_Por Frei Betto_
En junio viajé a Cuba por tercera vez este año. Dos, al servicio de la FAO, para asesorar el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país. Debido al bloqueo impuesto por Trump, la isla del Caribe sufre una criminal asfixia energética, ya que depende del petróleo importado. Ningún país, ni siquiera China, se atreve a perforar el bloqueo por temor a sufrir represalias de los Estados Unidos. En marzo, Rusia hizo llegar un buque tanque con 740 mil barriles. Días después, el buque ruso fue obligado a desviarse a Brasil cuando cruzaba por aguas de Haití.
La población cubana vive en situación de guerra. Debido a los apagones frecuentes y prolongados, muchas familias cocinan con carbón o leña cortada en los patios. Son raros los vehículos que circulan por las calles y no hay transporte público. Los hospitales y otros centros vitales funcionan con paneles fotovoltaicos, insuficientes para satisfacer la enorme demanda.
Por falta de combustible para los camiones, la basura se acumula en las calles de las ciudades y, en La Habana, permanece en almacenes una gran cantidad de medicamentos destinados a las ciudades del interior.
En busca de salidas a la crisis, en la tercera semana de junio Cuba aprobó el paquete de reformas económicas más abarcador desde la victoria de la Revolución en 1959. Con 176 medidas agrupadas en 23 ejes, la iniciativa, apoyada por el expresidente Raúl Castro, tiene como objetivo enfrentar la crisis más severa del país desde el Período Especial (1990-1995). No obstante, al flexibilizar el modelo centralizado, el gobierno de Miguel Díaz Canel ha dado pie a un debate crucial: ¿Estas reformas perfeccionan el proyecto socialista o representan un retroceso?
La decisión de aplicar una “terapia de choque” caribeña fue impulsada por un escenario extremo: la profundización del bloqueo de los Estados Unidos, la interrupción del abastecimiento de combustible y la caída de las entradas provenientes del turismo. El fracaso de la reforma monetaria y la ineficiencia estatal generaron apagones de hasta 20 horas diarias y escasez generalizada. El gobierno admite que “la brecha entre las entradas y los precios es insostenible”, y la necesidad de cambios urgentes se hizo impostergable.
Las reformas promueven una descentralización radical: 1) Fin de los monopolios estatales: el comercio exterior y la producción ya no serán exclusividad del Estado, sino que abren a las importaciones y exportaciones directas. 2) Privatización y capital privado: las empresas estatales pueden convertirse en empresas privadas por acciones, y se autoriza el funcionamiento de bancos privados. El sector privado, que ya representa el 15% del PIB, verá ampliado su espacio, incluida la inversión inmobiliaria. 3) Inversión extranjera y de la diáspora: los inversionistas ya no tendrán que tener socios estatales, y los cubanos radicados en el exterior podrán invertir en el país. 4) Empresas mixtas: se legaliza la asociación entre el Estado y el sector privado en diversos sectores, de los cuales se excluyen la salud, la educación y la defensa. 5) Restructuración del Estado: el número de ministerios se reduce de 27 a 20 para aumentar la eficiencia.
Las medidas incluyen la municipalización de la economía: los municipios pasan a ser independientes del poder central para implantar empresas, importar y exportar, y aprobar inversiones de cubanos residentes en el exterior.
La narrativa oficial, en voz del primer ministro Manuel Marrero, asegura que las transformaciones “no constituyen un desvío del proyecto socialista, sino que, por el contrario, responden a la lógica inherente a su desarrollo”. La lógica es pragmática: para salvar el socialismo es precios adoptar nuevos instrumentos económicos condicentes con la realidad actual.
En esa visión, la apertura es una herramienta para fortalecer el proyecto socialista y no para abandonarlo. El reconocimiento del mercado como un “instrumento para la asignación eficiente de recursos” se ve como una evolución, no una capitulación. Además, la promesa de protección social busca mitigar los efectos de las reformas sobre los más vulnerables y preservar el núcleo de justicia social del proyecto revolucionario. El presidente DíazCanel insiste en que “Cuba cambia para seguir siendo libre” y para “vivir mejor”, describiendo las reformas como un acto de soberanía.
Para algunos críticos, las medidas representan un alejamiento significativo de los principios socialistas. Ven la privatización de sectores clave, el permiso de establecimiento de bancos privados y el desarrollo inmobiliario privado como una introducción de relaciones capitalistas en el corazón del proyecto socialista. El economista cubano Daniel Torralbas las califica como “la reforma económica más profunda en 70 años”, lo que, para muchos, equivale a un cambio de sistema.
Existe el temor de que los cambios lleven a la concentración de la renta y al aumento de la desigualdad, algo que ya se observa con la dolarización parcial. Algunos analistas destacan que la vida solo mejora para quienes tienen acceso al dólar, lo que crea una división social que contradice el ideal igualitario socialista. Además, la historia de aperturas seguidas de retrocesos genera desconfianza.
El éxito o el fracaso de estas medidas en relación con el proyecto socialista dependerá de su implementación y de factores externos, como el fin de la asfixia energética de los Estados Unidos. El gobierno cubano apuesta por que la eficiencia económica generada por la apertura será capaz de financiar y preservar las conquistas sociales de la Revolución. Sin embargo, el peligro de que las fuerzas del mercado desvirtúen el carácter socialista igualitario del Estado es real.
En definitiva, Cuba adopta medidas osadas típicas del capitalismo para salvar el socialismo, siguiendo el ejemplo de China y Vietnam. Si se trata de un perfeccionamiento o de un retroceso dependerá del resultado práctico: si la mayor eficiencia económica se traduce en bienestar para la mayoría de la población sin sacrificar los pilares de la justicia social, o si abrirá una herida irreparable en el proyecto revolucionario iniciado en 1959. El tiempo y la capacidad del gobierno revolucionario para administrar esa transición dirán si estas reformas serán el inicio de un nuevo capítulo del socialismo cubano o el preanuncio de su ocaso.
Un factor es obvio; a pesar de las múltiples dificultades actuales, la resiliencia del pueblo es incontestable. Es como si los cubanos, que ya han enfrentado tantas amenazas del imperialismo y crisis a lo largo de 67 años de Revolución, ahora estuvieran seguros de que no serán derrotados. Como me dijo un amigo en La Habana: “No tenemos electricidad, pero nos sobra energía”.
Cuba, nuevas medidas de la Revolución
