Santiago de Chile, 5 may (Prensa Latina) La Comisión para la Paz, que busca una solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, entregará su informe esta semana al Gobierno, pero el camino hacia un entendimiento se avizora hoy largo y tortuoso.
En junio de 2023, en un acto en el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric presentó el equipo de ocho miembros, integrado por representantes de las comunidades originarias y del mundo político, empresarial y académico.
Tengo la esperanza, la convicción, de que a través del diálogo social amplio se sienten las bases para una solución duradera y sostenible a un conflicto de larga data, dijo en aquella ocasión el mandatario.
Luego de casi dos años de trabajo voluntario, los comisionados alcanzaron por amplia mayoría un acuerdo de 22 puntos que plantea la devolución de tierras a las comunidades, el freno a la violencia, mejoras a la institucionalidad y desarrollo económico en la Macrozona Sur.
Aunque el pueblo mapuche ha sido víctima del despojo desde los tiempos de la conquista española, el más reciente conflicto comenzó en 1850 cuando el Estado y la oligarquía invadieron sus territorios al sur del Biobío, redujeron sus propiedades y les entregaron los Títulos de Merced.
No obstante, en los años siguientes la ocupación continuó y en el siglo XX, sobre todo durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), muchas de esas tierras fueron otorgadas a colonos europeos, principalmente alemanes, suizos y austríacos, y también a chilenos.
Uno de los compromisos de la comisión incluye la entrega de más de 240 mil hectáreas a los pueblos originarios como reparación territorial, según lo reveló el periódico El Siglo.
Si bien el secretario ejecutivo de la comisión y varios políticos consideraron como histórico el acuerdo, ya representantes de la derecha y la extrema derecha se pronunciaron en contra, particularmente en lo referido a la devolución de tierras.
Incluso, legisladores de la oposición anunciaron su posible rechazo en el Congreso Nacional.
Por otra parte, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) publicó un comunicado donde indica que mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible ni siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.
A lo largo de los años se han registrado numerosos intentos para tratar el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, las recomendaciones de la comisión serán conocidas el martes, pero no son temas que se van a resolver con el gobierno de turno, sino con la voluntad de sucesivas administraciones.
FUENTE: Prensa Latina
SECTORES DE DERECHA AVANZAN EN PROPUESTA DE EXPROPIACIÓN A COMUNIDADES MAPUCHE EN RESISTENCIA Y RECUPERACION
Por 71 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución en que se solicita al presidente Gabriel Boric, que se ordene expropiar los terrenos de lo que el Gobierno denomina “Macrozona Sur”, en los cuales existan antecedentes de albergar a “grupos agitadores del orden público”, como por ejemplo el sector de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.
La presentación fue realizada por el diputado Republicano Juan Irarrázaval, quien -a nombre de sus pares firmantes del documento Chiara Barchiesi, Cristián Araya, Harry Jürgensen, José Carlos Meza, Agustín Romero, Stephan Schubert y Renzo Trisotti-, recordó que en la última Cuenta Pública presidencial, el Mandatario anunció la expropiación de los predios de la exColonia Dignidad, en la región del Maule, con el fin de convertirlo en “lugar de memoria”, ante las violaciones a los Derechos Humanos que habrían ocurrido allí.
En el documento se recordó que “el procedimiento expropiatorio en nuestra legislación se justifica por las siguientes causas: Utilidad pública, interés social e interés nacional”.
Asimismo, que hace más de dos años una parte importante de la Macrozona Sur está bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, dada la amenaza al orden y seguridad pública que un significativo número de organizaciones criminales representan, de las cuales cuatro fueron declaradas como “organizaciones terroristas” por la Cámara de Diputados, que son la “Coordinadora Arauco Malleco” (CAM), “Resistencia Mapuche Malleco”, “Resistencia Mapuche Lafkenche” y “Weichan Auka Mapu”, a la que también debe sumarse “Liberación Nacional Mapuche”.
En su proyecto de resolución, los diputados explicaron que en el caso de Temucuicui, este “se ha convertido en el mayor símbolo de la renuncia del Estado a ejercer su autoridad en el territorio de la República, permitiendo que se establezca una verdadera tierra de nadie (…)”.
“Los más perjudicados por esta situación irregular son los ciudadanos que viven en la denominada Temucuicui, quienes han visto su status jurídico reducido a meros siervos medievales, sin un Estado que cautele sus derechos fundamentales”, añadió el documento.
En ese sentido, en su alocución en el Congreso Nacional para defender el proyecto, el legislador por el Distrito 14, región Metropolitana, explicó que la idea del documento, es dar cuenta de que “hay otros lugares que también deberíamos hacer memoria”.
“Hablemos de memoria. Temucuicui, lugar donde se violan los Derechos Humanos de personas, trata de personas, narcotráfico, violencia, donde de hecho hay memoriales narcos, que supuestamente este gobierno busca destruir”, sostuvo.
Profundizando en la idea, Irarrázaval agregó que “lo que estamos proponiendo es que también se expropien los lugares donde este tipo de violaciones a los Derechos Humanos están ocurriendo, así como se propuso respecto de Colonia Dignidad”.
“Es necesario tomar medidas urgentes para hacer valer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, y eso incluye a Temucuicui, territorio en el que el Estado de Chile hoy día capituló, donde no entra, donde no hay gestión alguna, donde no hay servicios, si no solamente manda la voz del maleante de turno”, sentenció.
A 3 años de excepción militar quieren seguir perfeccionando su aparato represivo, de despojo y criminalización. Sin duda que esta jugada política busca poner en tensión la agenda represiva en un momento electoral donde la persecución -y ahora despojo- del pueblo mapuche, se vuelve un factor clave. No les basta con el extenso Estado de excepción. los presos políticos mapuche, el paquete represivo de leyes como la de Nain Retamal o la Ley Antitomas, ahora quieren avanzar ofensivamente en el despojo territorial, tal como lo hicieron en los primeros años de estado-nación. Querer expropiar al Pueblo Mapuche de sus territorios es una afrenta, una provocación y una política de genocidio que no podemos permitir.
FUENTE: La Izquierda Diario
