Coyuntura: Crisis sistémica global y reordenamiento del poder

Guerra, disputa geopolítica y administración autoritaria de la crisis en el escenario internacional y latinoamericano.

Documento de coyuntura. Tiempo abarcado: Octubre – noviembre- diciembre.

Por La Comunidad

Tesis VIII

La tradición de los oprimidos nos enseña que <<el estado de excepción>> en el que vivimos es la regla. Debemos llegar a un concepto de historia que se corresponda con esta situación. Nuestra tarea histórica consistirá entonces en suscitar la venida del verdadero estado de excepción, mejorando así nuestra posición en la lucha contra el fascismo. El que sus adversarios se enfrenten a él en nombre del progreso, tomando éste por ley histórica, no es precisamente la menor de las formas del fascismo. No tiene nada de filosófico asombrarse de que las cosas que estamos viviendo sean <<todavía>> posibles en pleno siglo XX. Es un asombro que no nace de un conocimiento que de serlo tendría que ser éste: la idea de historia que provoca ese asombro no se sostiene.– Walter Benjamin

PRESENTACIÓN

El análisis de coyuntura de octubre–noviembre- diciembre de 2025, resultado de la discusión e intervención de las y los compañeros de la Comunidad, sitúa la realidad chilena en el marco de una crisis sistémica global, atravesada por una guerra prolongada, competencia geopolítica y reordenamiento de las cadenas estratégicas de energía, tecnología y recursos naturales. En este escenario, Chile aparece como una semiperiferia funcional, donde el capital transnacional y las élites locales buscan asegurar control territorial, extractivo e institucional, administrando la crisis mediante sanciones simbólicas, disciplinamiento social y cierre de los márgenes democráticos.

En el plano internacional, Gaza y Ucrania expresan una lógica común: treguas frágiles, destrucción de infraestructura y el desgaste de una guerra prolongada, incrementa la volatilidad energética y tensiona las economías dependientes. A ello se suma la intensificación de la disputa entre Estados Unidos y China por semiconductores, minerales críticos y rutas marítimas, lo que convierte a la energía, la logística y los recursos estratégicos en campos centrales de la confrontación global.

Estas dinámicas se traducen en Chile en una profundización del extractivismo bajo la retórica de la “transición energética”. La sobreextracción de litio en Atacama, el avance de tierras raras en Penco y los megaproyectos de hidrógeno en Magallanes muestran un patrón de captura regulatoria y subordinación territorial a las necesidades del capital global. Frente a ello, emerge tímidamente una politización comunitaria, donde los expedientes ambientales dejan de ser dispositivos técnicos cerrados y se transforman en herramientas de organización y defensa territorial.

La coyuntura también está marcada por una crisis abierta de probidad estatal. El uso irregular de viviendas fiscales por jueces y el caso “Muñeca Bielorrusa” evidencian redes estructurales de impunidad y captura judicial que protegen intereses corporativos, mientras se criminaliza la protesta social y territorial, profundizando la desconfianza popular en las instituciones.

En el ámbito universitario, la anulación de la elección del rector en la USACH, las movilizaciones, tomas y desalojos, y el debate sobre triestamentalidad y gratuidad interna, condensan la disputa por la democracia universitaria. Paralelamente, el proceso electoral en la Universidad de Chile adquiere una dimensión estratégica ante discursos que equiparan la movilización estudiantil con sedición, anticipando una ofensiva de orden que podría proyectarse al conjunto del sistema vía el CRUCH.

Finalmente, el retorno del voto obligatorio y la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre y después el 14 de diciembre configuran un escenario de alta participación, fragmentación electoral y avance de la derecha radical. El proceso no expresa revitalización democrática, sino desinstitucionalización política: el voto aparece como un gesto defensivo frente a la precariedad y el miedo. Ante este cuadro, este análisis sostiene que, más allá de los resultados electorales, la tarea central es reconstruir poder popular desde abajo, fortaleciendo organización y movilización en territorios, espacios de trabajo y estudio, como horizonte estratégico frente a un modelo que administra la crisis descargando sus costos sobre el pueblo.

Chile en el marco del colapso sistémico global: administración oligárquica del desorden y disputa por el mando social

La coyuntura nacional no puede comprenderse sin situarla en el marco más amplio de una crisis civilizatoria en curso, donde las potencias globales y los grandes grupos económicos buscan administrar, modular y contener las expresiones sociales, políticas y territoriales de esta crisis. Lejos de tratarse de un proceso espontáneo o de “crisis” episódicas, el capitalismo, en su fase decadente, trata de rearticularse estratégicamente, desplegando una combinación de autoritarismo civil, reconfiguración geopolítica y nuevas formas de acumulación por despojo.

En este escenario global, Chile opera como laboratorio periférico donde las élites empresariales —históricamente asociadas al capital transnacional— intentan ordenar la crisis sin proyecto en clave de disciplinamiento social y blindaje institucional. La reciente secuencia electoral confirma que este proyecto oligárquico no solo persiste, sino que se profundiza: la derecha, aunque internamente fragmentada, logró canalizar parte del malestar hacia un discurso de “orden” y “eficiencia”, funcional al rediseño autoritario que demanda el capital en tiempos de incertidumbre. El retroceso del progresismo institucional en estas elecciones, lejos de ser un fenómeno estrictamente local, dialoga con las derrotas de las socialdemocracias en otros países, donde el progresismo se ha mostrado incapaz de disputar el mando social de forma programática y con raíces populares.

Gaza: treguas intermitentes, bloqueo logístico y catástrofe sostenida

Durante octubre y noviembre, la situación en Gaza se movió en un ciclo perverso de pausas negociadas y reanudación inmediata de los ataques, pero la característica estructural del período fue la incapacidad de transformar las treguas en un alivio humanitario sustantivo. Las negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos lograron intervalos breves de cese del fuego, pero ninguno logró modificar las condiciones materiales del enclave, que continúa enfrentando niveles de devastación sin precedentes desde que existen registros de la ONU en el territorio. Hacia finales de noviembre, OCHA y la OMS reportaban que más del 70 % de la infraestructura sanitaria estaba fuera de funcionamiento, con hospitales funcionando sin anestesia, sin combustible y sin capacidad para esterilizar equipos. La única planta de desalinización operativa trabajaba a menos del 15 % de su capacidad, lo que dejó a cientos de miles de personas dependiendo de agua salobre o contaminada.

