o por la socialdemocracia/izquierda neoliberal— tenderá a resguardar el statu quo, esa “normalidad” sostenida en la militarización de la vida, especialmente en Wallmapu.
Reordenamientos de bloques: derecha, socialdemocracia y PC/FA
También está abierta la disputa por la conducción de los bloques. En la derecha, las vertientes de la ultraderecha se miden entre republicanos/libertarios y Chile Vamos. En la socialdemocracia neoliberal y la izquierda institucional, el desenlace tendrá matices según los resultados de fin de año. En ese campo, el FA y el PC han dejado atrás la arquitectura de la antigua Concertación, pero necesitan perseverar esa alianza estratégica como un gran bloque socialdemócrata neoliberal: la disputa interna se ordena entre el FA —con Boric una vez concluido su mandato— y el PC —ya sea en torno a Jara y la disidencia, o a la hegemonía del Comité Central encabezado por Carmona—. Todo dependerá de los votos de la abanderada del oficialismo y del resultado parlamentario; pero lo claro es que, desde Jara hasta Kaiser/Kast, han anunciado mantener el estado de excepción, no tocar los pilares de la matriz productiva y un largo etcétera. Señales nítidas de continuidad: profundizar y extender el modelo de dominación, las zonas de sacrificio, la precarización extrema, la depredación y expoliación de los bienes comunes y la financiarización de los derechos sociales, con la militarización como telón de fondo.
Mapa estratégico del período: fuerzas, resistencias y contradicciones
El mapa estratégico de estos cuatro meses y una semana podría dibujarse así: en el sur, un Estado que administra la normalidad excepcional; en el norte y centro, una carrera por inversiones “verdes” que topa con astronomía, humedales y barrios; en el corazón urbano, fogonazos juveniles; en los cuarteles, grietas que el yeso del discurso no termina de cubrir; en el mundo, la tragedia de Gaza y la promesa ambigua de nuevas arquitecturas internacionales. Las fuerzas dominantes retienen la iniciativa; las resistencias acumulan por capilaridad, no por centro; las contradicciones maduran a cielo abierto.
Escenarios hasta fin de año: prórrogas, ‘verdes’ y acoplamientos
¿Qué viene de aquí a fin de año? Probablemente, la excepcionalidad seguirá encadenando prórrogas y debates; la transición energética buscará sellar compromisos con mejoras de diseño —mitigaciones, relocalizaciones parciales— sin mover la matriz; el campo popular alternará olas cortas con intentos de convergencia. La clave —si la hay— está en inventar dispositivos de acoplamiento entre luchas: que la defensa de los cielos oscuros se hable con el sindicato portuario; que la rogativa en el río dialogue con la cátedra universitaria; que el liceo tome el micrófono de la radio comunal. Ahí se construye acumulación de fuerzas: menos por épica que por persistencia.
Si este tramo tuviera un símbolo, sería una frontera porosa. No una muralla, no un muro; una curva donde se tocan lo estatal y lo común, lo corporativo y lo comunitario, lo global y lo íntimo. En esa curva, la política vale por su capacidad de escucha y de traducción: volver legible el dato técnico para la asamblea; volver contable el costo social para el inversionista; volver visible el cuidado para la política general. Nada de esto se resuelve con un decreto, pero los decretos importan y se ganan luchando: sin movilización y capacidades organizativas, nos será posible salir del actual escenario.
Cierre: país en movimiento y la pregunta por juntar lo existente
Al cerrar estas hojas, queda una certeza modesta: no hay vacío. Hay un país en movimiento que respira entre decretos, estudios de impacto, paraderos, rogativas y asambleas breves. Hay memorias que suben por las quebradas y tecnologías que bajan por los ministerios. Hay, sobre todo, una pregunta que se repite: ¿cómo juntar lo que ya existe? Si encontramos la manera —con un programa mínimo que enlace las propuestas del Pueblo— tal vez el latido que inauguró el invierno se vuelva canción de verano. Y si no, seguiremos, como hasta ahora, acumulando por abajo, doblando una esquina a la vez, para que algún día el país de la excepcionalidad se parezca menos a una trinchera y más a una casa común.
