*Por Alejandra Santillana Ortiz.
Un poco de contexto histórico
A partir del año 2023 gana la primera presidencia Daniel Noboa en este proceso de transición que duraba unos pocos meses para una nueva convocatoria electoral. Noboa gana planteando un discurso relativamente democrático, de cumplimiento de las normas, de las voces y de la respuesta de las consultas populares ambientales ecologistas en el Ecuador contra la minería y contra la extracción del petróleo en el Yasuní. Y, digamos, gana con ese discurso.
Posteriormente, sin embargo, lo que vamos viendo es el desarrollo de una política cada vez más violenta y cada vez más alineada con una perspectiva, digamos, autoritaria y de militarización de toda la sociedad ecuatoriana. Y hacia el año 2024, cuando son las elecciones para el siguiente periodo, Daniel Noboa derrota a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y asume nuevamente un siguiente periodo. Hay que decir que en ese proceso se configura también la idea de, digamos, de que los militares son los que van a resolver la enorme crisis de inseguridad que arroja al Ecuador como uno de los países más violentos en América Latina, después de haber sido uno de los países que menos conflictividad violenta presentaba en las últimas décadas.
El presidente Noboa el 9 de enero del 2024, después de un acto de conmoción en el país, de una supuesta toma de un canal de televisión, de TC Televisión, por parte de grupos de la delincuencia organizada, decide nombrar esto como conflicto armado interno y eso le permite gobernar con una serie de características. Una: lanzar al país la idea del plan Fénix que es un plan que nadie ha visto nunca, pero que digamos tiene como corazón la idea de la militarización, y de la militarización de los policías, de la asignación de presupuestos y una serie de convenios para supuestamente combatir la guerra contra la delincuencia organizada.
Ese plan se ha ido desarrollando, sin que sea transparente ni que nadie en el país conozca exactamente de qué se trata, cuáles son sus fases, cuáles son sus indicadores y demás. Y ha implicado que los militares se desplacen a varios lugares, sobre todo los territorios de población campesina e indígena, que además se declaran en contra de la minería y la presencia de las mineras transnacionales. Son territorios, sobre todo campesinos, pero donde además están las fuentes de agua que alimentan a las ciudades y que permiten que este país sostenga todavía agua en abundancia para el campesinado, la soberanía alimentaria, los pueblos y nacionalidades y el consumo urbano.
Esta es una de las líneas del conflicto. Además, hace unos días sale un informe de Amnistía Internacional, que muestra cómo las Fuerzas Armadas desde la aplicación del Plan Fénix básicamente han tenido gravísimas violaciones de derechos humanos y sobre todo son responsables de desapariciones forzadas de jóvenes, bajo perfilamiento racial. Es decir, jóvenes afros, empobrecidos, de las barriadas populares, que fueron detenidos arbitrariamente por los militares y después desaparecidos, en manos de las Fuerzas Armadas. Esa estrategia claramente no está dando resultados, es una estrategia que supuestamente servía para controlar los niveles de inseguridad y de violencia que había por parte de los grupos y de los carteles que operan en el Ecuador. Sin embargo, a estas alturas estamos asistiendo a uno de los años más violentos, si no es el año más violento en la historia del país, superando los 5.000 homicidios en lo que va del año. A la par, el gobierno fue desarrollando la narrativa de que el primer problema que tiene el país es definitivamente la inseguridad, no la precarización, no el desempleo, no el empobrecimiento, no la falta de políticas, no la presencia del FMI, sino la inseguridad y la violencia. Esa es una nueva narrativa de dominación. Tenemos un gobierno que ha logrado aceitar todas las instituciones para aprobar leyes que son parte de los acuerdos con el FMI, pero también con gran parte del empresariado. Leyes que son planteadas para resolver el problema de inseguridad del país, pero que en el fondo terminan permitiendo cosas como la condonación de deudas de la propia familia Noboa, que es una de las familias más ricas del país. Leyes que dan absoluta y total impunidad a los órganos de seguridad del estado, como la Ley de Inteligencia, y una serie de leyes que han ido avanzando en este tiempo y que permiten y abren la puerta a la privatización. Recordemos que el Ecuador es uno de los pocos países de América Latina que gracias al levantamiento indígena popular logramos frenar buena parte de la agenda neoliberal de los años 90-2000 en el continente. Sin embargo, con esta narrativa hegemónica de dominación en torno a la inseguridad, lo que ha ocurrido es que hay un sometimiento institucional de todos los órganos del Estado a favor de construir y de forzar esta narrativa hegemónica en torno a la seguridad. También permite que se allane o se aceite el terreno para que pasen todo este tipo de leyes, que apuntan a la construcción de un tipo de modelo de economía claramente neoliberal. Un modelo definido por el FMI en complicidad con las élites del país. Esto ha significado que se vayan ensayando sobre la sociedad ecuatoriana una serie de leyes que salen todos los días de carácter urgente y una serie de diferentes, campos y ámbitos de disputa, tanto en lo legal, en la Corte Constitucional, en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana. Esto nos arroja a una crisis de la institucionalidad del país, que está siendo sometido fundamentalmente por este autócrata presidente que tenemos.