La aspiración a un “alto el fuego con cumplimiento verificable” chocó con tres barreras estructurales. Primero, la logística de ingreso de ayuda siguió siendo extremadamente limitada: los accesos por Rafah y Kerem Shalom —cuando estuvieron abiertos— procesaban entre 80 y 120 camiones diarios, muy por debajo de los 500 a 600 camiones que la ONU estima necesarios para evitar el colapso humanitario. Segundo, la dimensión de los rehenes se mantuvo como factor de bloqueo: Israel condicionó cualquier tregua prolongada a progresos en la liberación, mientras Hamas utilizó los intercambios como herramienta para presionar por garantías internacionales y mitigación de ataques. Tercero, los actores externos carecieron de capacidad real de verificación independiente: incluso cuando se anunciaron mecanismos de monitoreo, la destrucción en terreno, la falta de seguridad para inspectores y la ausencia de acuerdos de cumplimiento dejaron esas iniciativas en papel.

La consecuencia es que cada tregua se transforma en una pausa precaria antes de la próxima catástrofe. Con más de 1,9 millones de desplazados, decenas de miles viviendo en refugios improvisados y un sistema de salud colapsado, el territorio se encuentra al borde de una crisis sanitaria prolongada que podría provocar mortalidad masiva por enfermedades infecciosas —diarreas agudas, hepatitis A, infecciones respiratorias y brotes de sarampión— incluso en ausencia de nuevos bombardeos. La OMS advirtió en noviembre que las condiciones actuales “equivalen a un laboratorio perfecto para epidemias de amplio alcance”.

En el plano político, la dinámica erosiona profundamente al sistema multilateral. La incapacidad de Naciones Unidas para asegurar corredores seguros o garantizar entregas sostenidas ha alimentado protestas masivas en Europa, Estados Unidos y América Latina, así como tensiones diplomáticas entre gobiernos árabes y Occidente —incluyendo el enfriamiento temporal de las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel. La radicalización del sentimiento palestino y árabe, combinada con la percepción de impunidad internacional, ha fortalecido a actores no estatales en Líbano, Irak y Yemen, abriendo un escenario de desbordamiento regional que mantiene activos múltiples focos de confrontación indirecta.

Las cifras del genocidio palestino en diciembre de 2025

Población civil y desplazamiento

Casi toda la población de Gaza —aproximadamente 1,9 millones— fue expulsada de sus hogares y vive en refugios temporales en pésimas condiciones, según la ONU y UNRWA.

Víctimas mortales y heridos

Incluso tras el alto el fuego del 10 de octubre de 2025, más de 360 personas han sido asesinadas y más de 920 resultaron heridas, con miles de cuerpos recuperados de escombros según autoridades sanitarias de Gaza.

Condiciones de vida y crisis humanitaria

ONU alerta que las lluvias, el empeoramiento climático y las restricciones al ingreso de ayuda han causado inundaciones en campamentos de desplazados, derrumbes y enfermedades, especialmente entre niños.

La ayuda humanitaria que entra es muy inferior a las necesidades reales (muy por debajo de los compromisos pactados en acuerdos de alto el fuego o de agencias internacionales).

Crisis de salud, nutrición y educación

Desnutrición y crisis sanitaria: cientos de niños y niñas han sido hospitalizados por desnutrición aguda debido al bloqueo de suministros; UNICEF advierte que la entrada de alimentos terapéuticos es insuficiente.

Interrupción educativa: más de 3/4 de los edificios escolares han sido dañados, miles de estudiantes y docentes están sin acceso a educación segura, y muchas escuelas funcionan como refugios.

Daño a la infancia y víctimas menores

En meses recientes centenares de menores murieron o quedaron heridos por ataques o como consecuencia de la crisis humanitaria.

Ucrania: escalada selectiva sobre infraestructura y guerra de desgaste

En el frente europeo, noviembre consolidó la estrategia rusa de atacar sistemáticamente infraestructura crítica para debilitar la resistencia ucraniana durante el invierno. Oleadas de drones y misiles de crucero alcanzaron centrales termoeléctricas, subestaciones y depósitos ferroviarios, reduciendo la capacidad de generación eléctrica justo en el período de mayor demanda. El operador ucraniano Ukrenergo informó que a mediados de noviembre se habían perdido más de 8 gigavatios de capacidad eléctrica, obligando a racionamientos diarios en numerosas regiones. Las interrupciones afectaron, además, plantas industriales vinculadas a la cadena de suministro europea, incluyendo metalurgia, fertilizantes y manufacturas de componentes automotrices.

El objetivo ruso es doble: deteriorar la moral de la población civil ante un invierno severo y elevar el costo político para los gobiernos occidentales que sostienen el esfuerzo bélico. Aunque la Unión Europea aprobó nuevos paquetes de asistencia, el flujo de armamento —especialmente misiles Patriot, sistemas NASAMS y munición de artillería— fue menor al prometido y desfasado temporalmente, mientras en Estados Unidos la ayuda se vio trabada por el ciclo electoral y por divisiones en el Congreso. Esta combinación refuerza un escenario de guerra prolongada, con un frente estancado pero con costos crecientes para Ucrania en infraestructura, población desplazada y capacidad económica.

La estrategia de desgaste también repercute en los países de la semiperiferia. El aumento en la demanda europea de fuentes alternativas de gas y petróleo encarece los precios globales, mientras los ataques a infraestructura elevan el costo de seguros marítimos y redistribuyen flujos logísticos hacia rutas más largas y costosas. Países dependientes de importaciones energéticas —como los del Cono Sur— absorben parte de esta volatilidad, afectando su margen fiscal y obligando a replantear prioridades presupuestarias. Además, el aumento del gasto militar en Europa compite directamente con fondos para cooperación, desarrollo y ayuda humanitaria, reduciendo el espacio para iniciativas multilaterales en regiones periféricas.

En conjunto, los frentes de Gaza y Ucrania muestran una característica común: la infraestructura civil convertida en objetivo deliberado como instrumento de presión política. Este patrón, que se repite en Medio Oriente, Europa del Este y el Mar Rojo, adelanta un ciclo internacional donde la logística, la energía y los suministros básicos se transforman en armas estratégicas de guerra política, con efectos duraderos sobre la estabilidad global y la gobernanza internacional.

El conflicto tecnológico entre Estados Unidos y China se ha profundizado durante 2025 y se ha convertido en uno de los ejes estructurantes del sistema internacional. Las nuevas rondas de controles de exportación aplicadas por Washington —que restringen semiconductores de última generación, equipos de litografía avanzada y software especializado— buscan frenar las capacidades tecnológicas de Pekín y mantener la distancia estratégica en áreas como inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y sistemas militares autónomos. China ha respondido con medidas regulatorias recíprocas, limitando en organismos estatales el uso de hardware extranjero, incentivando la sustitución tecnológica y endureciendo los requisitos para empresas multinacionales que operan en su territorio. Lo que está en juego no es solo una pugna por el liderazgo tecnológico, sino una reconfiguración global de las cadenas de suministro avanzadas, con impactos directos en inversión, costos logísticos, movilidad del empleo calificado y relocalización industrial.

