Gobernabilidad, Estado ampliado y contención del conflicto en Nuestramérica
Por Nahuel
Lo ocurrido en Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric no constituye una excepción regional ni un desvío explicable únicamente por la historia nacional reciente. Por el contrario, se inscribe en un patrón latinoamericano reconocible, en el cual los gobiernos progresistas —emergidos de ciclos de movilización popular, crisis de legitimidad del neoliberalismo y promesas de transformación estructural— terminan desempeñando un rol estabilizador del orden social existente, especialmente cuando las demandas sociales amenazan con desbordar los límites del Estado heredado. En distintos países de la región, los progresismos han llegado al poder impulsados por la energía acumulada de levantamientos populares, rebeliones territoriales, luchas indígenas, estudiantiles y obreras. Sin embargo, una vez instalados en el Ejecutivo, esa energía social es progresivamente canalizada, neutralizada o contenida, mediante una combinación de políticas de reconocimiento simbólico, reformas parciales y fortalecimiento del aparato institucional encargado de garantizar la estabilidad. En este proceso, la justicia, la seguridad y el control del conflicto ocupan un lugar estratégico.
Hegemonía, consenso y coerción en clave progresista
El progresismo latinoamericano ha demostrado una notable capacidad para recomponer la dirección política del orden social sin alterar sus fundamentos estructurales, articulando mecanismos de consenso con dispositivos de coerción. Cuando el consenso se debilita —producto de expectativas incumplidas, crisis económicas persistentes o desigualdades que no logran ser resueltas—, la coerción reaparece como recurso legítimo, ahora revestido de un lenguaje democrático, institucional y legalista.
En este marco, la violencia estatal no desaparece: se normaliza. Es redefinida como “uso legítimo de la fuerza”, “resguardo del orden público” o “defensa de la convivencia democrática”. La justicia, lejos de operar como una instancia autónoma orientada a la verdad y la reparación, se integra funcionalmente a esta arquitectura, delimitando con precisión los márgenes dentro de los cuales la violencia puede ser tolerada sin poner en riesgo la estabilidad del conjunto.
De este modo, la impunidad frente a los crímenes cometidos por fuerzas armadas y policiales no aparece como un residuo autoritario del pasado, sino como un componente activo de la gobernabilidad progresista, necesario para preservar la credibilidad del Estado como garante último del orden social.
Progresismos, estallidos y disciplinamiento social
Chile no constituye una anomalía dentro de este esquema. En otros procesos latinoamericanos, tras ciclos de intensa movilización social, los gobiernos progresistas han optado por reencauzar el conflicto hacia formas institucionales estrictamente controladas, al mismo tiempo que refuerzan las capacidades represivas del Estado para enfrentar aquello que desborda los canales formales.
El patrón se repite con claridad:
- cuando la protesta se mantiene dentro de los márgenes negociables, es incorporada;
- cuando se radicaliza o cuestiona las bases del modelo, es disciplinada.
Este disciplinamiento no siempre adopta formas abiertamente autoritarias. Puede expresarse en la judicialización selectiva de la protesta, en la legitimación legal del uso de la fuerza policial, en la dilación sistemática de causas por violaciones a los derechos humanos o en la absolución reiterada de agentes estatales responsables de daños graves. El resultado es una pedagogía del orden que transmite un mensaje inequívoco: la movilización es tolerada solo mientras no ponga en cuestión la estructura de poder.
El Estado como mediador del conflicto, no como su resolución
En esta lógica, el Estado progresista se presenta como mediador neutral entre intereses contrapuestos, cuando en realidad opera como organizador activo de un equilibrio favorable a las clases dominantes. Su función no es resolver las contradicciones sociales, sino administrarlas, evitando que se transformen en crisis profundas capaces de desestabilizar el conjunto.
La justicia, la seguridad y el derecho penal cumplen aquí un rol decisivo: fijan los límites de lo decible, lo protestable y lo punible. Las víctimas de la violencia estatal pueden ser reconocidas simbólicamente, pero los responsables estructurales rara vez son sancionados. Se preserva así la autoridad moral del Estado sin poner en riesgo la lealtad de sus aparatos coercitivos.
Desde esta perspectiva, la continuidad del blindaje represivo en Chile bajo el gobierno de Boric no debe leerse como una traición individual ni como un simple fracaso ético, sino como la expresión coherente de una racionalidad política compartida por amplios sectores del progresismo latinoamericano.
Impunidad, progresismo y clausura del horizonte emancipador
El resultado histórico de este proceso es la clausura del horizonte transformador que acompañó el ascenso de los progresismos. Al priorizar la gobernabilidad sobre la justicia, la estabilidad sobre la verdad y el orden sobre la reparación, estos gobiernos terminan desactivando el potencial emancipador de las luchas que los llevaron al poder.
La impunidad se vuelve así una pieza estructural del arreglo político: garantiza la obediencia de los aparatos armados, tranquiliza a las élites económicas y delimita estrictamente los márgenes de la acción popular. El progresismo, en lugar de disputar el carácter del Estado, se integra a su lógica, reproduciendo —con un lenguaje más inclusivo y humanista— las mismas jerarquías que afirmaba combatir.
En este sentido, la experiencia chilena dialoga con una tendencia regional más amplia: mientras los progresismos conciban la transformación como gestión eficiente del Estado heredado, y no como disputa profunda por su sentido y su función de clase, la justicia seguirá subordinada al orden y la impunidad continuará siendo el precio que pagan los pueblos cuando deciden irrumpir como sujetos históricos.
Frente a este escenario, insistir en una salida exclusivamente institucional no solo resulta insuficiente, sino políticamente ilusorio. Cuando la justicia es subordinada a la gobernabilidad y la impunidad se consolida como norma, el horizonte emancipador solo puede reabrirse desde fuera y contra los límites del orden establecido. La historia latinoamericana demuestra que la verdad, la memoria y la justicia no emergen de Estados que se protegen a sí mismos, sino de pueblos organizados que disputan poder real en los territorios, en los espacios de trabajo, estudio y vida cotidiana. La tarea estratégica no es restaurar la fe en instituciones que han demostrado su función de clase, sino construir fuerza social autónoma, articulación popular y capacidad sostenida de presión política. Solo desde el poder popular —organizado, consciente y persistente— será posible quebrar la arquitectura de la impunidad, transformar la correlación de fuerzas y convertir la justicia en una conquista colectiva, y no en una promesa permanentemente postergada por quienes administran el orden.