Entonces ese es otro de los escenarios de conflicto que hay en el Ecuador con las diferentes fuerzas políticas y las diferentes instituciones, que están siendo todo el tiempo violentadas, acorraladas, asediadas por el gobierno de Noboa. Un gobierno que tiene claros visos de dictadura o de intentos de pasarse de la norma permanentemente.
Y un tercer elemento que me parece central en todo esto es la situación del campo popular. El Consejo de Gobierno de la CONAIE, que es la organización más importante del campo popular organizado del Ecuador, tuvo sus elecciones a la interna. El Consejo de Gobierno que presidió el paro del 2022, que fue un paro de 19 días- que hizo frente a varios elementos también de carácter neoliberal que el gobierno de ese entonces había impulsado- ya no está. Esta vez, el Consejo de Gobierno de la CONAIE se transforma, ya no es el Consejo de Gobierno del 2022 y también la situación interna de los pueblos y nacionalidades ha variado en los últimos tres años. Es un campo popular que ha sido duramente golpeado por todos los abusos de este gobierno y de los anteriores en términos de criminalización de la protesta, judicialización de la protesta. Y por esta narrativa que ha seguido construyendo, donde se sitúa a quienes protestan como terroristas, y se condena a las personas que protestan como terroristas y se les vincula con la idea del narco. Entonces, al parecer, venimos, creando paros donde las ollas populares, son financiadas por el narco, según la narrativa oficial, etcétera. Entonces, ese es un contexto también complejo, que hay que recordar.
Los hechos de la última semana
Los acontecimientos de los últimos días y el paro se desatan debido a varias circunstancias. Por un lado, la decisión del gobierno de retirar el subsidio al diésel, que es uno de los combustibles que más son utilizados por los sectores populares y medios en este país. Es un factor de producción importante y no menor en una economía dolarizada. En una economía dolarizada es difícil bajar costos de producción y el subsidio al diésel y a la gasolina permitía de alguna manera que la gente no tenga que pagar por el precio real del mercado internacional, sino que pueda tener un subsidio para poder justamente bajar costos de producción. Pero además porque sabemos que la gasolina y el diésel y los combustibles tienen un efecto cascada. Es decir, que si suben, todo lo demás va a subir de precio, porque es lo que permite el funcionamiento y la movilidad de mercancías, fuerza de trabajo, etcétera. Ese es un primer elemento que es claramente un elemento negociado con el FMI, pero también con las élites de este país y que construye esta idea y esta narrativa de que no es necesario que nos subsidien. “Ya es momento de dejar de ser vagos y empezar a pagar por el precio real”. Ahora, frente a eso, lo que no se cuestiona son los incentivos tributarios que se entregan a los grupos económicos importantes más grandes de este país. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2023 ascienden a 96 mil millones de dólares, los incentivos tributarios que el Estado ecuatoriano en diferentes gobiernos ha entregado a las grandes empresas de este país. Eso quiere decir que les permite no pagar impuestos o no pagar las deudas o no pagar los intereses o no pagar ciertas cosas. Les da facilidades también en términos de precios, en costos de producción, etc. Y eso, sin embargo, se llaman incentivos tributarios y fiscales y económicos. En realidad, ese es un subsidio camuflado para las elites que no está siendo cuestionado. Y a la par, en este escenario, de retiro del subsidio del diésel, un otro elemento del escenario de la coyuntura está definido por las disputas entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral. Finalmente, el presidente logra mandar las preguntas para una nueva consulta popular en noviembre de este año, Y esa consulta popular incluiría dos preguntas en relación con si estamos de acuerdo o no con tener bases militares extranjeras en el Ecuador y también al mismo tiempo, nos consultan acerca de la necesidad del recorte del financiamiento a los partidos políticos en el país. Esto se suma a la decisión que se toma el día de ayer por parte de la Corte Constitucional, para dar paso a una consulta popular que pregunta al pueblo ecuatoriano si es que queremos o no una Constituyente. Recordemos que nosotros entramos a un proceso constituyente hacia el año 2007, cuando el ex presidente Rafael Correa convoca a una asamblea constituyente que fue una de las demandas del campo popular en ese momento. Esa Constitución que tenemos nosotros, aprobada mayoritariamente por el pueblo, con una enorme participación popular desde el año 2008, es de las más avanzadas en la región y en el mundo. Reconoce, por ejemplo, los derechos de naturaleza, la soberanía alimentaria, el agua como derecho humano, el carácter plurinacional del Estado, el trabajo reproductivo como generador de riqueza y una serie de otros elementos fundamentales.