La “coerción gris” en el Mar de China Meridional

De manera simultánea, el Sudeste Asiático vive un ciclo sostenido de tensión marítima que continúa elevando el riesgo de incidentes. Las prácticas de “coerción gris” en el Mar de China Meridional —patrullas intrusivas, maniobras agresivas, ataques con cañones de agua, acorralamientos a embarcaciones civiles y choques deliberados— se han intensificado especialmente en torno a los atolones de Second Thomas Shoal y Scarborough, donde Filipinas enfrenta una presión persistente de guardacostas y milicias marítimas chinas. La creciente intervención estadounidense mediante escoltas navales y compromisos de defensa explícitos a Manila eleva el riesgo de escalamiento indirecto, incluso sin intención declarada de conflicto. Esta combinación de movimientos tácticos y señales estratégicas convierte al área en un punto caliente cuyo desenlace incide directamente en la libertad de navegación internacional, responsable de transportar cerca del 30 % de los bienes manufacturados del planeta.

La interacción entre los frentes de conflicto en Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico muestra un patrón convergente. En Ucrania, Rusia ha renovado los ataques contra infraestructura energética y nodos logísticos, buscando erosionar la resiliencia civil y aumentar el costo político para Kiev y sus aliados europeos en un momento en que la ayuda militar fluye con intermitencia. En Gaza y el Levante, la destrucción deliberada de infraestructura básica y las rupturas intermitentes de treguas crean un péndulo de asfixia humanitaria y presión diplomática, cuyo impacto rebota en la estabilidad regional, en la política interna de potencias occidentales y en los flujos comerciales vinculados a energía y alimentos. En todos estos escenarios, la energía y la logística son tratadas explícitamente como objetivos estratégicos: dañar centrales eléctricas, puertos o carreteras no solo hiere la capacidad militar, sino que también busca alterar la conducta política de los gobiernos presionados y elevar el costo de mantener posiciones de resistencia o de negociación. 

Estos procesos globales afectan directamente a la semiperiferia, que enfrenta un entorno crecientemente adverso. Por un lado, la seguridad marítima deja de ser un asunto distante para países exportadores de commodities o dependientes de cadenas logísticas extensas. Disrupciones en rutas del Indo-Pacífico encarecen seguros, retrasan embarques y amplifican la volatilidad de fletes, afectando tanto a productores como a consumidores finales. Por otro lado, la relocalización industrial y el “de-risking” (reducción de riesgo financiero) impulsado por corporaciones globales generan oportunidades desiguales: algunos países pueden captar inversión condicionada, pero a costa de aceptar marcos regulatorios flexibles, tratamientos tributarios regresivos o una integración subordinada en cadenas controladas por conglomerados tecnológicos del Norte Global. La economía política resultante es una de mayor dependencia y menor margen de decisión.

Para países como Chile, este panorama se traduce en una presión creciente sobre sectores estratégicos como puertos, litio, cobre, hidrógeno verde y tierras raras. El control de nodos logísticos —terminales marítimos, plantas de procesamiento, líneas de transmisión— se vuelve un campo de disputa entre estados y corporaciones con capacidad de imponer condiciones asimétricas. La política exterior se vuelve cada vez más instrumental, obligando a gobiernos semiperiféricos a sostener equilibrios frágiles: mantener vínculos comerciales con China, garantizar acceso a tecnología occidental, asegurar rutas marítimas y, a la vez, evitar quedar atrapados en sanciones cruzadas o en presiones diplomáticas derivadas de alineamientos inestables. La nominación de autoridades técnicas, la regulación ambiental, la política minera y la administración de puertos pasan a ser decisiones con impacto geopolítico directo.

A mediano plazo, el sistema internacional se moverá en un escenario de guerra fragmentada, con escaladas episódicas sin mecanismos eficaces de desescalada. Veremos treguas parciales alternadas con ataques quirúrgicos, operaciones de sabotaje y presión sobre infraestructura civil, patrones que desgastan sociedades enteras y fortalecen discursos securitarios y tendencias autoritarias dentro de los estados. El reacomodo industrial avanzará bajo la lógica del “des-riesgo”, profundizando desigualdades entre quienes producen tecnología de punta y quienes solo proveen insumos críticos. El uso intensivo de herramientas geo- económicas, como sanciones secundarias o controles a la exportación, será cada vez más común y afectará la autonomía de estados que dependen del comercio internacional y de la estabilidad logística.

La lección estructural de esta confluencia de frentes es clara: Gaza, Ucrania y el Indo-Pacífico no son crisis aisladas, sino expresiones interconectadas de un reordenamiento global donde las potencias combinan coerción militar, competencia tecnológica y presión económica para asegurar dominios estratégicos. Para la semiperiferia, esto significa que cuestiones aparentemente domésticas —como la regulación ambiental, la protección de puertos, la planificación energética o la gobernanza de recursos naturales— se han convertido en arenas directas de la pugna geopolítica. En este escenario, la tendencia dominante es aquella donde las grandes potencias privatizan las ganancias y socializan los riesgos: quien controla chips, puertos, minas o energía controla también el margen de maniobra de los estados dependientes y define, en buena medida, las posibilidades de su futuro desarrollo.

Región andina y Cono Sur: reflujo conservador, presión externa y realineamientos estratégicos

La oleada electoral y plebiscitaria de las últimas semanas en la región muestra un patrón convergente: un avance del bloque conservador y pro-mercado, sostenido tanto por dinámicas domésticas (desafección, crisis económica, desgaste de gobiernos de izquierda o tecnocráticos) como por intervenciones externas y ofertas geoeconómicas que condicionan decisiones internas.

Tres casos recientes —Ecuador, Argentina y Bolivia— sintetizan esta tendencia y ofrecen claves para comprender el nuevo mapa político regional.

Ecuador: rechazo rotundo a las bases y a la convocatoria constituyente —una derrota política para Noboa

El 16 de noviembre los electores ecuatorianos rechazaron de forma clara dos propuestas centrales del presidente Daniel Noboa: permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador y autorizar una nueva asamblea constituyente. Los conteos con gran parte de las mesas escrutadas mostraron una mayoría del “No” que ronda los dos tercios en la pregunta sobre bases y más del 60% en la pregunta sobre la constituyente, desautorizando de manera contundente la agenda de seguridad y “reforma institucional” del gobierno. Este rechazo es político y simbólico: la ciudadanía manifestó recelo frente a la idea de internacionalizar la presencia militar en el país y también frente a una reforma constitucional promovida desde el Ejecutivo que muchos interpretaron como intento de concentración de poder o como una salida frágil a problemas estructurales no resueltos (seguridad, empleo, costos de la vida).

Políticamente, la derrota obliga a Noboa a repensar su vínculo con Washington —con quien buscaba mayor cooperación en seguridad— y a enfrentar un desgaste interno que pone en evidencia los límites de políticas que mezclan autoritarismo blando y dependencia extranjera.

