Declaración pública de la Escuela Popular Permanente / La Comunidad
1 de junio de 2026
Este 1 de junio, mientras el presidente Kast se dirige al país desde el Congreso Nacional para presentar una nueva Cuenta Pública, miles de familias trabajadoras continúan enfrentando las consecuencias de una crisis social, económica y política que el gobierno no solo ha sido incapaz de resolver, sino que ha contribuido activamente a profundizar.
La realidad que vive nuestro pueblo dista enormemente de los triunfalismos oficiales. Mientras se anuncian reformas destinadas a favorecer a los grandes grupos empresariales, las comunidades enfrentan hospitales desfinanciados, escuelas en crisis, territorios amenazados por el extractivismo, mujeres sobrecargadas por el trabajo de cuidados y una creciente precarización de las condiciones de vida.
No estamos frente a un gobierno que haya llegado para solucionar los problemas estructurales del país. Estamos frente a una administración que representa una expresión particularmente agresiva de un proyecto histórico que busca garantizar las condiciones de acumulación del gran capital, incluso a costa de deteriorar los derechos sociales, debilitar las organizaciones populares y profundizar las desigualdades existentes.
Menos para el pueblo, más para los ricos
La denominada «megarreforma» impulsada por el gobierno constituye una de las transferencias de recursos más significativas hacia los sectores empresariales y patrimoniales de mayores ingresos de los últimos años.
Mientras se rebajan impuestos a grandes empresas y altos patrimonios, se producen alzas de los productos de primera necesidad, se anuncian recortes presupuestarios que afectan áreas fundamentales para la vida de la población. La salud pública, la educación, la cultura, el deporte y diversos programas sociales han comenzado a sufrir las consecuencias de una política económica que pretende hacer recaer el costo del ajuste sobre quienes menos tienen, sobre el pueblo trabajador.
El discurso oficial insiste en que con menos recursos será posible hacer más. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Cuando disminuye el financiamiento de hospitales, escuelas y programas sociales, quienes pagan las consecuencias son las comunidades populares, las y los trabajadores, las mujeres, las personas mayores y la juventud.
No se trata de un error técnico. No se trata de una decisión circunstancial. Se trata de una definición política.
Mientras los beneficios se privatizan, los costos se socializan.
Mientras los grandes grupos económicos y los ricachones reciben nuevas ventajas tributarias, se recortan recursos destinados a garantizar derechos básicos para millones de personas.
El ajuste tiene rostro de mujer
Las políticas impulsadas por el gobierno afectan particularmente a las mujeres.
La reducción de recursos para programas de apoyo a víctimas de violencia, iniciativas de autonomía económica, programas de cuidados y servicios sociales profundiza desigualdades históricas que continúan atravesando nuestra sociedad.
Cuando se recorta el gasto social, no desaparecen las necesidades que dichos programas buscaban atender. Lo que ocurre es que esas tareas regresan a los hogares.
Y dentro de los hogares, siguen siendo principalmente las mujeres quienes sostienen el trabajo de cuidados, acompañan a personas enfermas, atienden a personas mayores y absorben la sobrecarga que deja el retiro del Estado.
Resulta profundamente contradictorio que mientras se responsabiliza a las mujeres por fenómenos complejos como la disminución de la natalidad, se reduzcan simultáneamente los recursos destinados a políticas de infancia, apoyo a la maternidad, cuidados y protección social.
Las mujeres no son responsables de la crisis social.
Las mujeres son una de sus principales víctimas.
El extractivismo y la militarización avanzan juntos
La profundización del extractivismo constituye otro de los pilares fundamentales del proyecto gubernamental.
El avance de proyectos mineros, forestales, energéticos y de infraestructura continúa imponiéndose sobre comunidades y territorios que resisten la destrucción ambiental, el saqueo de bienes comunes y la mercantilización de la naturaleza.
No es casualidad que este proceso vaya acompañado de incendios y mayores niveles de criminalización de las luchas sociales.
Cuando un modelo económico pierde legitimidad social, necesita recurrir cada vez más a mecanismos de coerción para sostenerse.
La militarización permanente del Wallmapu constituye una expresión particularmente evidente de esta realidad.
Lejos de resolver el conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, la presencia militar permanente profundiza la violencia, niega los derechos colectivos y busca garantizar la continuidad de intereses empresariales que operan sobre territorios históricamente disputados.
La ocupación militar no es una solución.
Es la evidencia del fracaso político de un modelo incapaz de construir justicia y legitimidad.