El gobierno actual está planteando una nueva constituyente que sea definida en la consulta popular de noviembre, con un carácter diferente. Una constituyente cerrada, de élite, que va a impedir la participación popular, que por la asignación de escaños y demás, va a concentrar la votación en las fuerzas que ya están posicionadas, sobre todo ADN, que es el partido del presidente Noboa, y probablemente la Revolución Ciudadana también. Sin embargo, todos los otros grupos que habíamos logrado participar en la constituyente el año 2008 y que logramos posicionar nuestras demandas, el movimiento campesino, indígena, feministas, jóvenes, estudiantes, ecologistas, etcétera, probablemente, lo que se está jugando es a que quedemos fuera de esta discusión, y este intento de construir otro pacto histórico social en el Ecuador. Entonces, ese es otro elemento que está en el escenario y que complejiza aún más, la posibilidad de avanzar en un paro.
Y lo que hemos visto ahora es la decisión de las bases de la CONAIE sumándose al paro, y exigiendo al nuevo Consejo de Gobierno de la organización que encamine este paro. Sobre todo, en los pueblos cayambis, quitucaras, panzaleos, toda la zona de Cotapaxi, hay varios espacios que se están desarrollando, donde hay movilizaciones. Además el presidente Noboa decidió, para evitar este paro y para amedrentar y provocar al movimiento indígena, trasladar la presidencia hacia Cotopaxi, que es justamente la provincia de donde es originario el compañero expresidente de la CONAIE Leónidas Iza, y que es además, uno de los epicentros más fuertes de los paros de las últimas décadas. Noboca también decidió trasladar la vicepresidencia hacia el norte del país, hacia la zona de Otavalo, donde también están pueblos y nacionalidades, justamente Otavalos, Natabuelas, Cotacachis, etc. También como un intento de provocación y de frenar el paro.
Lo que ha ocurrido en estos últimos tres días es que se han generado varias paralizaciones de carreteras, enfrentamientos muy graves con la policía. Se logra sacar al presidente de Otavalo porque ayer fue a hacer una provocación también, la gente se levantó a decirle a los militares y al policía que se largue: “Fuera Noboa, fuera”. La vicepresidenta antes de ayer fue también sacada en helicóptero de la zona de Otavalo. Pero el despliegue militar es brutal, se cierran carreteras, se abren, se cierran, se abren y ha sido ésta la dinámica de las últimas horas. Tenemos unas cifras muy alarmantes de más de 50 personas detenidas, una serie de violaciones de procesos, una serie de violaciones por parte de los militares, una represión desmedida, sobre todo a los jóvenes. Eso en las zonas rurales del país y en las zonas que no son la capital del Ecuador que creo que es importante tomar en cuenta.
Lo que estamos viendo es a un paro, un levantamiento, sobre todo indígena. Son los comuneros los que están saliendo a movilizarse en contra de la subida de los precios generalizados después del retiro del subsidio del diésel. En contra de la política autoritaria y la mitralización del gobierno y obviamente en contra de la consulta popular. El paro no tiene las mismas características del 2019 y el 2022, entre otras cosas porque el nivel de represión, de persecución que está habiendo, de disciplinamiento, frena las propias posibilidades de un paro generalizado. El gobierno ha desplazado varias cosas: cierres de cuentas bancarias de manera arbitraria de dirigentes y de personas que están en el movimiento social acusándoles de que están llamando al paro, como si eso fuera un delito. Por otro lado, vemos una represión brutal y acusaciones de terrorismo a la gente que sale a protestar y que le pide a la policía y a los militares que no disparen. Estamos viendo, obviamente, una serie de violaciones a los debidos procesos en los propios procesos judiciales, y permanentemente un gobierno que provoca y que deslegitima la movilización tratando de acusar de que hay infiltrados del grupo narco El tren de Aragua y el gobierno venezolano. Es el clásico repertorio imperialista para la región. Y eso ha sido la estrategia del gobierno obviamente en total acuerdo con los medios de comunicación.
Por otro lado, en las ciudades, lo que vemos es, no tanto comunas y población indígena movilizadas, sino estudiantes, fundamentalmente feministas, sindicalistas, ecologistas, y otros sectores que nos hemos ido desplazando a diferentes asambleas y que nos hemos sumado a la convocatoria del paro y que venimos calentando las calles, inclusive antes del anuncio del paro por parte de la CONAIE y de las comunas.
¿Cuál es el escenario que se viene? Es un escenario sumamente complejo, que obliga al campo popular a pensar en tres frentes. Por un lado sostener las calles como acto de protesta y de resistencia frente a este gobierno. Segundo, darle un rotundo NO en las urnas al gobierno de Noboa. Y un tercer elemento es ganar más apoyo popular, una sociedad terriblemente adormecida, atemorizada y con miedo de lo que está ocurriendo, pero además una sociedad que se ha ido derechizando y que empieza a repetir los discursos y la narrativa del poder. Por ejemplo, “el pobre es pobre porque quiere”, “dejen de protestar, trabajen, no sean vagos”, “para qué quieren que les regalen todo, retiren nomás los subsidios”, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que esas son tres tareas fundamentales en este momento del campo popular. Sostener el NO en las urnas, sostener las calles, pedagogizar y tener mínimos acuerdos frente a los escenarios que van a avanzar en estas semanas. Y entonces ese es un poco el escenario al que estamos abocados en este tercer día de paralización.
Alejandra Santillana Ortiz es feminista, integrante de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias y de YASunidxs.