Argentina: intervención directa de Trump y el fortalecimiento legislativo de Milei

La intervención explícita de Trump en la política argentina —condicionando apoyo financiero y ventanas de liquidez a resultados favorables para el oficialismo de Javier Milei— desplazó la campaña legislativa hacia un terreno de injerencia geoeconómica abierta. La promesa o condicionamiento de líneas de crédito, swap de divisas o paquete financiero (reportes hablan de montos y swaps discutidos en Washington) operó como un estímulo que Milei capitalizó para remontar y obtener una bancada legislativa afín en las elecciones de medio término. El resultado fue un Congreso más permeable a la agenda ultraliberal: desregulación, recortes al gasto público y aceleración de reformas pro-mercado que ahora cuentan con mayor respaldo institucional.

La lectura política es clara: el apoyo externo no solo estabiliza mercados financieros (tasas, tipo de cambio) sino que funciona como un factor político que legitima agendas represivas y de ajuste económico para los sectores más vulnerables de la sociedad y reduce el espacio de maniobra de la oposición interna. Además, introduce un modelo de “aval geoeconómico” que otros gobiernos conservadores buscan emular.

Bolivia: giro y repliegue del MAS; Paz y la nueva interlocución con Washington

Bolivia cerró un ciclo el 19 de octubre con la victoria en balotaje de Rodrigo Paz (PDC), marcando el fin de casi veinte años de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS). La elección de Paz, con alrededor del 54–55% de los votos en la segunda vuelta, responde a una combinación de agotamiento del proyecto masista, crisis económica (inflación, problemas en combustibles) y una campaña que supo capitalizar el descontento por la gestión estatal. El triunfo no implica un dominio absoluto: el PDC carece de mayoría legislativa y deberá negociar con actores poderosos (sindicatos, regionalismos, oligarquías locales). Pero simbólicamente representa un cambio de eje en la región andina con una apertura diplomática y económica más cercana a Washington y a actores de la derecha continental.

La inhabilitación de Evo Morales en algunos frentes y la crisis en sectores clave como el energético fueron factores que facilitaron el desplazamiento político del MAS y que, al mismo tiempo, problematizan la gobernabilidad futura de Paz ante conflictos laborales y la resistencia de sectores organizados.

Chile bajo administración del despojo

Extractivismo, captura institucional y disciplinamiento social

La llegada de octubre expuso con crudeza una de las dimensiones más sensibles del colapso administrado: la energía como dispositivo de extracción de renta y disciplina social. La llamada “factura eléctrica” no solo aterrizó en millones de unidades domésticas como un ajuste más; llegó acompañada de una revelación incómoda para las propias élites técnicas. Durante años se indexó dos veces el IPC en un segmento del cálculo tarifario, un error sistemático que operó como transferencia silenciosa desde los bolsillos populares hacia las empresas distribuidoras.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) empujó el tema al primer plano —no por un gesto ético, sino porque la presión social y la falta de margen político hicieron imposible seguir escondiendo la distorsión— y la Comisión Nacional de Energía (CNE) se vio obligada a “ordenar” el desorden que había dejado correr. El 14 de noviembre terminó aprobando el informe que habilita devoluciones a clientes por cobros mal calculados, un gesto tardío y administrado, que busca suavizar la irritación ciudadana sin tocar en lo más mínimo el modelo tarifario que permite la captura estructural del sistema eléctrico por parte del gran capital energético.

Pero la electricidad no fue la única grieta visible. En el corazón del desierto, donde se juega la “transición energética” que Chile vende al mundo como su aporte civilizatorio.

Transición para el capital, sacrificio para los territorios

Octubre volvió a mostrar el rostro material del extractivismo. El 30 de septiembre, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó a Albemarle por sobre– extracción de salmuera e incumplimientos sistemáticos de su plan de alerta temprana en el Salar de Atacama. Es decir, incluso bajo las reglas laxas del capitalismo verde, la principal productora de litio del país excedió los límites y operó como si el salar fuera propiedad privada. El castigo regulatorio aparece, así como un acto performativo: un gesto para sostener la ficción de control estatal mientras se reafirma, en los hechos, que el corazón hídrico del norte está subordinado a los ritmos de acumulación de las potencias tecnológicas que demandan litio para sostener su propia transición.

La contradicción se intensifica con el avance de nuevos proyectos “estratégicos” para la economía global. El 10 de octubre, la empresa Aclara ingresó una adenda complementaria para su proyecto de tierras raras en Penco, unos minerales clave para la industria militar, electrónica y energética de las principales potencias. El expediente volvió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como un trámite más dentro de la arquitectura institucional diseñada para legitimar proyectos extractivos, incluso en zonas densamente pobladas y ecosistémicamente frágiles. Sin embargo, esta vez la legitimidad no avanza sin resistencia: la oposición vecinal reactivó su repertorio de lucha, combinando cabildos, oficios, acciones legales, recorridos territoriales y nuevas movilizaciones. Lo que está en disputa no es solo un permiso ambiental, sino el derecho de las comunidades a no convertirse en la próxima zona de sacrificio de la cadena global de suministros para la transición energética norte-sur.

Estos episodios —la doble indexación del IPC, la sobreextracción de salmuera en Atacama y la insistencia en emplazar tierras raras en la costa penquista— no son anomalías: son trazos del mismo diseño. El capital transnacional y los grupos económicos locales, presionados por la crisis global, se apresuran a ordenar el despojo a su favor, asegurando renta energética, control hídrico y acceso territorial a minerales estratégicos. El Estado, atrapado entre su dependencia financiera y su rol de garante del orden, oscila entre sancionar “excesos” y facilitar el avance de los proyectos.

En ese vaivén, se hace evidente una arquitectura de impunidad política, cuyo ejemplo más reciente es la protección cerrada sobre el ministro Pardou, blindado pese a denuncias y cuestionamientos que en cualquier democracia mínimamente robusta habrían requerido investigaciones exhaustivas y responsabilidades políticas. Esa impunidad no es un desajuste: es una condición estructural para asegurar la continuidad del modelo extractivo y energético. En el centro de todo, las comunidades vuelven a cumplir el papel que la historia les asigna una y otra vez: poner límites donde el Estado no quiere y donde el capital no puede, sosteniendo la defensa territorial allí donde las élites pactan, administran o simplemente miran hacia otro lado.

Más al sur, Magallanes siguió decantando el megaproyecto de hidrógeno verde y amoníaco, una apuesta presentada como la nueva “frontera del desarrollo” pero que en la práctica reproduce el viejo patrón de enclave energético subordinado a conglomerados transnacionales. Aumentaron las observaciones técnicas y ciudadanas sobre impactos que el discurso oficial intenta minimizar: el ruido submarino, capaz de alterar rutas migratorias y patrones de comportamiento de cetáceos; la interrupción de corredores biológicos; y la presión acumulada sobre ecosistemas que ya cargan con décadas de extractivismo y militarización. No emergió un “gran hito” que reorganizara la disputa, pero sí se consolidó algo más profundo: un desplazamiento cultural significativo en la región.

