Por Escuela Popular Permanente/ La Comunidad
Existe una tentación recurrente en los análisis políticos: asumir que el agravamiento de las contradicciones sociales conduce inevitablemente al fortalecimiento de las luchas populares. La historia del capitalismo demuestra exactamente lo contrario. Las crisis no producen por sí mismas sujetos políticos; únicamente modifican el terreno sobre el cual se desarrolla la lucha de clases. Entre el deterioro de las condiciones materiales de existencia y la emergencia de un proyecto emancipador media un proceso complejo de organización, elaboración política y disputa ideológica cuyo resultado nunca está garantizado de antemano.
La coyuntura chilena ofrece hoy un ejemplo particularmente ilustrativo de esta tensión. Los indicadores económicos confirman el deterioro de las condiciones de reproducción de la vida para amplios sectores de la población. La persistencia del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el incremento sostenido del costo de la vida y el debilitamiento de políticas públicas fundamentales expresan el agotamiento de un patrón de acumulación incapaz de responder incluso a las necesidades más elementales de la mayoría social. Paralelamente, el Estado fortalece dispositivos de seguridad y control orientados a administrar preventivamente eventuales escenarios de conflictividad.
No se trata de dos procesos independientes. La creciente centralidad de la seguridad constituye una respuesta política a la incapacidad estructural del modelo para reconstruir legitimidad mediante la ampliación de derechos sociales. Allí donde disminuye la capacidad integradora del orden neoliberal, aumenta la importancia de los mecanismos destinados a garantizar su estabilidad. El desplazamiento desde las políticas sociales hacia las políticas de control no representa una anomalía, sino una de las formas contemporáneas mediante las cuales el Estado gestiona las contradicciones del capitalismo periférico.
Sin embargo, reducir el análisis a esta constatación sería insuficiente. La cuestión decisiva radica en que el deterioro objetivo de las condiciones de vida todavía no encuentra una traducción equivalente en términos de organización popular. La contradicción central de la coyuntura chilena no consiste únicamente en la profundización de la crisis social, sino en el desfase existente entre esa crisis y las capacidades organizativas de las clases subalternas.
Este desfase obliga a revisar ciertos supuestos profundamente arraigados en buena parte de la izquierda. Durante décadas predominó una lectura según la cual la acumulación de contradicciones económicas terminaría generando, tarde o temprano, un ascenso casi espontáneo de la movilización social. Esa concepción, heredera de interpretaciones mecanicistas del marxismo, desconoce precisamente aquello que Antonio Gramsci intentó resolver al elaborar el concepto de hegemonía: las clases dominantes no gobiernan exclusivamente mediante la coerción, sino produciendo formas de consentimiento, organizando el sentido común y estructurando culturalmente la experiencia cotidiana de las mayorías.
La estabilidad relativa del neoliberalismo chileno, incluso en contextos de creciente precarización, difícilmente puede comprenderse sin considerar esa dimensión. Décadas de mercantilización de la educación, individualización de las relaciones sociales y debilitamiento sistemático de las organizaciones colectivas han configurado un sentido común donde la competencia aparece como norma, la responsabilidad individual sustituye las explicaciones estructurales y la política es percibida crecientemente como un espacio ajeno a la experiencia popular.
Desde esta perspectiva, la fragmentación del movimiento social no constituye solamente una debilidad organizativa. Es también una expresión de la hegemonía neoliberal. Cuando los conflictos permanecen aislados, cuando las dirigencias se distancian de sus bases y cuando las demandas sectoriales no logran articularse en un proyecto común, la dominación encuentra uno de sus mecanismos más eficaces de reproducción. La desorganización deja de ser únicamente una carencia para transformarse en una forma específica de producción de estabilidad política.
La experiencia chilena reciente confirma esta hipótesis. La rebelión iniciada en octubre de 2019 expresó una extraordinaria capacidad de irrupción popular, pero también puso de manifiesto las dificultades para convertir aquella potencia destituyente en formas estables de organización y poder. La masividad de la protesta coexistió con importantes déficits de articulación estratégica, formación política y construcción popular desde abajo. Evidenció, entre otros aspectos, los límites de una movilización que no había logrado consolidar correlaciones de fuerza duraderas en el plano social y cultural.
Ello no significa desconocer la importancia de las luchas desarrolladas durante los últimos años. Por el contrario, obliga a pensar sus límites como problemas políticos antes que como simples fracasos coyunturales. En este punto, la reflexión de José Carlos Mariátegui conserva una notable actualidad. Si el socialismo debía constituir una creación heroica y no una copia de experiencias ajenas, ello implicaba reconocer que las formas concretas de organización emergen de procesos históricos específicos y no de la aplicación mecánica de esquemas previamente establecidos.
Desde esa perspectiva, las experiencias territoriales que comienzan a desarrollarse en torno a la defensa de la salud pública o el renovado protagonismo del movimiento estudiantil adquieren relevancia no tanto por su dimensión cuantitativa como por las posibilidades estratégicas que abren para reconstruir vínculos comunitarios y formas de acción colectiva. La cuestión decisiva consiste en determinar si esos procesos lograrán trascender la lógica sectorial para constituirse en espacios permanentes de acumulación política.
Es precisamente aquí donde la educación popular recupera toda su centralidad. Paulo Freire insistía en que la conciencia crítica no precede mecánicamente a la acción colectiva ni surge espontáneamente de la experiencia de la explotación. Se construye mediante procesos pedagógicos donde la reflexión y la práctica se articulan en una misma praxis transformadora. La formación política, por tanto, no puede entenderse como transmisión doctrinaria, sino como producción colectiva de capacidades para interpretar críticamente la realidad y actuar sobre ella.
Quizás la principal enseñanza de la coyuntura actual consista precisamente en esto: la crisis del neoliberalismo no elimina automáticamente su hegemonía. Mientras las clases dominantes continúan reorganizando sus mecanismos de dirección política y cultural, las fuerzas populares enfrentan el desafío de reconstruir organización, disputar el sentido común y desarrollar nuevas formas de intervención territorial capaces de articular las múltiples expresiones del conflicto social.
En consecuencia, la tarea inmediata no parece ser la expectativa de un nuevo ciclo de movilización masiva, sino la paciente construcción de las condiciones que hagan posible un nuevo momento de acumulación histórica. Allí donde predomina la fragmentación, la tarea consiste en organizar; allí donde prevalece el aislamiento, en construir comunidad; allí donde la hegemonía neoliberal naturaliza el orden existente, en desarrollar procesos permanentes de formación crítica. No porque la organización garantice por sí sola la transformación social, sino porque sin ella ninguna crisis, por profunda que sea, logra convertirse en proyecto histórico.
