El gobierno celebra: según el Ministerio de Seguridad y como informa orgullosa La Tercera, los eventos de desorden público disminuyeron en un 45% desde el 2020. Las detenciones, los destrozos y los carabineros heridos han bajado drásticamente. Se proyecta una imagen de normalidad y “recuperación del orden”.
Pero esta caída no se explica por una sociedad más integrada o en paz, sino por una ofensiva sostenida del régimen para desmovilizar, aislar y neutralizar políticamente a las masas que se rebelaron en octubre de 2019. Estamos frente al resultado directo de una política de contrainsurgencia, basada en tres pilares: represión legal e impunidad policial, terrorismo comunicacional, y cooptación institucional.
El disciplinamiento post-estallido: del Estado en crisis al Estado blindado
El informe oficial revela que en 2020 hubo 6.715 eventos que requirieron intervención del Control de Orden Público (COP). En 2024, fueron 3.670. El número de detenidos cayó un 75%. Las lesiones bajaron un 70% y los carabineros heridos, un 87%. Es decir, se acabaron los enfrentamientos, pero no las causas que los originaron.
Lejos de significar una reconciliación social, estas cifras indican que el aparato represivo ha logrado reestructurarse, fortalecerse y operar con mayor eficacia y menor visibilidad. La contrainsurgencia —como lógica estatal— ya no consiste en la represión brutal y caótica de los primeros días del estallido, sino en un dispositivo legal, comunicacional y político altamente sofisticado.
Comunicación del terror: el rol de los medios en la pacificación por miedo
La caída de la protesta activa coincide con el auge de la campaña de terror mediático en torno a la delincuencia, la “inmigración descontrolada” y el narcotráfico, que ha saturado la agenda pública. La protesta social fue progresivamente equiparada con saqueo, crimen y terrorismo.
En ese contexto, las demandas sociales quedaron criminalizadas en el imaginario colectivo. La gente fue replegada desde las calles al miedo y a la resignación. La supuesta “defensa del orden” unificó a los bloques políticos del régimen, desde Kast hasta Boric.
La legalidad del garrote: un arsenal represivo para blindar al Estado
El régimen ha aprobado en los últimos años una batería de leyes para legalizar la represión, blindar a los agentes del Estado e inhibir la acción directa de las masas populares. Aquí las principales:
Ley Nain-Retamal:
Otorga presunción de legítima defensa a funcionarios policiales, legalizando de facto el gatillo fácil. Ha permitido múltiples casos de violencia policial sin sanción. Es una ley de impunidad.
Ley Antiterrorista (reformulada y fortalecida):
Mantiene definiciones amplias y ambiguas que permiten perseguir militancia política, activismo mapuche, anarquismo y autodefensa popular. Hoy se aplica a jóvenes que protestan, a comunidades que resisten desalojos, a mapuche que defienden su tierra. Crea en la práctica un registro de “grupos antisistémicos” y penaliza la participación en organizaciones que cuestionen el orden institucional. Es una reedición de la doctrina del “enemigo interno” de la dictadura
Ley Antitomas: crea una figura delictiva de ejecución permanente para toda ocupación de inmuebles lo que permite su represión sin intervención judicial
Cambio de jurisprudencia en tribunales:
Jueces han comenzado a aplicar penas desproporcionadas y ejemplarizantes contra activistas, sobre todo mapuche y anarquistas, (Héctor Llaitul, Francisco Solar) invocando agravantes ideológicas. Se persigue más el “discurso de odio hacia el Estado” que el crimen efectivo.
💬 “El régimen aprendió de la revuelta. Ya no reprime para apagar incendios, sino para impedir que se enciendan. La contrainsurgencia moderna no necesita balas, sino leyes, cámaras, fake news y miedo”, dice un abogado defensor de causas mapuche consultado por El Porteño.
Cooptación progresista y pacificación neoliberal
El gobierno de Gabriel Boric ha sido pieza clave en esta arquitectura contrainsurgente. Lejos de desmantelar la herencia de Piñera, la perfeccionó. Bajo el pretexto del “nuevo trato con las policías”, su gobierno fortaleció el COP, respaldó la Ley Nain-Retamal y amplió la Ley Antiterrorista.
A la vez, las cúpulas del movimiento social fueron cooptadas: exdirigentes estudiantiles convertidos en ministros, exvoceros en cargos públicos, activistas integrados a ONGs subsidiadas por el Estado. Se cerró así el ciclo de la revuelta: de la calle a la gobernabilidad.
¿Estabilidad o represión silenciosa?
Que la gente no salga a la calle no significa que no haya rabia ni miseria. La crisis social sigue: salarios estancados, sistema de salud colapsado, viviendas indignas, educación clasista. Pero la protesta fue reprimida, encauzada, ritualizada.
El informe de Seguridad da cuenta de que en 2024 hubo más de 7 millones de asistentes a eventos controlados por Carabineros —más del triple que en 2020—, pero con apenas 1.400 detenidos. La masividad sin conflicto revela el éxito de la represión preventiva, de la vigilancia, de la fragmentación.
¿Y ahora qué? ¿Es durable esta paz impuesta?
Lo que el régimen no puede responder es esto: ¿por cuánto tiempo más podrá sostenerse esta “normalidad” construida sobre la base del miedo y la violencia legalizada? ¿Qué pasará cuando la crisis social vuelva a hacerse intolerable y ya no sea posible contenerla con comunicados del Ministerio de Seguridad?
Con la impudicia y brutalidad que lo caracteriza, el exsubsecretario Felipe Harboe (PPD) lo reconoció en claro tono policial: “una parte considerable de quienes motivaban las manifestaciones hoy son funcionarios públicos”. La cooptación de líderes sociales, sumada a la represión legal y policial, ha logrado reducir el enfrentamiento abierto. Pero esta aparente estabilidad es frágil y artificial, sostenida por la represión y el miedo, no por la resolución de las causas profundas de la desigualdad y la injusticia.
La historia enseña que la clase trabajadora siempre vuelve. La revolución también aprende.
FUENTE: El Porteño.cl