Una crisis educativa que se sigue profundizando
Las comunidades educativas continúan enfrentando una crisis estructural que se arrastra desde hace años.
La precarización laboral de trabajadores y trabajadoras de la educación, el deterioro de la convivencia escolar, los problemas de salud mental, las brechas territoriales y el debilitamiento de la educación pública forman parte de una realidad que ningún gobierno ha querido enfrentar de manera profunda.
Las promesas de transformación quedaron atrapadas entre reformas parciales, restricciones presupuestarias y la persistencia de una lógica de mercado que continúa organizando gran parte del sistema educativo.
La educación sigue siendo tratada como un gasto que debe ser contenido y no como un derecho social que debe ser garantizado.
Por eso la crisis persiste.
Por eso miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación continúan enfrentando condiciones cada vez más complejas.
Ni con Kast ni con el reformismo institucional
Como Escuela Popular Permanente y como Comunidad organizada, sostenemos que resulta insuficiente limitar la crítica únicamente al actual gobierno.
La ofensiva neoliberal que hoy vivimos no comenzó con Kast.
La expansión del extractivismo, la militarización del Wallmapu, la subordinación de las demandas sociales a los acuerdos institucionales y la incapacidad de transformar las bases estructurales del modelo son procesos que vienen desarrollándose desde hace décadas.
La diferencia es que hoy estas políticas aparecen expresadas con mayor crudeza y sin los matices discursivos que caracterizaron a gobiernos anteriores.
Por ello reafirmamos nuestra independencia política tanto respecto del gobierno como de aquellos sectores reformistas que han reducido la movilización popular a una herramienta de presión electoral o parlamentaria.
Las luchas sociales no pueden transformarse en simples instrumentos para negociar espacios institucionales.
La organización popular debe recuperar su autonomía, su capacidad de decisión y su vocación transformadora.
Derechos humanos: ni olvido ni impunidad
Frente al avance de discursos negacionistas y autoritarios, reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos.
No aceptamos los intentos de relativizar los crímenes de la dictadura ni las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la rebelión popular iniciada en octubre de 2019.
La memoria constituye una herramienta de lucha.
Recordar no es un ejercicio nostálgico.
Es una necesidad política para impedir que las violencias del pasado continúen reproduciéndose en el presente.
Por ello rechazamos cualquier iniciativa destinada a legitimar políticamente a quienes poseen responsabilidad histórica en graves violaciones a los derechos humanos, como es la estatua que quieren erigir al criminal Piñera en Santiago.
Organizar la esperanza, construir poder popular
Frente a este escenario no basta con denunciar.
La tarea fundamental sigue siendo organizar.
Organizar en los territorios.
Organizar en los espacios educativos.
Organizar en los lugares de trabajo.
Organizar en las poblaciones.
Organizar desde abajo.
La crisis de representación que atraviesa el sistema político no será resuelta por quienes han contribuido a producirla.
La reconstrucción de alternativas requiere fortalecer la organización comunitaria, la solidaridad popular, la educación crítica, las redes de apoyo mutuo y las experiencias de autogestión que permitan recuperar capacidades colectivas de acción.
Necesitamos construir poder popular.
Un poder que no se limite a disputar cargos o administrar instituciones existentes, sino que sea capaz de transformar las relaciones sociales que producen explotación, desigualdad y exclusión.
Necesitamos comunidades organizadas capaces de defender sus territorios, sus derechos y sus formas de vida.
Necesitamos fortalecer nuestras capacidades de autocuidado, protección colectiva y solidaridad frente a la represión, la criminalización y las múltiples formas de violencia que enfrentan las organizaciones sociales.
Porque la historia sigue abierta
Este 1 de junio no escucharemos una cuenta pública del pueblo.
Escucharemos la cuenta pública de un gobierno comprometido con los intereses del gran capital, las familias ricas y con la profundización de un modelo que continúa precarizando la vida de las mayorías.
Pero la historia no está escrita.
Las mismas condiciones que hoy generan desigualdad, exclusión y autoritarismo también producen resistencia, organización y rebeldía.
Frente a la ofensiva neoliberal, más organización.
Frente a la precarización, más solidaridad.
Frente al autoritarismo, más comunidad.
Frente al extractivismo, más defensa de los territorios.
Frente al individualismo, más poder popular.
Porque los derechos no se mendigan.
Porque la dignidad no se negocia.
Porque la transformación social no vendrá desde arriba.
La construirá el pueblo organizado.
Escuela Popular Permanente / La Comunidad
1 de Junio de 2026