El expediente ambiental—hasta hace pocos años un documento hermético, escrito para ser incomprendido y monopolizado por consultoras y empresas—dejó de ser un jeroglífico. Se abrió, literalmente, en voz alta: leído, discutido y desentrañado en asambleas comunitarias, aulas universitarias, sindicatos portuarios y espacios de organización vecinal. Lo que antes era una barrera técnica ahora se convierte en terreno de politización colectiva, donde las comunidades adquieren herramientas para nombrar los impactos, identificar inconsistencias, disputar la narrativa oficial y desafiar el monopolio experto con saberes propios. En ese gesto de lectura compartida se juega algo más que una observación al SEA: se juega la recuperación del derecho a decidir sobre el territorio frente a un modelo que, una vez más, pretende imponer su lógica de despojo bajo la retórica de la transición energética.

La repodrida probidad del poder judicial

La grieta de probidad se abrió con una nueva señal inequívoca del deterioro institucional: el 31 de octubre una investigación periodística reveló que más de 200 funcionarios —entre ellos 98 jueces en ejercicio— utilizaban casas fiscales pagando arriendos irrisorios, muy por debajo del valor real de mercado. Lo que a primera vista podría presentarse como una irregularidad administrativa menor, en realidad desnuda una estructura de privilegios naturalizados en el corazón del aparato estatal. Estas viviendas, originalmente destinadas a asegurar condiciones dignas para funcionarios en zonas apartadas o de difícil acceso, se transformaron en un sistema paralelo de beneficios opacos, operando sin fiscalización efectiva y protegido por una cultura corporativa que ha hecho del auto- encubrimiento una práctica habitual.

El episodio expone cómo el Poder Judicial —que exige austeridad, disciplina y cumplimiento estricto de la ley para los sectores populares— sostiene mecanismos informales de reproducción de desigualdad para sus propios miembros. La masividad del caso, y la participación de jueces de diversas jurisdicciones, confirma que no estamos frente a desviaciones individuales, sino ante un régimen de impunidad estructural, donde los guardianes del orden jurídico gozan de prebendas que serían consideradas delitos si las practicaran trabajadores comunes. En un país donde la justicia castiga con dureza a quienes defienden territorios o se movilizan políticamente, esta red de beneficios ilegítimos exhibe la doble moral institucional y profundiza la desconfianza popular hacia un sistema que protege a las élites que lo habitan.

Caso “Muñeca Bielorrusa”: Red de influencia, captura judicial y poder corporativo

Lo que hoy se conoce como la “Muñeca Bielorrusa” no surge de la nada: es la prolongación orgánica del Caso Hermosilla. Aquella filtración de audio de  2023 abrió el primer boquete público sobre las redes de operadores jurídicos, estudios de abogados, lobistas y articuladores mediáticos que intervenían en procesos judiciales clave. A partir de ese episodio inicial, la Fiscalía Nacional expandió líneas de investigación que revelaron un patrón más profundo: un ecosistema de captura institucional, donde decisiones judiciales, fallos regulatorios y contratos estatales convivían con pagos opacos, triangulaciones comerciales, promesas de favores y presiones encubiertas sobre magistrados.

Entre 2023 y 2025 la investigación ha crecido como una espiral concéntrica: nuevos audios, archivos de mensajería, transcripciones, contratos y documentos financieros fueron integrándose a carpetas ya abiertas, lo que permitió mapear vínculos antes invisibles entre operadores del mundo privado, actores del Poder Judicial, consultoras, intermediarios extranjeros y empresas estatales. En ese sentido, “Muñeca Bielorrusa” no es sólo un caso policial: es una radiografía de cómo los conglomerados empresariales logran incrustarse en las instituciones, manipular procedimientos y colonizar fallos que afectan millones en contratos y concesiones públicas.

Actores centrales y aristas en expansión

El eje visible de la trama incluye a figuras de alta connotación pública:

Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, opera como vértice institucional del caso. Su salida obligada del máximo tribunal en octubre de 2024 —tras el remezón del Caso Audios y los cuestionamientos por fallos previsionales— fue apenas el prólogo. Las nuevas carpetas investigativas la sitúan en el corazón de comunicaciones, reuniones y maniobras que buscaban influir sentencias de alto impacto económico. Su relación personal y profesional con los operadores investigados no sólo es un elemento biográfico, sino parte del modus operandi de la red: proximidad al poder judicial como capital de influencia.

Gonzalo Migueles, sindicado como pareja o colaborador estrecho de Vivanco, fue detenido a comienzos de noviembre. La Fiscalía lo vincula a gestiones de intermediación y a la articulación logística de pagos y favores. Allanamientos realizados por la PDI —informados por La Tercera y El Mostrador— apuntan a que Migueles mantenía dispositivos electrónicos, contratos y comunicaciones que hoy constituyen piezas clave de la evidencia.

Mario Vargas y Eduardo Lagos, abogados del Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), constituyen la pata empresarial-jurídica más explícita. La Fiscalía les atribuye gestiones de soborno, pagos por vía indirecta, y contactos destinados a alterar o dirigir decisiones judiciales. Ambos fueron detenidos tras rondas de allanamientos simultáneos que incluyeron oficinas, estudios jurídicos y domicilios particulares.

El Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) es el núcleo económico de la trama. Investigaciones periodísticas previas —incluyendo reportajes de CIPER y revisiones de contratos de compras estatales— muestran que CBM operó como ejecutor o financista de maniobras destinadas a obtener fallos o decisiones regulatorias favorables, en especial vinculadas a contratos con empresas estatales estratégicas. En octubre, Reuters confirmó que la Fiscalía había solicitado cooperación judicial internacional para revisar movimientos financieros asociados a proveedores bielorrusos.

Evidencia, audios y trazabilidad del dinero

Las diligencias de noviembre marcan un punto de inflexión. No sólo hubo detenciones formales por cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos; también se activaron allanamientos coordinados, incautación de dispositivos, órdenes de levantar secreto bancario y la presentación oficial de una querella por la arista “bielorrusa”.

La publicación de nuevos audios —incluyendo extractos difundidos por CIPER y La Voz de los que Sobran— permitió a la Fiscalía reconstruir conversaciones en las que se discutían pagos, expectativas de fallos y estrategias para presionar a distintos actores del sistema judicial. Las escuchas exhiben con crudeza el funcionamiento cotidiano de la red: operadores que prometen acceso, abogados que negocian rutas judiciales, intermediarios que hablan de “pagar favores” y mecanismos para mover dinero mediante sociedades interpuestas.

