“El descaro para grande”: cuando el mando reprime y la prensa blinda
Por Juan Carlos Flores
A menos de 24 horas de cumplirse seis años del 18 de octubre de 2019 —fecha fundacional de una crisis profunda en Chile— reaparece en un medio como BioBio una columna donde el ex director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, acusa un “aumento de la pandemia de inseguridad” como eje central del discurso. Un sorpresivo ejercicio de normalización, cuando este mismo personaje está bajo indagación por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos. No se trata de una simple contradicción: es un signo del cinismo institucional que camina de la mano con el silencio mediático.
La pregunta obvia es: ¿cómo alguien formalizado por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio puede reaparecer con discursos públicos de autoridad y credibilidad? ¿Qué mensaje envía que uno de los máximos responsables operativos del aparato represivo tenga tribuna para hablar de “inseguridad” cuando existe un gigantesco déficit de justicia en las causas por violencia estatal?
Antecedentes de acusaciones contra Yáñez y responsabilidad de mando
Perfil institucional
- Ricardo Alex Yáñez Reveco es oficial de Carabineros y fue director general desde el 19 de noviembre de 2020 hasta su renuncia al cargo en septiembre de 2024. (Wikipedia)
- Antes de ser Director General, ocupaba el cargo de jefe de la Dirección de Orden y Seguridad (DIOSCAR), área operativa clave del mando policial. (Interferencia)
- En su función operativa, habría sido responsable de bajada de órdenes tácticas y coordinación directa del despliegue policial. (CIPER Chile)
Formalización y cargos judiciales
- En enero de 2024, la Fiscalía solicitó formalizar a Yáñez por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, junto con otros altos mandos policiales, en el contexto del estallido social de octubre 2019. (Amnesty International)
- Amnistía Internacional ha respaldado esa imputación, señalando que existe evidencia sobre órdenes tácitas u omisiones deliberadas en mandos de Carabineros, donde Yáñez era figura medular. (Amnesty International)
- En particular, el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando” documenta cómo diversos mandos habrían implementado estrategias represivas ilegítimas (uso de escopetas con munición lesiva, omisiones de control, etc.). (Amnesty International)
- La formalización ante el 7.º Juzgado de Garantía estaba agendada para el 1 de octubre (o periodos cercanos) del 2024, en medio de maniobras de defensa que buscaban diferir el proceso. (La Izquierda Diario)
- La defensa de Yáñez ha intentado impugnar el acceso a actas del Consejo de Defensa del Estado vinculadas al caso, argumentando secreto profesional, lo que ha sido parcialmente rechazado por la justicia. (Interferencia)
En suma: estamos ante un ex mando policial formalizado por delitos vinculados al uso ilegítimo de la fuerza en protestas sociales, quien sin embargo mantiene una presencia mediática pública con credibilidad indebida.
Violencia institucional desde el 18-O: cifras y relato del Estado represor
Para entender el contexto en el que se inserta el caso Yáñez, es indispensable revisar los datos que arroja la Fiscalía y otros informes independientes.
Informe de la Fiscalía: seis años después
- Entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se registraron 32.901 causas, que agruparon 35.146 delitos, con 21.766 imputados y 20.727 víctimas. (Ex-Ante)
- La violencia institucional, es decir, el uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes estatales, fue el fenómeno más numeroso: 11.500 causas por apremios ilegítimos y 12.002 delitos de violencia institucional en total. (La Tercera)
- Otras cifras destacadas:
- 464 víctimas de trauma ocular (con lesiones oculares graves) (La Tercera)
- De ellas, 230 personas con pérdida visual parcial o total (BioBioChile)
- 30 personas fallecidas en ese período, algunas como resultado directo de violencia estatal. (Ex-Ante)
- La mayor concentración de hechos ocurrió en la Región Metropolitana (46,9 % del total) (Ex-Ante)
- En cuanto al cierre de causas:
- Sólo alrededor del 14,3 % de los casos con imputado conocido terminó en condena (La Tercera)
- Un 70 % de las causas fueron archivadas sin juicio. (El Mostrador)
- En total, de más de 12.000 denuncias de violencia institucional, apenas 219 condenas efectivas. (BioBioChile)
Estos datos evidencian un serio desfase entre la magnitud del daño denunciado y la respuesta judicial estatal. A pesar de que los delitos institucionales fueron más numerosos que saqueos y desórdenes en ese momento, su impunidad es la regla, no la excepción.