Uno de los elementos más nítidos y medibles es el que reveló CIPER a mediados de noviembre: al menos $57 millones provenientes del consorcio habrían terminado en manos o en el entorno de la exministra Vivanco a través de triangulaciones societarias y transferencias bancarias fraccionadas. La Fiscalía ha señalado que esta cifra corresponde sólo a la porción detectada con trazabilidad confirmada, y que el monto total podría ser mayor si se verifica la hipótesis de pagos extendidos a otros operadores y magistrados.

Una trama sistémica, no un caso aislado

La “Muñeca Bielorrusa” expone algo más profundo que un conjunto de delitos individuales: un mecanismo estable de captura judicial en beneficio de intereses corporativos transnacionales, donde operadores públicos y privados convergen. Es, por así decirlo, la versión chilena de las redes híbridas de corrupción que la literatura latinoamericana ha estudiado en casos como Petrobras, Lava Jato y los escándalos de malversación en Guatemala y Perú: estructuras que combinan derecho, lobby, política, empresa y medios, envueltas en profesionalismo técnico y protegidas por la opacidad institucional.

En ese sentido, la trama bielorrusa no solo apunta a esclarecer responsabilidades individuales; presiona a Chile a enfrentar una pregunta incómoda: ¿cuánta de la institucionalidad judicial y regulatoria ha sido diseñada —o capturada— para facilitar los intereses de corporaciones con poder suficiente para comprar voluntades, moldear fallos y bloquear fiscalizaciones?

La investigación aún está abierta y seguirá generando nuevas capas. Pero ya es evidente que el caso excede la categoría de “escándalo” y entra al terreno de las crisis estructurales de probidad, las que comprometen el funcionamiento del Estado y profundizan la pésima percepción pública sobre el Poder Judicial.

La USACH y la U de Chile

Universidades en disputa: democracia interna, movilización y ofensiva del orden

Rodrigo Vidal fue elegido rector de la Universidad de Santiago (USACH) en julio de 2022 en un proceso que, desde entonces, estuvo acompañado de impugnaciones y tensiones. La raíz inmediata del conflicto fue la exclusión del padrón electoral de los denominados “profesores por hora”, cuya condición de académicos habilitados para votar fue puesta en discusión por un grupo de docentes que impugnó el proceso. Tras una sentencia del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que anuló la elección por esa exclusión, la decisión quedó ratificada en noviembre de 2025 por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que confirmó la vulneración del derecho de sufragio de académicos con contratos por horas y ordenó repetir el proceso electoral.

La elección anulada no fue sólo una cuestión procedimental, sino el punto de ebullición de una crisis mayor. Durante 2025 se intensificaron protestas estudiantiles y académicas contra la gestión de Vidal y una fuerte movilización de la federación estudiantil que colocó demandas políticas —entre ellas la reactivación de la triestamentalidad, la ampliación efectiva de la participación académica y la discusión sobre la gratuidad universal interna— en el centro del debate universitario. En julio de 2025 la USACH ya había realizado segundas elecciones triestamentales en facultades como parte del nuevo estatuto orgánico, pero la implementación local y la inclusión efectiva del profesorado por hora siguieron siendo puntos de fricción que terminaron escalando en octubre con una toma que duró casi un mes.

Ese ciclo de movilización desembocó en un episodio decisivo: la rectoría, ante denuncias de daños y sustracciones en dependencias y tras un acuerdo que la asamblea de la toma declaró insuficiente, instruyó el desalojo del sector norte del campus. El operativo —ejecutado con apoyo policial— puso término a una ocupación de 28 días y culminó con detenciones y la apertura de sumarios administrativos y querellas penales por parte de la universidad. Hubo denuncias estudiantiles de falta de diálogo y uso excesivo de la fuerza; asimismo, la federación de estudiantes denunció que la rectoría había contratado —vía trato directo— un equipo jurídico por montos que generaron cuestionamientos internos sobre el uso de recursos para la defensa del rector frente a la anulación electoral.

Un elemento que atraviesa y politiza toda esta crisis es la composición del gobierno universitario: Vidal, identificado públicamente con el metodismo pentecostal, impulsó nombramientos de académicos evangélicos en altos cargos durante su gestión, lo que alimentó tensiones por percepciones de clientelismo confesional y por la mercantilización de la administración universitaria. Esa configuración —aunque el fallo judicial se pronunció estrictamente sobre la validez del proceso electoral y no sobre preferencias religiosas— exacerbó la polarización interna y se sumó al malestar que detonó la movilización estudiantil y la crítica amplia sobre la dirección política de la USACH.

El episodio USACH condensa varias conclusiones prácticas: 1) la triestamentalidad vuelve a emerger como demanda estratégica —no sólo formal— para garantizar pluralidad y contrapesos frente a nombramientos y decisiones administrativas; 2) las tomas y los plebiscitos internos (votos por gratuidad universal dentro de la comunidad) siguen siendo formas centrales de poner propuestas programáticas en la agenda, pero su criminalización y la amenaza de sumarios obligan a pensar en estrategias mixtas (movilización, asesoría jurídica, alianzas sindicales y académicas); 3) la judicialización del conflicto (apelaciones, recursos electorales) delega la resolución a tribunales cuyo dictamen, aunque vinculante, no restaurará de inmediato la confianza ni resolverá los problemas de fondo relacionados con financiamiento, cogobierno y democracia interna.

U de Chile

A fines de noviembre el proceso de elección de rector en la Universidad de Chile adquirió una relevancia política que trasciende con creces el marco interno de la institución. No se trata únicamente de la definición de una autoridad académica, sino de la disputa por el sentido mismo de la democracia universitaria y por el tipo de relación que las universidades estatales establecerán con la movilización social en un escenario nacional marcado por conflictividad persistente y reordenamientos conservadores. En este contexto, las declaraciones de uno de los candidatos —quien caracterizó las tomas estudiantiles como un “golpe de Estado” y afirmó explícitamente que… “si no desisten (las Tomas) hay que usar los procedimientos legales que existen en la universidad para resolver y asignar responsabilidades” y a continuación agregó otra explícita amenaza … “que cuando se han tomado medidas, esas medidas a veces han llevado a situaciones muy trágicas” (Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la U. de Chile, 25 de noviembre, The Clinic),  marcaron un punto de inflexión en el debate público universitario.

Dicha afirmación no es retórica menor ni un exabrupto aislado: expresa una concepción autoritaria de la gobernanza universitaria, donde la protesta estudiantil es leída no como parte constitutiva del conflicto democrático, sino como una amenaza al orden institucional que debe ser neutralizada. En la historia reciente de la Universidad de Chile, las tomas han sido un mecanismo de intervención política del estudiantado frente a decisiones percibidas como ilegítimas, insuficientes o cerradas al diálogo. Equipararlas a un “golpe de Estado” implica vaciarlas de toda legitimidad política y abrir la puerta a su criminalización, naturalizando el uso de medidas disciplinarias, administrativas y represivas como forma de conducción universitaria.

Lo que se juega aquí no es sólo el clima interno de la Universidad de Chile, sino el rumbo político del sistema universitario estatal en su conjunto. La Universidad de Chile no es una institución cualquiera: su rector o rectora cumple un rol gravitante en el Consejo de Rectores (CRUCH), espacio que articula posiciones comunes frente al Estado, define lineamientos sobre financiamiento, políticas estudiantiles, convivencia universitaria y relación con los gobiernos de turno. Un rectorado que asuma como principio la tolerancia cero frente a la movilización estudiantil —y que la conceptualice en términos de sedición— puede empujar al CRUCH hacia una agenda de “orden”, gobernabilidad administrativa y cierre de filas con el Ejecutivo, incluso a costa de derechos políticos internos.

Este debate se instala, además, en un momento especialmente sensible: tras un ciclo de conflictos universitarios en distintas casas de estudio, con desalojos, sumarios y judicialización de la protesta, el discurso del “orden institucional” aparece como una respuesta conservadora a la incapacidad de las autoridades de procesar democráticamente el conflicto. En ese sentido, las declaraciones del candidato no sólo interpelan al estudiantado, sino también al mundo académico y funcionario, que ve en juego la posibilidad de una universidad gobernada por el consenso autoritario más que por la deliberación.

Por ello, el proceso eleccionario de 2026 en la Universidad de Chile debe ser leído como un termómetro político. Lo que allí se defina no sólo marcará la relación entre rectoría y movimientos estudiantiles, sino que puede anticipar un giro más amplio en el sistema universitario público: desde una universidad tensionada pero viva políticamente, hacia una universidad administrada, disciplinada y crecientemente despolitizada. Observar con atención este proceso no es un ejercicio académico, sino una necesidad estratégica para quienes entienden la universidad como un espacio de democracia, conflicto y producción crítica de lo social.

Entre el miedo y la multa: elecciones, desinstitucionalización y la necesidad de organizarse desde abajo

La jornada del 16 de noviembre registró una concurrencia elevada, empujada fundamentalmente por la reintroducción del voto obligatorio, un mecanismo que volvió a llevar a las urnas a sectores con baja o nula tradición de participación electoral. Este factor no solo incrementó la participación, sino que alteró de manera sustantiva la composición social del electorado efectivo. Los datos del Servicio Electoral (Servel) confirman que la obligatoriedad reconfiguró el mapa de fuerzas en disputa y dio forma a una primera vuelta atravesada por una fragmentación intensa y persistente del voto.

En términos de resultados, la nómina de candidaturas que avanzó al balotaje situó a Jeannette Jara en primer lugar y a José Antonio Kast en segundo. Los porcentajes obtenidos reflejan, por un lado, la capacidad aún existente de la izquierda popular para articular voto en determinados segmentos sociales y territoriales; y por otro, la eficacia de la derecha radical para capitalizar el miedo, la inseguridad social y el resentimiento acumulado frente al progresismo institucional. Si bien Jara obtuvo una ventaja numérica sobre Kast, esta no alcanza para constituir una mayoría social sólida ni para asegurar gobernabilidad en una eventual segunda vuelta. La distancia permite instalar una narrativa de liderazgo, pero no resuelve ni la fragmentación parlamentaria ni la dispersión territorial del apoyo electoral.

El desempeño de Franco Parisi —ubicado en tercera posición— junto con la caída de candidaturas que se proyectaban como competitivas, como la de Evelyn Matthei relegada al quinto lugar, expresan dos vectores políticos decisivos. Por un lado, la persistencia de candidaturas “outsider” que capturan desafección anti-elitista y disputan el voto de protesta por fuera de los clivajes tradicionales; por otro, la descomposición de la derecha clásica, incapaz de articular un liderazgo hegemónico frente al avance de opciones más radicalizadas o abiertamente populistas. Este reordenamiento no favorece transferencias automáticas hacia Kast: el electorado de Parisi constituye un bloque volátil, pragmático y poco disciplinado.

14 de diciembre: La victoria de Kast. Restauración autoritaria en clave democrática

La elección de José Antonio Kast no es un accidente ni un “desvío momentáneo” del electorado: es la expresión coherente de una restauración conservadora y autoritaria, incubada durante años y acelerada por las limitaciones estructurales y políticas del gobierno de Gabriel Boric. Chile no giró bruscamente a la derecha en un día: fue empujado hacia ella por una combinación letal de desmovilización social, frustración popular, miedo inducido y una izquierda institucional incapaz de sostener un proyecto transformador con base popular real.

Kast no gana por proponer un futuro mejor, sino por prometer castigo: castigo al pobre organizado, al pueblo mapuche, a la mujer autónoma, a la juventud movilizada, a la disidencia política y cultural. Su triunfo es el triunfo del orden como valor supremo, incluso cuando ese orden se construye sobre represión, exclusión y desigualdad.

Resultados oficiales (cifras totales)

Estos datos corresponden al conteo oficial de Servel con el 99,82 % de las mesas escrutadas y se consideran definitivos de la segunda vuelta presidencial realizada el 14 de diciembre de 2025.

Puntos clave de la votación

• José Antonio Kast ganó la presidencia con cerca del 58,16 % de los votos, superando a Jeannette Jara, quien obtuvo alrededor del 41,84 %.
• Hubo una significante proporción de votos nulos (≈ 5,84 %) y en blanco (≈ 1,23 %), lo cual refleja un nivel notable de protesta o desafección dentro de la votación total.
• El padrón electoral contaba con aproximadamente 15,7 millones de personas habilitadas, y la participación efectiva fue alta gracias al voto obligatorio, cercano al 85 % de asistencia (aunque la cifra exacta de participación del balotaje se estimó similar o ligeramente inferior a la primera vuelta).

El fracaso del ciclo Boric y la derrota del reformismo

El gobierno de Gabriel Boric es un antecedente directo de este resultado. No porque haya sido “demasiado radical”, como repite la derecha, sino porque fue profundamente insuficiente, vacilante y conciliador frente a los poderes fácticos. Administró el Estado heredado de la dictadura sin romper sus lógicas centrales: el modelo extractivista, la mercantilización de derechos, el poder empresarial sobre la vida cotidiana.

El progresismo gobernante desactivó la movilización social, institucionalizó el conflicto, abandonó la calle y priorizó la gobernabilidad por sobre la transformación. En seguridad, terminó adoptando marcos discursivos y prácticos de la derecha; en Wallmapu, mantuvo la militarización; en economía, aceptó los límites impuestos por el gran capital; en feminismo, redujo la agenda a gestos simbólicos. Ese vaciamiento político abrió el camino para que Kast se presentara como “alternativa clara” frente a una izquierda percibida como impotente y contradictoria.