Informe de Ciper / Fiscalía regional
- El documento de Ciper “Cifras de Violencia Institucional (al 31 de marzo de 2020)” informa que de 8.510 víctimas registradas en denuncias vigentes para ese período:
- 6.369 correspondieron a denuncias contra Carabineros. (CIPER Chile)
- 3.219 de esas víctimas sufrieron lesiones por armas de fuego. (CIPER Chile)
- 411 tenían lesiones oculares y otras 615 tenían “otras lesiones graves”. (CIPER Chile)
- En ese informe, Carabineros lidera el ranking institucional de denuncias por abusos en el estallido. (CIPER Chile)
Relato institucional / estratégico de mando
- Amnistía Internacional concluye que la violencia institucional no fue un accidente espontáneo, sino un patrón sistemático: el mando, incluyendo el Director General y otros altos jefes, tenían obligación de prevenir las violaciones, pero incurrieron en omisiones deliberadas o negligentes. (Amnesty International)
- En el citado informe “Ojos sobre Chile”, se documenta que mandos operativos y estratégicos tenían conocimiento de los daños que estaba causando el uso de escopetas con munición altamente lesiva, pero no actuaron para detener o contener esas prácticas. (Amnesty International)
- La estrategia represiva contemplaba, según esos análisis, el uso de la violencia como instrumento de control social, incluso aceptando daños colaterales irreversibles para desincentivar la protesta. (Amnesty International)
En otras palabras: no estamos ante simples excesos, sino ante decisiones estructurales de mando que habilitaron la violencia institucional como herramienta política de contención.
Discursos de orden, inseguridad y victimización invertida
Un ex director policial formalizado por delitos de omisión de violencia institucional apareciendo en medios como autoridad moral para hablar de “emergencia de inseguridad” constituye un acto simbólico potente: es la reapropriación del discurso del mando con pretensiones de legitimidad.
Este tipo de discurso reproduce varias lógicas peligrosas:
- Desvío de responsabilidad
En lugar de asumir el rol de garante del derecho a la protesta, se presenta como víctima ante una “pandemia de inseguridad”. El mando que reprime habla como si estuviera exento del daño que él mismo ordenó. - Normalización del aparato represivo
Dar espacio mediático a personajes como Yáñez contribuye a naturalizar la figura del “orden policial” sin cuestionamiento, incluso cuando existen investigaciones penales en curso. - Aislamiento del relato de las víctimas
Mientras el mando mediático habla, las voces de las víctimas quedan relegadas, silenciadas por el brillo del cargo y la cobertura institucional. - Deslegitimación de las críticas
Al instalar el relato de inseguridad como eje dominante, quienes denuncian violencia institucional son colocados bajo sospecha o acusados de irresponsables, deslegitimando su voz.
Tribuna para el poder, silencio para las víctimas
El hecho de que un medio con peso informativo como BioBio otorgue tribuna a un personaje como Yáñez —sin contextualización histórica adecuada ni contraste crítico suficiente— revela una complicidad mediática peligrosa.
- Los medios que prestan espacio a figuras con procesos en curso deben asumir la responsabilidad de contextualizar: no basta con reproducir su opinión como si fuese neutral.
- Otorgan legitimidad simbólica: para muchos lectores, la presencia de un ex alto mando con voz pública implica autoridad, incluso cuando está siendo juzgado.
- Son plataformas que pueden fortalecer el relato del poder represor —cuando éste necesita reposicionarse— en momentos simbólicos sensibles, como la conmemoración del 18-O.
- Retrasan la conversación sobre justicia transicional: prefieren el sensacionalismo del “orden vs caos” antes que mantener la memoria de las víctimas en debate.
Memoria, justicia y el desafío simbólico
Seis años después del estallido social, el saldo no solo es de cifras: es de impunidad y ausencia de verdad. Las heridas físicas de cientos de personas con traumas oculares, de lesiones severas, de pérdidas irreparables, aún no han sido reparadas. Los mandos no han sido juzgados en proporción al daño. Y sin embargo, uno de ellos reaparece públicamente como autoridad moral, con amplificación mediática.
Ese episodio es parte de un patrón: cuando la impunidad se vuelve default institucional, la memoria se vulnera nuevamente. Dar tribuna a quienes reprimieron es una revancha simbólica contra quienes lucharon por cambiar el país.
La conmemoración del 18-O no puede ser un simple recuerdo ritual: debe tensionar el presente. Un medio que legitima discursos represivos no está siendo espejo de la sociedad, sino reforzador del poder. Que un ex director policiaco procesado pueda volver a aparecer y hablar de “inseguridad” no es solo un agravio moral: es una señal de que siguen operando los mecanismos de blindaje institucional.