La derrota de Jeannette Jara no es sólo electoral: es la derrota de una estrategia que confió más en la moderación que en el conflicto social, más en la técnica que en la organización popular.

Gobernar la crisis desde arriba: represión social, colonialismo interno y disciplinamiento generacional

Un gobierno nefasto para las mujeres

El arribo de Kast a La Moneda constituye una amenaza directa y concreta para los derechos de las mujeres. Su proyecto político es abiertamente antifeminista, anclado en una concepción patriarcal de la familia, la sexualidad y el rol social de las mujeres.

Lo que se avecina no es neutralidad, sino regresión:

Intentos de restringir derechos sexuales y reproductivos, debilitando políticas de salud pública y educación sexual.

Desfinanciamiento o vaciamiento de programas contra la violencia de género.

Reinstalación del discurso de la “responsabilidad individual” y la moral conservadora como sustituto de políticas estructurales.

Las mujeres pobres serán las primeras afectadas: menos acceso a salud, menos protección frente a la violencia, más carga doméstica y laboral no reconocida.

Sectores populares: orden para los de abajo, privilegios para los de arriba

Kast gobernará para recomponer la autoridad del mercado y del capital, no para garantizar derechos sociales. Su agenda económica apunta a reducir impuestos a los grandes grupos económicos, flexibilizar el trabajo y limitar el gasto social bajo el discurso de la “responsabilidad fiscal”.

Para los sectores populares, esto significa:

• Más precariedad laboral, menos protección sindical, mayor informalidad.
• Criminalización de la pobreza, del comercio ambulante, de la protesta social.
• Un Estado policial fuerte y un Estado social débil.

El “orden” que propone Kast no es para combatir la desigualdad, sino para administrarla mediante represión. Se gobierna a los pobres como problema de seguridad, no como sujetos de derechos.

Wallmapu: profundización del colonialismo interno

Para las comunidades mapuche, este resultado es la perpetuación y profundización de lo que ya viene haciendo Boric. Kast ha construido su liderazgo sobre la negación del conflicto histórico y la reducción de la demanda mapuche a un problema criminal. Su gobierno augura:

• Más militarización del Wallmapu.
• Uso intensivo de leyes de excepción y herramientas represivas.
• Cierre total a cualquier perspectiva de autonomía, restitución territorial o plurinacionalidad.

Esto no es solo una política de seguridad: es la continuidad del colonialismo interno chileno, ahora reforzado por una legitimidad electoral que buscará silenciar toda resistencia, casi ya inexistente debido a lo mal obrado por el gobierno de Boric.

Juventud: disciplina, castigo y despolitización

La juventud —especialmente la popular y organizada— enfrentará un escenario de persecución política, precarización y cierre de horizontes. Kast representa una visión donde la juventud movilizada es una amenaza, no un actor político legítimo.

Se fortalecerá:

• La represión a la protesta estudiantil.
• El endeudamiento como única vía de acceso a educación.
• La estigmatización del activismo juvenil como “violento” o “antisocial”.

El mensaje es claro: obedecer o quedar fuera.

Orden, represión y despojo: el programa real del nuevo bloque en el poder

Sin embargo, este avance del bloque empresarial-político no debe confundirse con una hegemonía consolidada. En el marco de una crisis sistémica prolongada, las fuerzas dominantes ya no gobiernan: administran la inestabilidad. Buscan evitar el desborde popular, contener el conflicto social, reducir costos políticos y sostener la inversión en un país donde las promesas de modernización neoliberal han perdido credibilidad. La propia derecha se encuentra fracturada entre un polo abiertamente reaccionario y otro liberal-autoritario en crisis, casi invisible, sin un consenso estratégico claro respecto de cómo gestionar la crisis ni hasta dónde endurecer el régimen sin provocar nuevas rupturas.

Los resultados del 14 de diciembre no expresan un pueblo completamente inmóvil ni plenamente despolitizado, sino una sociedad empujada a votar desde la intemperie material y afectiva, atrapada entre la urgencia cotidiana, el miedo administrado, la amenaza de la multa y una desconfianza profunda hacia todas las instituciones del régimen. Esta conducta electoral da cuenta de un proceso avanzado de desinstitucionalización afectiva y política: la distancia entre la vida concreta y la representación se transforma en abismo, y el voto se reduce a un gesto defensivo, precario, más cercano a la supervivencia inmediata que a la construcción de un proyecto colectivo de transformación.

La victoria de Kast marca el inicio de un ciclo reaccionario, pero no su consolidación definitiva. Su gobierno será fuerte en coerción, pero débil en legitimidad social profunda. La pregunta no es si habrá conflicto, sino quién lo organiza y con qué horizonte político.

El error no puede repetirse: no basta con administrar el mal menor ni refugiarse en la institucionalidad. Frente a este escenario, la tarea urgente es la rearticulación del campo popular, feminista, mapuche, sindical y juvenil, desde abajo, con autonomía política y vocación de ruptura.

Este resultado no debe leerse como una anomalía democrática, porque la democracia neoliberal es, desde su origen, un engranaje funcional dentro de una estructura estatal profundamente autoritaria, edificada sobre cadáveres, tortura, desapariciones y despojo. El modelo impuesto por la dictadura y administrado por los gobiernos posteriores no solo organizó la economía: produjo subjetividad, fabricó al sujeto neoliberal competitivo, temeroso, despolitizado y disciplinado. Nada de esto es nuevo ni sorprendente.

Democracia neoliberal: administración del autoritarismo y tarea histórica desde abajo

Lo verdaderamente urgente no es lamentar la derrota electoral ni refugiarse en la ilusión institucional, sino asumir que la disputa real del poder no se juega prioritariamente en el plano electoral, sino en la capacidad de convocar, convencer y articular desde abajo, tejiendo organización popular, conciencia crítica y proyecto colectivo.

La tarea histórica no pasa por administrar esta democracia mutilada, sino por desbordarla, construyendo fuerza social autónoma. Se vuelve urgente que el pueblo recupere y profundice su potencia organizativa por fuera —y en contra— de los límites del sistema político vigente. En los territorios, en los lugares de trabajo y estudio, en los sindicatos combativos, en las organizaciones comunitarias y en todos aquellos espacios donde la vida se sostiene día a día, debe levantarse una organización y una movilización permanente. No como reacción coyuntural ni como apéndice de campañas institucionales, sino como horizonte de poder popular capaz de disputar, desde abajo, las condiciones materiales y políticas de nuestra existencia, que haga posible una ruptura real con el orden que hoy vuelve a mostrarse, sin máscaras, en La Moneda.